No puedo dejar pasar por alto las palabras del Presidente y de Cecilia Todesca respecto a la producción agraria.
¿Es hipocresía o necedad? Quizás sea ambas cosas. La realidad es que frente a un problema, cuya responsabilidad es propia, el gobierno busca una salida a través de un chivo expiatorio.
Si se trata de maquiavelismo, el productor es ideal para cargarlo de culpas.
Las declaraciones de Alberto Fernández sobre la posibilidad de aumentar las retenciones o implementar cupos para exportar tratan de ocultar una cruda realidad: la disminución del salario real que, al reducirse, revela un mayor peso del precio de los alimentos en la canasta de consumos de la gente, sobre todo de los más humildes.
El eslabón primario no es formador de precios.
Ya existe una serie de imposiciones por parte del Estado, como los derechos de exportación y la canalización del tipo de cambio por una vía especial, que establece un nivel de nuestra alicaída moneda muy por encima de lo que dice el mercado. Ella no determina visiblemente los precios de los alimentos. Pero, sí determina los ingresos fiscales. Cuantiosos, por cierto.
El eslabón agrícola tiene una incidencia muy reducida en el precio final de los alimentos. El peso de los bienes primarios -como el maíz y el trigo- es sumamente limitado en el precio de la carne, el pan, la leche o los huevos. Está demostrado que la participación de los granos en los bienes de consumo básicos no llega al 11%. Y el caso de la soja, es prácticamente nulo.
Y sus costos dependen del tipo de cambio. A vuelo de pájaro, la agricultura extensiva tiene una estructura de costos de producción establecida en más de un 50% por el tipo de cambio.
El Registro Único de la Cadena Agroindustrial (RUCA) permite a las empresas anotadas operar, tanto en el mercado local como en el externo. Y esta suerte de cepo comercial establece obligaciones como, por ejemplo, el requisito para el RUCA de cumplir con la liquidación de divisas.
Ahora, se establece la obligación para la inscripción y el mantenimiento de la matrícula en el RUCA el cumplimiento, por parte de los operadores, de las normas, de las sentencias o de los laudos arbitrales en materia de consumo o abastecimiento interno. Es decir que este mecanismo también pasa a regir para e abastecimiento local.
Acá entra en el juego, el recientemente creado fideicomiso con los exportadores para el abastecimiento del aceite a precios “accesibles”.
Ya figura en el Boletín Oficial la instrumentación de este mecanismo de financiamiento para garantizar precios “accesibles” del aceite para el mercado interno.
Los distintos actores de la cadena de comercio de la industria aceitera crearán un fideicomiso con el fin de mantener un precio “accesible” de los aceites envasados para los consumidores, así como su abastecimiento.
El fideicomiso conformado con las personas (humanas y físicas) que operen en el mercado de la soja y el girasol, deberán estar inscriptos en el RUCA.
Resulta paradójico que en una economía de mercado, como parecería ser la nuestra, se determine discrecionalmente el precio accesible. ¿Por qué no se llaman a las cosas por su nombre?
¿Estamos en efectivamente en una economía de mercado o en una economía centralmente dirigida?
Es obvio que, de acá saldrá, perdiendo el eslabón primario. Más claramente: los productores y sus distintas ramificaciones.
Ello, a la larga, definitivamente implica una menor producción. En consecuencia, una menor oferta. Por lo tanto, un aumento de precios y/o una baja en la entrada de divisas.