Un par de meses atrás parecía que todo el éxito de la política económica dependía del acuerdo que el ministro Guzmán lograra con los bonistas. Cuando Blakrock y 13 grandes fondos aceptaron la oferta de Argentina por el canje de los bonos, el riesgo país comenzó a bajar hasta tocar un piso de 1101 punto el 10 de septiembre. El entusiasmo duró poco y enseguida comenzó a subir hasta llegar los 1321 puntos del lunes.

Aun habiendo arreglado con los acreedores, no solo subió el riesgo país sino que el dólar blue se volvió incontrolable para el gobierno y, además, tuvo que establecer un cepo más estricto. Amén que la inflación viene con tendencia ascendente desde hace un par de meses a pesar del congelamiento de las tarifas de los servicios públicos.

Ahora todos están pendientes del acuerdo con el FMI, como si dicho acuerdo fuera a ser la puerta de salida a los graves problemas económicos que tiene Argentina y que arrastra desde hace décadas. Existe una tendencia a idealizar los arreglos financieros como si estos fueran sustitutos de solucionar los problemas estructurales.

Vale la pena recordar que a fines de 2000 Argentina recibía un importante apoyo internacional como fue el blindaje. Ese fue un aporte del FMI, España, el BID y el Banco Mundial por un montón de US$ 40.000 millones de ese año. Ajustado a valores actuales no difiere del monto que acordó Macri con el FMI. En ese momento era para enfrentar los vencimientos de deuda y capital que habían heredado del peronismo. A pesar de ese gigantesco apoyo financiero, Argentina no logró sobrellevar la crisis y todo terminó en una gran crisis económica e institucional.

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Desde que Argentina ingresó al FMI en 1956, firmó 27 acuerdos con el FMI, la mayoría de ellos créditos stand-by y de facilidades extendidas. La mayoría de ellos no lograron cumplirse y fueron firmados durante gobiernos peronistas. Nada hace pensar que, un nuevo acuerdo con el FMI pueda ser cumplido, salvo que el gobierno actual logre patear los vencimientos para dentro de 4 o 5 años y luego se verá.

Como de costumbre, el relato anti FMI, institución que, por cierto, fue idea de John Maynard Keynes entre otros funcionarios americanos antes de la finalización de la Segunda Guerra Mundial con el tratado de Bretton Woods, es que siempre somete a un feroz ajuste a los países que toman sus créditos.

En rigor el FMI suele pedir poner orden en las cuentas públicas. En otras palabras, reducir el déficit fiscal y poco le interesa si esa reducción del déficit se hace bajando el gasto público o bien subiendo la presión tributaria.

Si bien es función del Congreso atender los arreglos de la deuda pública, lo cierto es que suena extraña la carta de los senadores oficialistas porque todavía no hay ningún borrador de carta de intención que hayan redactado Argentina y el FMI. Es decir, están opinando sobre lo que todavía no saben.

¿Qué es ajuste para la dirigencia política? Bajar los gastos del negocio de la política. En otras palabras, con la plata de ellos nadie se puede meter porque eso es un ajuste salvaje. En cambio, ajustar al sector privado no es ajuste para la mayoría de la dirigencia política.

Pero olvidemos un momento al FMI y supongamos que el FMI le dice a Argentina que puede seguir así, sin pagarle nada hasta el 2050, ¿significa eso que se solucionan los problemas económicos argentinos?

Lo que acá no se entiende es que la deuda pública nace para financiar los desequilibrios del déficit fiscal. Por lo tanto, si se dejara de pagar el principal y los intereses de la deuda pública, igual habría que pensar en cómo resolver el problema del déficit.

De hecho el gobierno está pensando en algún tipo de ajuste sobre el sector privado ajustando las jubilaciones por debajo de la tasa de inflación, subiendo las tarifas de los servicios públicos y frenando parte de los subsidios que otorgó durante la eterna cuarentena. Pero el problema fiscal viene de antes de la cuarentena.

De todas maneras, si se comparan los primeros 9 meses de este año con igual período de 2019, el déficit primario, sin incluir los intereses de la deuda pública y restando rentas de la propiedad, el déficit fiscal aumentó el 942%. Pasó de un déficit fiscal primario sin rentas de la propiedad de $ 136.168 millones en los primeros 9 meses de 2019 a $ 1.418.722 millones en los primeros 9 meses de este año. El gasto primario aumentó casi el 70% interanual y los ingresos totales el 25% en el año. Semejante desbalance va a necesitar una gran corrección aunque el FMI mire para el costado con las exigencias. En otras palabras, pareciera ser que los senadores kirchneristas se lanzaron a opinar sin tener noción del fenomenal problema económico que tiene la Argentina y que va a tener que resolverlo con FMI o sin FMI.

De los $ 4.751.301 millones que acumula el gasto primario en los primeros 9 meses, el monto de mayor aumento está en Otros Programas Sociales $ 589.859 millones, en segundo lugar Jubilaciones y Pensiones cuyo gasto aumentó en $ 512.987 millones y en tercer lugar los subsidios económicos para mantener artificialmente bajas las tarifas de los servicios públicos, con una suba de $ 252.894 millones. Así, estos 3 rubros representan el 70% de aumento del gasto público en los primeros 9 meses que fue de $ 1,95 billones de aumento del gasto primario.

Considerando que ya no queda mucho margen para aumentar la carga tributaria, ni emitir más moneda y el mercado de crédito interno y externo no le prestan tanto a Argentina, el ajuste que van a tener que hacer por el lado de las jubilaciones, las tarifas de los servicios públicos y los planes sociales será monumental para llevar el déficit a niveles que no generen un descontrol absoluto de la economía. Y todo eso va a tener que hacerlo en las puertas de un año electoral. Con FMI o sin FMI. No quisiera estar en el sillón del ministro Guzmán.

Fuente: Economía para Todos