El retorno a los durísimos inviernos patagónicos, pone de manifiesto las pésimas condiciones de infraestructura que dominan esa región: rutas, caminos, alcantarillas, servicios de comunicación telefónica e internet, gas, electricidad, que colapsan frente al fenómeno y complejizan los intentos de rescate de pobladores, familias, trabajadores y productores, así como las pérdidas de hacienda en un proceso de deterioro que se verá agravado en las próximas semanas.
Los Gobiernos Provinciales con recursos extenuados por la atención de la pandemia, poco y nada pueden hacer y con la sola buena voluntad, no alcanza. El Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación es un pasivo observador de la situación; no un protagonista de medidas preventivas y paliativas urgentes.
La ley de emergencia nacional y su intrincado funcionamiento, no tiene efectos prácticos relevantes; suspender el pago de algunos impuestos por breve tiempo no atiende el problema central que es la pérdida de capital, recursos e ingresos, que por falta de políticas de financiamiento condicionan a una muy lenta recuperación o hasta la imposibilidad futura para muchos pequeños productores.
Los países con un alto nivel de actividad agro-ganadera cuentan con adecuada infraestructura, mecanismos de prevención y leyes de seguros contra desastres naturales, precisamente para enfrentar estas catástrofes; nosotros intentamos desde hace años contar con dicha herramienta.
Así, una región poco poblada y con superficies inmensas va camino a un destino de desaparición productiva, cuando el país y el mundo demandan más nuestros productos sanos y renovables; es tiempo que el Estado Nacional, de una vez por todas, equipare al sector rural de la Patagonia integrándolo al resto del país y no dejándolo librado a su suerte.
