Dicho accionar o la presencia de funcionarios públicos de manera presencial o
virtual entre los usurpadores, en las prolongadas tomas del Sur, las del
Conurbano bonaerense, en la de un socio nuestro en la provincia de Entre Ríos y,
lamentablemente, en otros tantos rincones de la Patria, como en Jujuy, o en
Junín y Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, pueden ser interpretadas
como un aval del Estado a una metodología ilegal.
Preservar el contrato y la paz social es sostenible únicamente mediante el
respeto y el acatamiento irrestricto a la Constitución Nacional y a las leyes.
Las usurpaciones como modus operandi se están extendiendo ante la pasividad de
los poderes de la República, que están descuidando su función principal que es
ordenar. Esto puede traer consecuencias imprevisibles para todos los ciudadanos
de la Nación, especialmente si ese rol es asumido por referentes sociales que no
han sido elegidos por el pueblo.
Los argentinos deseamos preservar el pacto social; vivir bajo un Estado que
asegure sus derechos y garantías, su seguridad física y la de sus familias, el
valor de su trabajo y su moneda, sus propiedades, sus ahorros, su salud y, sobre
todo, la paz social.
El respeto a los derechos individuales es un logro sagrado de innumerables generaciones de argentinos. Es imperativo sostener su vigencia y su integridad en todos y cada uno de los rincones de la Patria.
