El asesinato salvaje de Úrsula Bahillo de 18 años, cometido en la localidad de Rojas, conmovió a todo el país, aunque lamentablemente no se trata de un hecho aislado. El sábado, la policía encontró el cuerpo de Ivana Módica, tras la confesión de su novio, que reconoció haberla matado. Todos los días se conocen nuevos casos de violencia de género, algunos de los cuales terminan en desenlaces fatales, tal como le sucedió a Úrsula e Ivana. De acuerdo con el registro del Observatorio Lucía Pérez, 54 mujeres fueron víctimas de femicidios en la Argentina en lo que va de 2021. El sistema judicial y de seguridad tal como está dispuesto no logra darles a las víctimas el resguardo necesario aun después de haber denunciado a quienes las hostigan.

Frente a esta preocupante ola de violencia de género que no para de crecer, el presidente Alberto Fernández anunció la semana pasada la creación del Consejo Federal para el abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfeminicidios, para atender especialmente estos casos. Antes, al asumir la gestión, había creado ya el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que conduce Elizabeth Gómez Alcorta, el cual no logró evitar que se produjese el actual estallido de la violencia y esta situación alarmante.

Es cierto que resulta utópico pretender que esta problemática puede encontrar una solución espontánea de la noche a la mañana. Incluso en sociedades más igualitarias que la nuestra y con mayor tradición de políticas de género ocurren hechos de violencia de esta índole que no logran evitarse. Sería ilusorio exigirle al Ministerio de la Mujer que en poco más de un año de gestión elimine por completo esta clase de casos. ¿Es esperable, entonces, que al menos en el mediano o largo plazo los nuevos organismos como el Consejo Federal y el Ministerio de la Mujer hagan una diferencia sustancial? No necesariamente, porque el hecho de tener instituciones específicas para cada problemática que se identifica no garantiza por sí solo un impacto positivo, y esto concierne no solo al caso particular de la violencia de genero sino también a cualquier otra esfera de la política pública. Confiar en entes burocráticos de esta naturaleza para coordinar una respuesta, al menos en la Argentina, no parece resultar funcional.

Los Consejos Federales

Para cada área de política pública hay uno: Salud, Educación, Trabajo; y en ninguna de estas dimensiones el país logra avances. Por el contrario, ha mostrado severos retrocesos en lo que hace a la creación de empleo de calidad, el acceso a la salud y el nivel educativo de los jóvenes. Incluso, existe un Consejo Federal de Inversiones, y la Argentina tuvo en 2020 una inversión exigua de menos del 10% del producto. En síntesis, tener un Consejo Federal no garantiza en absoluto una coordinación efectiva. ¿Por qué ahora, con el flamante Consejo Federal para el abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfeminicidios, los resultados serían distintos?

El mismo interrogante vale para el área de Seguridad. El viernes pasado, la ministra Sabina Frederic formalizó la Comisión de Articulación Federal para la Formación en Seguridad. ¿Mejorará realmente la formación de las fuerzas de seguridad a partir de ahora? A pesar de que no ha demostrado ser un método efectivo para abordar los problemas y generar un cambio real, sorprende la velocidad con la que en la administración pública se crean nuevos consejos, comisiones, mesas de trabajo, direcciones, etc. Estos no hacen más que conservar el status quo si en definitiva la política pública se despliega siguiendo los paradigmas habituales.

Tener un Consejo Federal no garantiza en absoluto una coordinación efectiva

Esta obsesión burocrática se manifiesta también en la creencia falaz de que, a mayor rango del organismo, mayor interés en determinada área y por lo tanto mejor abordaje. En 2018, surgió una fuerte controversia cuando Mauricio Macri decidió modificar el organigrama de su administración y muchos ministerios pasaron a tener el rango de secretaría. El actual gobierno (oposición por aquel entonces) sostiene que ese cambio puso de manifiesto el desinterés de la gestión de Cambiemos por la Salud Pública. El argumento es totalmente infundado y esta relación de causalidad no existe.

El mejor ejemplo histórico es lo que ocurre con Defensa. A pesar de los cambios de gestión, la Argentina mantiene ininterrumpidamente el Ministerio de Defensa, sin que ningún gobierno haya demostrado especial interés en el área, por el contrario, las Fuerzas Armadas han sido progresivamente debilitadas y desfinanciadas.

En el gobierno del Frente de Todos existe una vocación estatista ingenua, que supone que el mero hecho de aprobar determinada legislación, crear nuevas instituciones o elevar su rango implica una solución per se, cuando la experiencia de la Argentina demuestra que casi nunca es así, porque los problemas que padecemos se repiten y se agravan cada vez más.

Este estatismo ingenuo se resume en la frase del presidente luego de promulgar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, al sostener que se trataba del fin del patriarcado en la Argentina. La realidad es que el patriarcado no se elimina con toda sencillez a través de la sanción de una ley, se trata de una disposición cultural más compleja que se encuentra arraigada en la sociedad. Hay países que desde hace décadas tienen despenalizado el aborto y no por eso el patriarcado ha dejado de existir.

No hay dudas de que hace falta más y mejor política pública, pero ésta debe ser implementada de manera franca y bajo un control riguroso de los resultados cosechados. La hiperconfianza normativista nada aporta. Más allá de la acumulación de instituciones y legislación, lo que realmente brinda soluciones es una administración eficaz e inteligente del Estado, con un sistema de premios y castigos claro que identifique responsables concretos que deban rendir cuentas por sus errores u omisiones.

Fuente: TN