Creemos oportuno que nuestro gobierno plantee durante las negociaciones con el FMI una discusión de fondo que le permita implementar políticas necesarias para recuperar un modelo de crecimiento inclusivo basado en mayor producción, exportaciones crecientes con más valor agregado e inversión privada sostenible en el tiempo. El país enfrenta complejas dificultades económicas y sociales, en el contexto de una crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19. La profunda recesión ha provocado un aumento de los ya elevados niveles de desempleo y pobreza, cuyos efectos se ven agravados por las importantes presiones en el mercado cambiario. Estos son desafíos excepcionalmente complejos, sin soluciones fáciles. Creemos que una política de estabilidad macroeconómica debe estar acompañada de un programa de desarrollo económico a través de estímulos e incentivos que promuevan la inversión productiva.
Desde la Bolsa de Cereales reforzamos nuestra disposición al diálogo y nuestro espíritu de colaboración para el desarrollo de la nueva agenda. Los acuerdos con el FMI deben tener como condición alcanzar el diseño de un programa de estabilización macroeconómica que promueva el ordenamiento de las cuentas públicas, así como el crecimiento económico, la reducción de la inflación y el impulso del empleo, la inversión y las exportaciones. Por ello consideramos que el acuerdo con el FMI debe estar validado por todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Nación para lograr sostenibilidad económica y fiscal de largo plazo.
En este sentido, manifestamos nuestra preocupación ante el proyecto de ley “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, conocido como “impuesto a la riqueza”.
En el marco de una economía que posee una alta presión impositiva, no hay espacio en Argentina para incrementar impuestos. De aprobarse este nuevo impuesto impactará sobre las empresas agropecuarias, gravando sus activos, incluso aquellos destinados a la producción. Empresas que además deben soportar la carga de altos derechos de exportación, cuyas alícuotas aumentaron en el inicio de la campaña 2019/20, afectando negativamente las decisiones de siembra e inversión en tecnología. Como consecuencia, el sector se enfrenta ya a dos campañas consecutivas de caída en sus principales indicadores. Debe agregarse que, debido a la sequía que estamos enfrentando, la coyuntura se presenta desfavorable para la mayor parte de las empresas agropecuarias.
Estamos convencidos de que el sector agroindustrial puede constituirse en pilar de la recuperación de la economía argentina y del tránsito hacia una sociedad más sostenible, equitativa y federal. El camino no es el que propone este proyecto de ley. Debemos construir un marco que propicie la producción, el consumo y las exportaciones, con reglas de juego claras y previsibles, una macroeconomía estable, una vuelta a los mercados internacionales, y una estructura impositiva que promueva la inversión y las exportaciones. Las decisiones de política tributaria que se tomen en este momento pueden condicionar el enorme potencial que tiene el agro en la Argentina. Busquemos otros caminos en base al diálogo y las propuestas.
