Independientemente de las cuestiones o implicancias particulares de cada caso, lo que se advierte en general es una peligrosa tendencia hacia la violación del derecho de propiedad consagrado en la Constitución Nacional, sin que exista una actitud rápida y eficaz del Estado en auxilio de los afectados.
En ese sentido, rechazamos y repudiamos cualquier intento usurpatorio, sin importar la dimensión de los inmuebles ni de quienes sean los damnificados, ya que en todos los casos despojar por efecto de la violencia los bienes a sus propietarios presupone un delito tipificado en nuestro Código Penal.
La propiedad privada merece ser respetada y honrada desde todos los ámbitos de la sociedad, máxime desde el Estado; pero justamente allí no advertimos en estos tiempos un discurso contundente y tranquilizador en la búsqueda de condenar y evitar que ese flagelo, azuzado con intereses de desintegración social por parte de sectores inescrupulosos, sea detenido.
Desde FARER exigimos que desde los diferentes estamentos del Estado se tomen todas las medidas que resulten necesarias a los efectos de defender la propiedad privada y el estado de derecho, garantizar la seguridad de los ciudadanos y marcar un camino claro e indubitable hacia el fortalecimiento de la paz social.
