Cuando uno mira la composición del gasto público tomando los datos del gasto ejecutado hasta el 7 de agosto pasado, se puede ver claramente que lo que se llama gasto social representa el 67,5% del gasto total, lo más alejado de un estado liberal y lo más cercano a un estado “progre”. En segundo lugar por importancia del gasto, está lo que se llama servicios económicos, recursos que básicamente están destinados a tener tarifas de los servicios públicos artificialmente baratas, y en tercer lugar aparecen los intereses de la deuda pública. Más allá que no es bueno que el estado tome deuda para financiar su gasto, lo cierto es que Argentina no está colpsada por el pago de los intereses de la deuda, sino por el populismo que domina la economía argentina que lleva a destruir la calidad institucional y condenarla al fracaso si no se cambia el rumbo de décadas de decadencia.

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Dentro del rubro servicios sociales, el grueso son las jubilaciones y pensiones, donde la mayoría de los 7 millones de jubilados cobran la mínima, el gasto en salud no se refleja en el estado de los hospitales o lo que gana un médico estatal, la educación muestra los peores resultados y la promoción y asistencia social se ha transformado en un gran clientelismo político.

La gran mayoría de los argentinos creyeron que los políticos tenían el monopolio de la solidaridad y que, con ellos cuidando a la población, todos tendrían una jubilación digna, salud, educación para sus hijos, etc. Los políticos, con su infinita bondad iban a brindarle a la población la mejor condición de vida jamás vista.

Este perverso sistema del estado presente, por el cual pretenden vender que los políticos tienen el monopolio de la solidaridad, ha transformado al estado en algo inmanejable que, por doble vía, se destruyeron las instituciones básicas del país, entendiendo por instituciones básicas las reglas, normas, leyes, códigos, costumbres que regulan las relaciones en entre las personas y las personas con el estado.

Por un lado, Argentina dejó la cultura del trabajo y creó la cultura de la dádiva, dando lugar al clientelismo políticos por el cual los que reciben las dádivas de los políticos se acostumbraron a vivir del trabajo ajeno. Empleo público y planes sociales de todo tipo suman millones de votos cautivos destruyendo el concepto de república.

Por ejemplo, al mes de mayo pasado, había 5,8 millones de empleados privados en blanco en relación de dependencia y 3,2 millones de empleados estatales, es decir, los empleados públicos solos (nacionales, provinciales y municipales), representaban el 55% de los empleados privados.

La primera ruptura institucional viene por el lado del gasto. Gente que se acostumbra y se considera con derecho a ser mantenida por otros. Los políticos “solidarios” le vendieron a la gente el argumento de que ellos tienen derecho a vivir del fruto del trabajo ajeno. A que unos son pobres porque otros son ricos, por lo tanto hay que aplicar un impuesto a las grandes fortunas. Perseguir al que progresa porque invierte, trabaja y se esfuerza. Esta escalada de clientelismo político, sustentada en el resentimiento social, llevó el gasto público a niveles del 47% del PBI.

Todo ese aumento del gasto público condujo a buscar la forma de financiarlo. Y aquí se produce el segundo destrozo institucional. El estado avanzando sobre los derechos individuales para apropiarse del trabajo ajeno y repartirlo.

Primero llevaron la presión impositiva hasta niveles tan asfixiantes que terminaron espantando inversiones y generando problemas de desocupación. Esta falta de trabajo condujo a un nuevo aumento del gasto público vía planes sociales para mantener a los que no tienen trabajo, o bien nombrarlos en el estado para hacer como que esa gente no está desocupada. Lo concreto es que hasta la ley de procedimiento fiscal viola los derechos más elementales de los contribuyentes. Cualquiera que lea dicha ley, ve que está indefenso ante el estado y que lo pueden fusilar al amanecer, en la plaza mayor y sin juicio previo.

A principios de los 2000 se le presentó a diputados del PRO una propuesta de reforma de la ley de procedimiento fiscal para que el contribuyente tuviera derechos y la AFIP no fuera utilizada como una KGB, sin embargo, miraron para el costado y se hicieron los distraídos. Muchos políticos creen que el problema no está en la falta de límites en el poder de los gobiernos sino en quién tenga ese poder. Creen que ese poder ilimitado en manos “bondadosas” es bueno y malo en manos de “corruptos”. No entienden la importancia de limitar el poder del estado independientemente del quién esté en el poder. Creen que la falta de calidad institucional en manos de gente buena la transforma en calidad institucional.

Así fue que para financiar la mala calidad institucional del gasto público en que se basa el populismo, derivó en más violaciones institucionales, pero ahora por el lado del financiamiento del gasto público.

Primero, como se mencionaba más arriba, llevando a niveles insospechados la carga tributaria en que casi la mitad del año hay que trabajar para pagar impuestos y, en el caso de las empresas, de acuerdo a datos del Banco Mundial, Argentina es el país que más presión impositiva aplica sobre las empresas luego de Comoros, una isla frente a África.

No conforme con eso, el estado vivió pidiendo prestado en el mercado internacional para financiar su déficit fiscal creando el problema de la deuda externa, pero con la característica que los gobiernos gastan de más, piden prestado y luego consideran que los que quieren cobrar sus deudas son buitres. Así que Argentina se transformó en un deudor poco fiable porque dos por tres repudia su deuda y exige que los acreedores condonen parte de la misma.

También el estado se cansó de confiscar ahorros internos. Plan Bonex 1989, corralito, corralón, pesificación asimétrica y confiscación de los ahorros en las AFJP hicieron que el sistema financiero argentino quedara reducido a la más mínima expresión y, encima, el Banco Central se lleva el 50% de los escasos depósitos del sector privado para financiar el gasto público. Nueva violación de los derechos de propiedad y reglas confiscatorias que hacen que la gente no quiera ahorrar en el sistema financiero argentino. La gente quiere tener sus ahorros lejos de la mano del estado confiscador.

Finalmente, el estado abusó de la emisión monetaria como forma de financiar el gasto público destruyendo 5 signos monetarios, teniendo una de las inflaciones más altas del mundo. Hasta julio pasado, la emisión monetaria para financiar el gasto público representó el 66% de los ingresos tributarios del Sector Público Nacional.

Es decir, se destruyeron las reglas de juego de la cultura del trabajo y fueron reemplazadas por la cultura de la dádiva y el clientelismo político llevando el gasto a niveles insospechados y de pésima calidad. Y, por otro lado, se destruyó la seguridad jurídica con políticas tributarias expropiatorias, defaulteando la deuda tomada, confiscando depósitos y destruyendo una moneda detrás de otra.

La ruptura de la calidad institucional se produjo por doble vía: a) por el lado del gasto y b) por el lado del financiamiento del gasto. Esto determina que la larga decadencia no pueda solucionarse solamente con un buen equipo económico. Hace falta que varios gobiernos y la mayoría de la dirigencia política muestre un mínimo de seriedad en el manejo de la cosa pública como para recuperar la confianza para atraer inversiones y empezar a crecer.

El destrozo institucional que hizo la dirigencia política argentina no se va a resolver tan fácilmente. Volver a ser creíbles va a llevar tiempo. Y cuánto más se tarde en llegar la seriedad, más larga será la agonía argentina.

Fuente: Economía para Todos