Esta medida impide el tránsito de productores, contratistas rurales, transportistas y profesionales vinculados a la producción agropecuaria, así como también el de todas aquellas personas que necesitan moverse entre ambas provincias.
Expresamos nuestro apoyo y solidaridad para con los trabajadores de la producción de alimentos afectados por las medidas impuestas, dado a que muchos de los mismos mantienen su trabajo en la provincia de San Luis y su domicilio en la provincia de Córdoba. Por eso instamos al gobernador de la provincia de San Luis, Dr. Alberto Rodriguez Saá, a que se abra al diálogo para consensuar el ingreso ordenado, responsable y mediante protocolos que cuiden la salud de nuestros hermanos puntanos y de nuestras familias, pero permitan el normal desenvolvimiento de nuestra actividad, declarada esencial desde un primer momento a través del decreto presidencial N° 260 del 12 de marzo.
Los gobiernos provinciales no pueden establecer normas o reglas que contradigan el espíritu de una norma nacional y mucho menos el de nuestra Carta Magna, la Constitución Nacional, cercenando los derechos a la libre circulación, la libertad a trabajar, entre otras, ni tampoco se pueden instaurar aduanas internas. Le pedimos al gobierno puntano que no avance arbitrariamente sobre aspectos sobre los que no tiene facultades. Del mismo modo, le pedimos al gobierno Nacional que colabore y arbitre los medios para garantizar el cumplimiento de las normas y que todos los argentinos podamos ejercer nuestros derechos.
Confiamos y respaldamos la instancia de dialogo abierta por la conducción de la entidad con las autoridades nacionales como la forma propicia para lograr acordar los protocolos antes mencionados que puedan dar respuesta y tranquilidad a los sectores involucrados, a sus familias y a la sociedad en su conjunto permitiendo establecer reglas que nos ayuden a transitar esta nueva normalidad de la mejor manera posible y evitando una escalada de conflictividad.
