La provincia de Santa Fe suele ser un foco muy grande de diferentes hechos de inseguridad rural. Sin ir más lejos, el último fin de semana faenaron a 8 animales, e hirieron de bala a otros 8, en 3 campos de San Jorge, Las Petacas y Landeta.

Asimismo en esa provincia, en la localidad de Alejandra, se encuentra el caso de Jorge Grant, un ganadero al que le carnearon más de 150 novillos durante el año pasado y que actualmente sigue siendo víctima de estos robos.

El secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE), Ignacio Mántaras, le aseguró a Tranquera que el abigeato es el principal ilícito que padecen, con denuncias que “cada 2 o 3 días” se suceden. “También debe haber otro número similar que no nos enteramos, porque no hacen las denuncias ni tampoco tienen contacto con nuestra confederación. El robo de ganado es constante”, indicó.

El dirigente señaló que la situación en el territorio santafesino es peor que en otras provincias ganaderas como Córdoba y Entre Ríos. Esto se debe, en parte, a su gran extensión y otras características geográficas que dificultan atrapar a los delincuentes.

En el límite con el río Paraná, la actividad ganadera se realiza en islas, lo que permite a los cuatreros arrojar los restos de los animales al agua. Por eso, los productores se enteran del faltante de hacienda varios días después del hecho. Además, salvo excepciones, estos hurtos se concretan en un horario nocturno y con pocos animales en cada ataque.

Mientras que hacia el Oeste, sobre la frontera con Córdoba y Santiago del Estero, una vez que los delincuentes logran cruzar el límite interjurisdiccional se pierde el rastro del robo. “Esto se debe a que no hay coordinación ni colaboración entre los ministerios de distintas provincias”, explicó Mántaras.

De hecho, Mántaras comentó que uno de los factores fundamentales que favorece a estos delitos es la falla del Estado “en todos sus estamentos” en lo que hace a la prevención e investigación.

“no hay investigación y mucho menos prevención”

En ese sentido, comentó que la guardia rural “Los Pumas” tiene serios problemas de equipamiento y movilidad. “Si no estuvieran los productores, apoyándolos vía cooperadoras, harían muy poco patrullaje. Así las cosas, no hay investigación y mucho menos prevención”.

Por otra parte, según describió el dirigente, también es notoria la falta de recursos del Ministerio Publico de la Acusación, del cual dependen los fiscales que deben llevar adelante las denuncias.

Al respecto, ejemplificó que el departamento Garay, lindante a la capital y que contiene a localidades costeras como Cayastá y Helvecia, no tiene Unidad Fiscal, por lo que las víctimas tienen que trasladarse hacia la Ciudad de Santa Fe para realizar una denuncia ante una fiscalía.

En ese sentido, recordó que desde CARSFE detectaron que las denuncias que se realizaban en las comisarías muchas veces quedaban “cajoneadas”, mientras las que se hacían directamente en las fiscalías avanzaban con mayor rapidez. “Ese simple cruce de información determinó que se abriera un investigación y se descubriera que en una comisaría había fuerzas policiales involucradas. Así, a fines del año pasado, se desbarató una banda de unas 10 personas que hacían entraderas en zonas rurales de Sauce Viejo, San Agustín y San José, y que comercializaban la mercadería en carnicerías de Santo Tomé. Había policías informantes que liberaban zonas y 2 oficiales fueron procesados”, detalló.

Si bien la mayoría de las denuncias por abigeato no llegan a buen puerto, algo que desalienta a los productores a realizarlas, Mántaras contó que en el último tiempo se lograron varias condenas con la modalidad “probation”, en casos donde los delincuentes fueron encontrados infraganti faenando un animal. “Si bien son penas menores y excarcelables, por lo menos se logra una sentencia y eso para nosotros es importante, porque ante un segundo hecho ya hay reincidencia y deben ir a prisión”.

Otro avance se dio gracias al trabajo que hicieron en conjunto con el Ministerio provincial de Salud y la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL), que tiene a su cargo el área de bromatología.

“Lograron detectarse bandas en San Agustín y San Rafaela tras indagar en varias carnicerías sobre el origen del producto que comercializaban. Además esta irregularidad comprometía la salud humana, porque esos animales no pasaron por circuitos formales. Este es un trabajo conjunto que promovemos que se haga con mayor énfasis. Porque, en las pocas pruebas que se hicieron, hubo muy buenos resultados”, enfatizó.

Vale resaltar que CARSFE reúne a casi 30 sociedades rurales de la provincia y cuenta con 12 comisiones de trabajo, entre ellas la de Seguridad Rural presidida por Gerardo Vicentini. Además participa de mesas de trabajo con los ministerios de Seguridad, Justicia, Producción y Salud.

Si bien desde CARSFE no pueden difundir estadísticas por una cláusula de confidencialidad que tienen con los 4 ministerios, Mántaras remarcó que el Gobierno provincial ya cuenta con datos precisos que permiten confeccionar un “mapa del delito” para identificar las zonas más inseguras.

Aunque se ha mejorado el diagnóstico, este flagelo está lejos de solucionarse. Al respecto, el dirigente reclamó mayor compromiso de algunas áreas del gobierno.

En efecto, comentó que todavía no pudieron reunirse con el ministro santafesino de Seguridad, Marcelo Saín, como sí lo hicieron con algunos de sus funcionarios. “Pese a que por la pandemia hoy todo el mundo se comunica de manera online y así se facilitan las reuniones, no es posible hacerlo con determinados ministros. De hecho, tampoco pudimos concretarlas por otros temas con la ministra de Infraestructura (Silvina Frana) y el ministro de Economía (Walter Agosto). Aunque sí tuvimos reuniones con el gobernador (Omar Perotti) y el ministro de Producción (Daniel Costamagna). No es un problema en todo el Gobierno, pero ocurre en determinados sectores”.

Silobolsas rotos

Al igual que sucede en el resto del país, la preocupación de los productores santafesinos también pasa por las roturas de silobolsas, que se potenciaron en plena pandemia. De hecho, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad a la que pertenece CARSFE, informó que ya se registraron 125 casos a nivel nacional, que generaron pérdidas económicas equivalentes a 673 mil raciones de alimentos en comedores comunitarios y 3000 Planes IFE (Ingreso Familiar de Emergencia).

A diferencia del abigeato, cuyo objetivo es comercializar la carne robada, Mántaras dijo que en el caso de los hechos de vandalismo hacia silobolsas no está claro cual es el motivo. En el terreno de la especulación, ya que en muy pocas ocasiones pudo clarificarse lo sucedido, Mántaras indicó que las razones pueden ser variadas.

A veces pueden tratarse de problemas personales de un productor con algún vecino o empleado. Pero también pueden deberse a presiones de actores de la cadena con algún interés específico.

Como ejemplo, recordó que el año pasado se produjeron roturas en medio de un conflicto que algunos agricultores del sur de Santa Fe mantuvieron con una seccional de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que exigía que el traspaso de los granos de silobolsas a camiones se realizara con afiliados al gremio.

También ejemplificó que algunos centros de transportistas pueden realizar ataques de este tipo con el fin de presionar a los productores para que la carga de granos sea realizada con determinados camiones.

Tampoco descartó que pueda haber un “móvil ideológico”, por parte de quienes rompen silobolsas, porque quizás así “buscan cumplir con alguna causa política y entienden que los productores agropecuarios son malas personas”.

“hubo casos en que las víctimas no quisieron ser expuestas. Así que hay un número gris que no se conoce”

A pesar de la gran cantidad de hechos que fueron denunciados, Mántaras aclaró que hay muchos más que no salieron a la luz, ya que varios productores sufrieron vandalismo pero no hicieron la denuncia y ni siquiera quisieron que se difunda en la prensa. “En cada rotura de silobolsas que nos enteramos, alguien de CARSFE se contacta con el productor afectado, se le pide que haga la denuncia y se indaga sobre el contexto. Pero hubo casos en que las víctimas no quisieron ser expuestas. Así que hay un número gris que no se conoce”.

Si bien cuestionó la “declaraciones desafortunadas” que en su momento realizó el ministro Sain, quien minimizó estos destrozos, el dirigente destacó que luego ordenara incrementar los patrullajes en el sur santafesino tras el encuentro que mantuvieron por este tema representantes de las cadenas agroindustriales con funcionarios de distintas provincias y los ministros nacionales Luis Basterra (Agricultura) y Sabina Federic (Seguridad). “Sain dijo una cosa, pero después en los hechos sí le dio trascendencia al tema”, sintetizó.

Por último, Mántaras se refirió a los incendios en campos y aclaró que en la provincia hasta el momento no se pudo determinar que fueran intencionales, como si sucedió en el caso del vicepresidente de CRA, Gabriel de Raedemaeker, en la quema que sufrió de su campo en Córdoba. “Sí hay incendios enormes en el norte de Santa Fe, pero no solo en campos, sino también en algunas banquinas, ya que atravesamos una sequía muy fuerte”, aseveró.

Fuente: Tranquera