Rescatamos la necesidad de actuar solidariamente en el marco de la pandemia, pero destacamos y remarcamos la perjuiciosa aplicación de esta ley para los productores agropecuarios, que podrán ser patrimonialmente relevantes pero cuya actividad productiva tiene bajo flujo de fondos lo cual obliga a liquidar activos para afrontar dicho impuesto/aporte, impidiendo encarar los procesos de reinversión tan necesarios dada la realidad económica de nuestro país.
Este nuevo impuesto, llamado aporte solidario, toma en consideración los activos, aun cuando los mismos tengan pasivos. (El ejemplo más claro es el de muchos contratistas rurales con cosechadoras que aún no han terminado de pagar, y de la cual son dueños de un porcentaje, imputandose para el impuesto/aporte el total del valor del bien).
Además NO existe un mínimo no imponible sino un mínimo no gravado, lo cual provoca que la persona que supere con sus activos en $1 los $200 millones pagará sobre el total y no sobre el excedente a ese monto.
Y en este sentido , este impuesto/aporte no mantiene las prerrogativas que alcanza la ley del impuesto a los bienes personales (en su artículo 21 inciso f, en donde quedan exceptuados los bienes e inmuebles utilizados en la producción agropecuaria), la cual claramente diferencia sobre bienes de carácter suntuario o financieros, de bienes de carácter productivo como son las parcelas rurales.
Es contradictoria la permanente expresión de que el país saldría de la actual coyuntura con mayor producción ,trabajo e inversión, como expresan ministros, secretarios, legisladores y hasta el mismo presidente de nuestro país , cuando al mismo tiempo se propone aplicar un nuevo impuesto que terminara afectando la inversión,el empleo y la producción.
¿Que esta pasando, nos estamos autosaboteando?
¿Los legisladores no entienden, no cumplen, o sera que muchos dicen lo que realmente no piensan?
