Sin embargo, , señala Víctor Beker, director del CENE, “éste es un derecho ya consagrado en la ley 27.078 del 2014, cuyo Título IV contempla el Servicio Universal. Allí se establece que ‘el Estado nacional garantiza el Servicio Universal, entendido como el conjunto de Servicios de TIC que deben prestarse a todos los usuarios, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y a precios justos y razonables, con independencia de su localización geográfica’”.

“Para su aseguramiento existe el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, creado en 1990, que se integra con el aporte del 1% de los ingresos totales de los licenciatarios. El ENACOM es el organismo encargado de administrar dicho Fondo, cuyo reglamento acaba de ser actualizado el 24 de junio de 2020”, continúa.

“Llama la atención que, apenas dos meses después de dictada dicha norma, se argumente la necesidad de una nueva disposición legal. Llama más la atención que, en la parte dispositiva de la norma, no se mencione en absoluto el Servicio Universal, que implica la extensión de la red a zonas alejadas, una tarifa social accesible para sectores de menores recursos y su aseguramiento a personas con capacidades diferentes. Dado que ello implica brindar servicios no rentables, el Fondo Fiduciario es el encargado de compensar a las prestadoras”, añade el economista.

“Pero la norma no trata estas cuestiones: regula las tarifas para todos los segmentos de la población sin excepción. Más aún, las congela hasta el 31 de diciembre tanto para los habitantes de barrios populares como para los de barrios cerrados y grandes empresas. Es también llamativo que ni siquiera los productos de primera necesidad incluidos en la canasta de Precios Cuidados estén congelados hasta fin de año”, observa.

“La normativa también está lejos de resolver el problema de la falta de conectividad de 6.000 alumnos de la ciudad de Buenos Aires, un tema a atender en el marco de lo dispuesto sobre Servicio Universal, aplicando los recursos previstos en el Fondo Fiduciario”, opina Beker.

“Congelar tarifas en el marco de una inflación anual que supera el 40% puede llevar a una baja en la calidad de las prestaciones, como ocurrió con la electricidad. Los cortes en el suministro fueron la contracara de tal política tarifaria. Congelar tarifas sería eventualmente viable si, al mismo tiempo, se congelaran los precios de los insumos que utilizan las prestatarias del servicio. Pero ello no aparece previsto en el DNU”, indica.

“Se trata de uno de los sectores más dinámicos de la economía contemporánea y clave para la modernización y el desarrollo del país. Durante la pandemia, los servicios digitales experimentaron un enorme salto hacia adelante en todo el mundo, incluso en la Argentina. ¿Se pondrá en riesgo la llave maestra del progreso en el siglo XXI? Cuando la revolución digital lo está cambiando todo, tanto el orden económico como el empresarial, social y educativo, no seguir el ritmo de los cambios es un riesgo que puede acarrear graves consecuencias. Amazon, Facebook, Airbnb, Netflix y Uber ni siquiera existían a principios de este siglo. En la era digital, los tiempos se acortan cada vez más. En la autopista de la información, las cosas no se arreglan con alambre”, reflexiona el director del CENE.

“El deterioro en la infraestructura de las telecomunicaciones sólo serviría para alentar la emigración de los prestadores de servicios digitales hacia otros países. Se sumarían así a las empresas de aviación, proveedoras de autopartes y otras que ya anunciaron su éxodo. Sería otro rubro en el que se terminaría importando lo que hoy se exporta, y nos condenaría a ser uno de los países más atrasados de América latina”, concluye.