Las autoridades de la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales fueron recibidas hoy en el Ministerio de Agricultura por su titular, Luis Basterra, y el secretario de Agricultura, Julián Echezarreta. El objetivo: analizar la gravedad institucional y económica de las acciones ilegales adoptadas por un grupo de empresarios transportistas que impiden el ejercicio del derecho constitucional de transitar libremente por las rutas del país. Por la Federación, estuvieron presentes su presidente, Fernando Rivara, junto a los asesores Alejandro Carelli y Daniel Asseff.

Durante la reunión, Rivara manifestó su "profundo malestar por la extensión de los delitos y la pasividad de las fuerzas de seguridad, en especial de la policía de la provincia de Buenos Aires, ante hechos como la privación de la libertad a personas, la interrupción del abastecimiento a fábricas y puertos, y la imposibilidad de cumplir contratos, con la consecuente interrupción de los flujos financieros".

Entre las conclusiones del encuentro realizado en Agricultura, los funcionarios anunciaron que el próximo 4 de febrero se realizará una reunión en el ministerio de Transporte de la Nación donde se analizarán los cuadros tarifarios y los temas que hacen a la agenda del sector. De ésta participarán los representantes de los dadores de carga (Acopiadores y Mesa de Enlace) y de los transportistas. En este punto, aclararon que el gobierno nacional solo recibirá a las entidades y cámaras legalmente constituidas (CATAC, FADEAC Y FETRA) y no al grupo de transportistas autoconvocados.

El presidente de Acopiadores manifestó que "es criminal que en un país tan necesitado de trabajo y generación de riqueza se atente contra la producción". Hasta la fecha, la medida implementada por los transportistas independientes desde el 16 de enero suma un costo que supera los 100 millones de dólares. Las terminales portuarias se han quedado sin cereales, hay industrias que ya sufren desabastecimiento, como plantas avícolas, tambos y molinos. En este momento, el conflicto se centra especialmente en la mitad sur de la provincia de Buenos Aires y sobre todo en los puertos de Bahía Blanca y Quequén, por lo que los dadores de carga reclaman la intervención de las autoridades y fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires que hasta el momento se han mostrado inactivas.

Desde el Ministerio de Agricultura nacional destacaron la necesidad de formular las correspondientes denuncias judiciales a aquellos transportistas que por estos días infligen las leyes y protagonizan hechos de violencia.

La reunión entre los funcionarios de Agricultura y los representantes de los Acopiadores duró dos horas y permitió ahondar en detalles sobre la agenda del sector, marcando la voluntad de continuar trabajando en conjunto en la resolución de los problemas que afecten el normal funcionamiento del comercio de granos.