Unas 2,2 millones de personas pagan actualmente mes a mes el impuesto a las Ganancias. Es prácticamente el doble de contribuyentes que lo abonaban hace cinco años. A pesar de los cambios normativos y la actualización automática de los últimos años, el salto inflacionario terminó haciendo pagar a cada vez más empleados.

De acuerdo a datos oficiales, hacia abril 2.216.793 personas pagaron el impuesto a las Ganancias de cuarta categoría, es decir trabajadores en relación de dependencia y jubilaciones. En abril de 2015, según los mismos registros de AFIP, el tributo alcanzó a 1.181.833 trabajadores.

En ese momento aún regía el tope a la entrada de nuevos contribuyentes que sostuvo el Gobierno de Cristina Kirchner en sus últimos años de mandato. En agosto de 2013 el Poder Ejecutivo había determinado que no pagarían aquellos que hubieran recibido como sueldo menos de $15.000 desde enero de ese año.

Ese beneficio se mantuvo incluso si superaban esa cifra por aumentos salariales. Desde 2016 se "descongeló" el criterio de referencia para comenzar a pagar el tributo y unas 220 mil personas pasaron a abonar el impuesto.

A fines de ese año el Gobierno estableció por ley una actualización automática del mínimo no imponible, que tomó como referencia la evolución de los salarios de la economía. Así, cada enero el piso de salarios desde el cual se paga el impuesto aumenta el mismo porcentaje que hayan subido las remuneraciones promedio.

Según explican los especialistas, la aceleración de la inflación de los últimos años hizo que la actualización anual vaya quedando por detrás de la suba de precios. Así, aquellos empleados que obtuvieron negociaciones paritarias por encima del incremento promedio de los sueldos comenzaron a pagar el tributo y se agrandó la base imponible de Ganancias.

O incluso, quienes pagaban determinada alícuota anual del impuesto pasaron a la categoría superior, lógicamente con un pago mensual más alto.

"La actualización de mínimos y escalas fue insuficiente por la inflación. Hasta la gestión de Cristina Kirchner solo aumentaban por decisión del Ejecutivo. Durante el Gobierno anterior se trató de dar una solución al tema aunque fue insuficiente cuando empezó a desbocarse la inflación", explicó Diego Fraga, socio del estudio RCTZZ.

"En los últimos años los sueldos, por la inflación que nos aqueja, se han visto incrementados pero claramente no han tenido el mismo aumento las deducciones que se permiten computar en Ganancias como tampoco la actualización de la escala de alícuotas del tributo. Esta distorsión provocó que gran cantidad de trabajadores comiencen a tributar el impuesto", resumió Romina Palombi, gerenta de Impuestos del estudio Auren.

De acuerdo a la última información oficial, de los 2,2 millones de personas que pagan el impuesto a las Ganancias, poco más del 40% corresponde a empleados de la administración pública, defensa o la seguridad social.

Entre los trabajadores privados, la industria manufacturera implica poco más del 10% del total, seguido de los servicios de intermediación financiera (7%), transporte y almacenamiento (6%) e información y comunicaciones (5%).

"Con las deducciones y las escalas vigentes, un trabajador soltero que gana $114.000 neto, antes de impuesto, (o sea 6 veces el salario mínimo vital y móvil) está tributando al máximo de la escala para el impuesto. Por cada nuevo peso que reciba de aumento en su sueldo el Estado se llevará el 35%. Esto dista mucho de ser progresivo y de reflejar la capacidad contributiva que, se entiende, quiere alcanzar el impuesto", concluyó Palombi.

El impuesto a las Ganancias, según ya adelantó el Gobierno nacional, será uno de los tributos que será considerado para una reforma impositiva que quedaría plasmada en el proyecto de Presupuesto 2021.

"El área de política tributaria del Ministerio de Economía está trabajando en una reforma tributaria integral, que se caracteriza principalmente por una menor distorsión y una mayor progresividad. Dentro de la mencionada reforma, Ganancias es uno de los tributos que se encuentra bajo análisis", explicó el jefe de Gabinete Santiago Cafiero en un informe enviado al Senado.

A fines de junio, incluso, el Gobierno recibió una propuesta integral de reforma elaborada por el Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Para el impuesto a las Ganancias de personas físicas el Consejo propuso ampliar las escalas para "evitar el achatamiento" de la pirámide y cambiar cómo se determina el resultado de ventas realizadas en moneda extranjera para que el contribuyente no termine pagando más por una diferencia en el tipo de cambio.

Para Diego Fraga sería deseable que "todas las variables del impuesto (deducciones, escalas, mínimo no imponible) se actualicen acorde con la inflación y de manera periódica, no anual". "Actualmente los índices que se aplican no son suficientes con lo cual a medida que aumenta la inflación más empleados quedan alcanzados, y los que ya están, pagan más a pesar de que en términos reales ganen igual", comentó.

Una de las polémicas que rodean al impuesto es la exención del pago que mantiene la mayoría de los jueces y funcionarios del Poder Judicial nacional y provincial.

Según había estimado el proyecto de Presupuesto 2020 enviado al Congreso por el Gobierno de Macri, esa excepción privó al Estado de recaudar por ese tributo $26.700 millones este año. Esta suma superaba a las partidas destinadas por la iniciativa a gastos de capital en las áreas de vivienda, agua potable y educación.

Los empleados del Poder Judicial comenzaron a ser objeto de Ganancias con una ley sancionada en 2016, pero solo impactó en aquellos ingresos de personal a partir de 2017, por lo que la gran mayoría de los magistrados y trabajadores judiciales se mantienen exentos de ese descuento sobre sus salarios.

Fuente: TN