El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, eligió para estar al frente de la Secretaría del Tesoro a Janet Yellen, de 74 años de edad y la primera mujer que ocuparía ese cargo. El propio Biden cumplió 78 años el 20 de noviembre y su antecesor y actual presidente, Donald Trump, tiene 74.

Trump manejó además hasta su asunción, a los 68 años, un emporio valuado en US$ 3.700 millones y que abarca desde las torres de lujo hasta el negocio de carnes; pero incluye una increíble variedad de productos.

Casi no haría falta recordar aquí al papado, sucesivamente en cabeza de obispos que rondan esas edades y que, además de sus prácticas diarias de culto y oración personal, conducen a 1.300 millones de católicos en el mundo y atienden las cuestiones atinentes al Estado Vaticano y sus finanzas, que no representan precisamente problemas simples.

A menos que se suponga que la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, la presidencia del primer país del mundo o la conducción de la Iglesia Católica demandan menos exigencia, concentración e inteligencia que una posición en una empresa privada, resulta difícil comprender por qué nos damos el lujo de descartar para el trabajo, normalmente sin el menor análisis, a una franja importantísima de la sociedad, tanto en número como en experiencia.

El tiempo de vida es objeto de una de las pocas discriminaciones aún toleradas en occidente, tanto en el comienzo de la existencia, con la promoción del aborto, como en… ¿su última etapa? ¿Quién sabe cuál es la última etapa de la vida?

La medicina está prolongando la vida lúcida bastante más allá de lo que pueden tolerar los actuales sistemas de seguridad social en el mundo.

En la Argentina, donde la mitad del presupuesto se destina a la cuenta de seguridad social, la situación es particularmente grave.

El gasto público impacta directamente en la carga tributaria y en la emisión de moneda y se proyecta así hacia la falta de inversiones y el desempleo.

Hasta el momento, todos los intentos de solución se enfocaron sobre la fórmula de actualización de las remuneraciones jubilatorias; pero nunca se encararon seriamente proyectos destinados a modificar la relación entre aportantes y beneficiarios, para lo cual haría falta una ley sobre la que no deberían existir disensos.

Si esa norma estableciera que las personas que se jubilaren a partir de su vigencia pudieran ser contratadas en el sector privado sin el pago de aportes jubilatorios y sin derecho a la indenización por despido, se estaría generando un doble beneficio. Por un lado, la flexibilización laboral que tantas veces se reclama y a la que los gremios se oponen; pero en este caso no se estaría afectando a la masa de trabajadores, sino que, por el contrario, aumentaría su volumen. Por otra parte, los jubilados que fueran reincorporados en el mercado laboral dejarían de representar una carga para ANSES.

Esos jubilados que regresan al trabajo no harían aportes, porque ya los han desembolsado a lo largo de su vida, pero tampoco consumirían los recursos destinados a previsión social.

La medida podría estar acompañada por la disolución de PAMI, una obra social deficitaria por su propia naturaleza, y la remisión de cada jubilado a las obras sociales de sus respectivos sindicatos, a las que habría que reforzar con un aporte estatal procedente de los mismos fondos de la entidad disuelta e invertidos, por ejemplo, en un fideicomiso. Todo bajo estricto control de auditorías cruzadas, por supuesto.

Quedaría por solucionar el problema de los jubilados independientes, pero puede haber múltiples vías para encarar esa cuestión, como la adhesión a alguna de las organizaciones de salud gremial o el propio mejoramiento del sistema de salud pública, para lo cual resulta imprescindible terminar de una vez por todas con la prodigalidad en materia de migraciones.

La revalorización del trabajo de los mayores daría comienzo, entonces, a un círculo virtuoso: disminución del gasto público y consecuente reducción de la carga tributaria. Como al mismo tiempo esa revalorización llevaría implícita una flexibilización laboral, se generarían dos de las tres condiciones necesarias para la llegada de nuevas inversiones y creación de empleo. La tercera condición es la seguridad jurídica, algo que demanda mucho más espacio, tiempo y voluntad que todo esto.

Por de pronto, no habría que dejar de hacer aquello que previsiblemente no provocaría resistencias; pero es necesario un compromiso previo del mundo empresario para que los engranajes políticos comiencen a moverse.

Por Carlos Manfroni
Fuente: Empresa.org.ar