La actual normativa establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales en el ámbito del territorio nacional y se aplica a las acciones y operaciones de prevención, presupresión y combate de incendios forestales y rurales.

Por su parte, los artículos 22 y 22 bis establecen que el responsable del daño ambiental que produzca un incendio tendrá la obligación de recomponer y adoptar las medidas de reparación que, en cada caso, resulten necesarias para la recuperación de las áreas incendiadas vedando las modificaciones en el uso y destino que dichas superficies.

El actual proyecto de reforma girado en revisión a la Cámara alta, asume la ineficacia de la justicia para encontrar a los responsables de los incendios provocados y la incapacidad del Estado de tener un plan y equipamiento eficiente de prevención, manejo y control del fuego.

Otro punto alarmante es que los diputados no han distinguido entre incendios naturales, accidentales o provocados.

Es llamativo que los autores del proyecto en lugar de hacer cargo al Estado de sus responsabilidades en esta cuestión, trasladen una especie de castigo a quien ya ha sufrido una tragedia como lo es un incendio involuntario en su propiedad, incluso llevando la sanción al nivel de restringir el dominio por el termino de 30 a 60 años.

Esta inconsistencia pone en evidencia que la iniciativa en trámite denota un nuevo intento de avance sobre la propiedad privada, esta vez, bajo la cobertura de una supuesta protección ambiental.

Vedar la disposición del uso del suelo en terrenos quemados -mismo siendo de forma accidental- constituye unaverdadera confiscación estatal sin precedentes. Nuestro país no necesita más inseguridad jurídica que sólo sirve para espantar la inversión productiva.

Es evidente que quien comete o promueve un delito contra el medio ambiente debe recibir su castigo a través de la justicia, y ese debe ser el camino de auténtica protección social, tanto del medio ambiente como de la producción agroalimentaria.

En momentos en que nuestro país brinda todas las posibilidades para retomar un crecimiento estable, duradero y sostenible a largo plazo desde la producción de alimentos, los legisladores continúan errando el camino y castigando a los verdaderos promotores del empleo y el desarrollo.

Desde CAIR, solicitamos con urgencia que las autoridades y los senadores retomen la senda de la racionalidad y sensatez, elaborando políticas superadoras y positivas, en aras de la recuperación, que traigan paz y prosperidad de todos los argentinos.

En tal sentido, proponemos la conformación de una mesa multisectorial integrada por expertos a los fines de readecuar el proyecto legislativo inicial que ha pasado a manos de los senadores.