La solución estructural consiste en el fortalecimiento genuino del federalismo mediante una mayor correspondencia fiscal por la devolución de potestades tributarias a las provincias.

De lo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aporta respecto a la producción del total del país, recibe sólo 31% de la Coparticipación. El 69% restante se transfiere a otras provincias. Con la decisión del Presidente de la Nación bajará aproximadamente 9 puntos porcentuales que se transferirán a la Provincia de Buenos Aires. De esta forma, CABA transfiere a otras provincias alrededor del 78%.

NUESTRA PROPUESTA CONSISTE EN:

Transferir a los gobiernos provinciales la recaudación de los impuestos generados en su territorio comprendiendo los siguientes: Ganancias de personas físicas, Combustibles, Bienes Personales, Internos.

Reemplazar el impuesto provincial a los Ingresos Brutos por otro a las Ventas Finales y calibrar la alícuota de éste con la del IVA (nacional) para lograr un resultado de distribución primaria entre la Nación y el conjunto de Provincias que no altere y que empalme con la que resulta del régimen de Coparticipación vigente.

Suprimir así la coparticipación vertical entre Nación y provincias.

Compatibilizar el resultado luego de la reforma, con la distribución secundaria establecida en el régimen actualmente vigente, mediante un Fondo de redistribución horizontal entre provincias, con porcentajes compensatorios que luego se mantendrán inalterados en el tiempo. Este Fondo se alimentará con el impuesto a la Transferencia de Combustibles. Esto hará posible la aceptación de la reforma ya que ninguna provincia ganará ni perderá en el empalme con el cambio.

Al quedar inamovibles esos porcentajes, cualquier aumento de gasto de una provincia, por sobre su recaudación, le exigirá colocar impuestos provinciales adicionales. De esa forma: a) se alinearán los incentivos para que los gobiernos provinciales gasten menos y más eficientemente; b) Los ingresos tributarios de cada provincia serían previsibles; c) El Gobierno Nacional no podría ejecutar actos abusivos como reducir el porcentaje de distribución secundaria de una gobernación políticamente adversa (hoy la CABA).

Fuente: Libertad y Progreso