En este sentido, el informe ‘The future of work in Europe’, publicado por la consultora McKinsey, afirma que un “número sustancial de las ocupaciones que probablemente sean desplazadas por la automatización a largo plazo también están en riesgo por la crisis de coronavirus a corto plazo”.
En concreto, el estudio refleja que en Europa, alrededor de un 10% de total de empleo (24 millones de puestos de trabajo) sufrirían esta doble amenaza, que se representaría en forma de reducción de salarios y horas de trabajo, ERTE o despidos permanentes.
La transposición de esta metodología a España, confrontándola con la Encuesta de Población Activa (EPA), muestra que hasta 7 millones de empleos “estarían amenazados” en la próxima década por los efectos de esta pandemia, y a la vez, “corren el riesgo de ser reemplazados por máquinas”.
“La distribución de nuestro tejido productivo, excesivamente focalizado en los sectores más indefensos a ambas casuísticas, como la hostelería, el comercio al por mayor/menor o la construcción, hacen que el efecto sea mucho más acusado en nuestro país que en el resto de Europa”, ha lamentado UGT.
El documento afirma, en línea con otros publicados por Eurofund o la Comisión Europea, que la demanda de empleos basados en capacidades manuales decaerá un 20% en la próxima década, mientras que los empleos que exigirán capacidades digitales avanzadas se incrementarán en un 40%.
En la misma línea, los datos revelados por el Foro Económico Mundial predicen que el 54% de los trabajadores deberá mejorar su capacitación en el próximo lustro y que, de ellos, el 35% necesitará seis meses para conseguirlo y otro 10% precisará de más de un año, el panorama no puede ser más alarmante.
Por todo ello, UGT propone, a corto plazo, desarrollar un Plan Nacional de Inclusión Tecnológica “que no deje a nadie atrás”; actualizar la educación a las demandas actuales del mercado de trabajo; confeccionar políticas activas de empleo que formen a los trabajadores en las nuevas tecnologías; incluir en la negociación colectiva la necesidad de analizar el impacto en el empleo que trae esta revolución digital; y crear el derecho a la formación continua en el puesto de trabajo para estas herramientas.
A medio plazo, pide reducir paulatinamente la jornada laboral y la vida laboral a medida que el empleo se va automatizando, llegando a las 32 horas semanales (4 días de jornada laboral) sin reducir el salario; y promocionar el empleo en aquellos sectores que se beneficiarían directamente de la reducción de la jornada laboral, como los relacionados con la salud y los cuidados, el ocio o la ecología.
Finalmente, a largo plazo, defiende que hay que desarrollar nuevos impuestos asociados a las nuevas tecnologías, con el fin de repartir “de manera más igualitaria” la riqueza que se genera en la empresa gracias a la inclusión de las tecnologías; y poner en marcha nuevos sistemas de rentas para aquellos trabajadores que no puedan adaptarse a esta nueva realidad.
Fuente: Tynmagazine
