En ese marco, el bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara Baja bonaerense presentó un proyecto para generar un escenario normativo que de impulso, facilite y cree herramientas crediticias además de un paquete de estímulos tributarios a la producción.

La iniciativa, cuyo autor es el legislador del PRO Juan Carrara y tomará estado parlamentario en la próxima sesión ordinaria, lleva la firma del titular del bloque de Juntos por el Cambio, Maxi Abad; su vicepresidente, Alex Campbell y la referente de la CC ARI, Maricel Etchecoin.

Por ahora no hay certezas sobre a qué comisiones será girado el proyecto aunque todo hace pensar que transitará por la Comisión de Producción, a cargo de la diputada PRO, Carolina Barros Schelotto y la de Industria, presidida por César Valicenti, de La Cámpora.

La Legislatura bonaerense ha retomado el ritmo de trabajo habitual luego de la parálisis inicial de la pandemia, y en Diputados, JxC no tiene mayoría y necesitará alcanzar acuerdos con el oficialismo para avanzar en el proyecto. En tanto en Senado, la oposición cuenta con los votos suficientes.

“La idea es tener una mirada global y a largo plazo”, detalló Carrara en diálogo con El Economista quien explicó que la iniciativa busca ser el inicio de un debate y no se cierra a modificaciones.

El proyecto busca complementarse en el corto plazo con la Emergencia pyme, la cual fue declarada en la Legislatura bonaerense semanas atrás. Al mismo tiempo, ya cuenta con media sanción de la Cámara Alta bonaerense el proyecto de “Mapa Pyme”, que pretende establecer un cuadro de situación de las pequeñas y medianas empresas permanentemente actualizado.

Según las estimaciones, las pymes en la provincia de Buenos Aires generan cerca de 1.300.000 puestos de trabajo, representan el 95% del aparato industrial bonaerense y el 70% de los empleos, aunque esa realidad podría modificarse en la salida de la pandemia, cuyos alcances en materia productiva todavía se desconocen.

Carrara, quien mantuvo una serie de reuniones con empresarios, explicó que la iniciativa se centra en dos aspectos fundamentales: por un lado el impositivo y por otro, dotar al sector de facilidades para el apalancamiento crediticio.

En la redacción del proyecto se contempla la creación de una “Cuenta Unica Tributaria”, que pretende que el contribuyente con saldo favorable en determinados impuestos (muchas empresas lo tienen en Ingresos Brutos) puedan utilizarlo en la cancelación de otros impuestos (siempre dentro de ARBA), como el inmobiliario, el automotor, o sellos.

Además, establece que aquella empresa que acceda a un crédito para inversión, obtenga el congelamiento de la alícuota de Ingresos Brutos, como una manera de trazarle un horizonte de previsibilidad en materia de erogaciones impositivas.

También, contempla la posibilidad de que algunas empresas puedan cancelar de manera trimestral los impuestos, dado que muchas de ellas a cobran a plazo.

En términos crediticios, se pretende crear un fondo de $3.000 millones destinados específicamente a financiar al universo pyme, además de otorgarle un incremento de $1.000 millones a FOGABA, para que las empresas puedan contar con avales a la hora del apalancamiento.

Fuente: El Economista