A continuación, la desgrabación de sus principales conceptos:

Estamos ante una situación compleja, todos la conocemos, donde finalmente nos vamos a poner frente al espejo del sector público que tenemos.

Hemos visto en estos últimos días las complejidades del Gobierno y el Estado para gestionar esta crisis. Lo primero que hay que decir que es todos los gobiernos están en una situación absolutamente excepcional sometidos a un estrés superior al que habitualmente debe afrontar la política. Por eso se compara a la pandemia con una guerra.

De hecho, el primer ministro británico Boris Johnson está en terapia intensiva, si queremos poner una dimensión individual, casi física, a lo que significa para los gobiernos esta crisis que estamos viviendo.
Este es el contexto o telón de fondo sobre el cual hay que evaluar lo que hace Alberto Fernández, lo que hace el Gobierno, las capacidades o incapacidades que tiene el Estado argentino para darnos una respuesta medianamente adecuada en esta encrucijada.

Hay un estudio de opinión pública de Poliarquía, que salió hace pocas horas, que cuenta cómo la imagen positiva del Presidente llegó a principios de la semana pasada a un récord del 82%, y subió 32 puntos porcentuales desde comienzos de marzo hasta el fin de semana anterior. A la vez, ese estudio cuenta que en los últimos días de la semana pasada, después del conflicto que abre Fernández con los empresarios hablando de miserables y, sobre todo, después de lo que sucedió el viernes en los bancos con los jubilados y con aquellos que tienen que cobrar la Asignación Universal por Hijo, la consideración del Presidente empezó levemente a caer, como si hubiéramos ingresado en una nueva etapa.

No sabemos qué va a pasar mañana, ni sabemos qué va a pasar en mayo, que es cuando está el gran signo de interrogación que se plantean los sanitaristas: la segunda quincena de mayo como el momento donde podemos estar realmente ante un pico de contagios. Hasta ahora, la cuarentena que se lleva adelante en la Argentina, medida con otras situaciones similares, es exitosa. Si uno comparara, cuando hay 48 muertos, a la misma altura del proceso en España había más de 500 muertes.

Las comparaciones son incorrectas. Son sociedades distintas, la organización física de la sociedad es distinta, los sistemas de salud son distintos. Pero también habla de los momentos en que se tomaron las medidas, del grado de anticipación que tuvieron los gobiernos frente a lo que veían venir.

¿Qué es lo importante de lo que estamos viendo hoy? Que la cuarentena, como su nombre lo indica, es cuarentena. En el mejor de los casos 40 días. No hay cuarentena eterna. Es imposible pensar en tener a la sociedad encerrada durante un tiempo que va más allá del prudencial, porque los costos de ese encierro, del distanciamiento social, empiezan a ser mayores que el mal que se quiere evitar.
Hay una contradicción, una tensión difícil de resolver, de las muchas paradojas y dilemas que encierra esta situación: es la tensión entre lo que pide el sistema sanitario, que es el encierro de todos para estar aislados, y los problemas que empieza a afrontar la misma sociedad que se encierra, en el aspecto económico, para poder subsistir.

Por supuesto que es falsa la opción de los que dicen primero privilegiar la vida y después la economía. La economía no es una ciencia abstracta, no es una situación ajena a la vida material de la gente. Si destrozamos la economía vamos a llegar por esa vía a la destrucción de la vida. No hay que razonar demasiado para advertir que si nos proponen vida o economía nos están queriendo vender un buzón.
Hay un momento en el que vamos a tener que salir de la cuarentena. Lo que se discute hoy es cuándo y cómo. Entonces se van a ver qué capacidades tiene el Estado y el Gobierno para administrar la salida de casa. La decisión del aislamiento social fue correcta, pero muy probablemente, con todas las dificultades prácticas que tiene, decirle a la gente "todos adentro" y controlar en las calles que no haya nadie afuera, salvo grupos muy específicos, es fácil en comparación con lo que significa que las personas vayan saliendo administradamente y que eso no provoque un pico de contaminación.
Este es el cometido que tiene hoy el Estado por delante y por eso empieza a ser crítica la observación de algunas dificultades que tiene el Gobierno para planificar situaciones mucho más sencillas que la salida de la cuarentena. Como es, por ejemplo, ir a cobrar las jubilaciones con ancianos que se mezclan con gente que cobra la AUH.

Esto es lo que pasó el viernes. El Presidente estaba discutiendo con un grupo de técnicos cuándo salir de la cuarentena y fuera del despacho presidencial la cuarentena había estallado. Había colapsado en los bancos donde se agolpaban jubilados mezclándose entre sí perdiendo cualquier forma de distanciamiento, expuestos a contagiarse. Se sabe que los adultos mayores son el principal grupo de riesgo.
¿De quién es la culpa? ¿Del presidente del Banco Central, Miguel Pesce? ¿Es la culpa del director de la Anses, Alejandro Vanoli? ¿Hay culpa de ellos dos o lo que faltó es coordinación? Es posible que en el Gobierno esté faltando coordinación. En una crónica en LA NACION, Gabriel Sued explicaba lo que estaba sucediendo dentro del gabinete después de esa crisis. Contaba que el Presidente le había dicho tanto a Pesce como a Vanoli "ninguna decisión de ahora en adelante se toma sin consultar con Santiago Cafiero y Gustavo Béliz", que comparten ambos la tarea de coordinación. Parece que esa instrucción llegó tarde en un tema tan delicado como preguntarse cómo organizar a un grupo de riesgo que tiene que ir a los bancos a cobrar la jubilación, y que hace mucho que no cobra. Este último es un dato importantísimo. He visto funcionarios que decían: "No sabíamos que los jubilados estaban tan ansiosos por cobrar". Parece que vivieran en un termo, porque es obvio que un jubilado que no cobró está desesperado, y que los jubilados no tienen acceso práctico, cultural al sistema informático.

Todo esto quiere decir que falta una sala de situación donde se están observando los distintos aspectos de la crisis, uno de los cuales es la seguridad. Lo que se rompió el viernes es el protocolo de seguridad que debe respetarse para que los ancianos puedan salir a la calle, si es que deben salir.

No es el único tema en el cual vemos que hay deficiencias. El Presidente dice que tiene dos obsesiones: los más vulnerables, que son los ancianos, y los pobres. El problema central hoy de muchísima gente es qué comer. Son pobres que viven con lo que ganan en el día, no tienen capacidad económica de almacenar alimentos previamente. Hoy aparece otra crisis en cómo el Estado compra esos alimentos. Y un Gobierno que está preocupado en que no se disparen los precios convalida precios exorbitantes para adquirir harina, fideos o aceite. Y le compra a distribuidores de aceite y no a productores. No se entiende. La respuesta que empieza a aparecer ahora en algunos tuits es que también en el gobierno de Macri compraban la harina o los fideos más caros de lo que estaban en el almacén. Bueno, todo mal.
Cuando el ministerio de Desarrollo Social convalida un precio de los fideos a tres veces lo que vale en un supermercado, ¿van a ir a controlar al comercio de barrio a pedirle que no lo aumente 10% más por encima de lo que dice la lista de precios máximos? ¿Cuáles son los precios hoy en la Argentina? ¿La lista que emite la Secretaría de Comercio o los que paga el ministro Daniel Arroyo?
Es muy interesante porque Arroyo está por fuera de cualquier sospecha de corrupción. Lo que hay es torpeza. Y es evidente. No hay un chequeo, no hay un control de calidad de las decisiones, que no son marginales. Son decisiones centrales: cómo comprar la comida para la mega asistencia que tiene que haber.

Lo más curioso es que aparece un tuit de Juan Grabois quejándose, insultando a los que pagaron de más la comida que se va a repartir entre los pobres, y hay una adhesión de Victoria Tolosa Paz, que es la encargada del grupo que supuestamente en este momento está gestionando el problema del hambre en la Argentina. Grupo que tampoco vemos muy activo. Sería interesante que nos informen qué están haciendo. Pero lo llamativo: un funcionario del Gobierno adhiere a un dirigente social que se queja del propio Gobierno por cómo administró la compra de comida.

Todo esto sin meternos en un tema más específico, posiblemente más delicado, que es la puja que hay dentro del oficialismo para ver quién gestiona esta crisis y quién adquiere poder dentro de ella: ¿el gobierno nacional, las organizaciones sociales o los intendentes del conurbano?

Hay un dato muy interesante de estos días. La Cámpora, Máximo Kirchner, que es una especie de jefe político del conurbano en el oficialismo, porque ahí están los votos de él y de su madre, recurrió al Ejército para repartir comida. Es la crítica más contundente que ha recibido el clientelismo en los últimos 20 años. Cuando la situación se pone pesada en serio, y puede haber un problema en serio de hambre por el nivel de recesión que estamos enfrentando todos, no se recurre al puntero, se recurre al Ejército. Y este va a los lugares donde gobierna La Cámpora.

Esto que tiene que ver con cómo se organizan o se gestionan situaciones complejas de grandes grupos humanos está ligado al problema de los precios. El Presidente dijo ayer en una entrevista que le realizó Horacio Verbitsky: "Voy a decretar que los intendentes tengan la atribución para aplicar la Ley de Defensa de la Competencia". Se abre toda una discusión entre los administrativistas y el problema de los precios, porque está la Ley de Abastecimiento que contempla especialmente este tema. Hay algo más interesante, hubo un decreto la semana pasada de Axel Kicillof, quien forma parte de este oficialismo, que estableció que la provincia de Buenos Aires se iba a encargar de los precios, con arreglo a las atribuciones que le otorga la Ley de Abastecimiento. Ahora Fernández dice que le va a dar ese poder a los intendentes, aunque tampoco sabemos si tienen inspectores, ni cuál va a ser la calidad de ese control. Cuando, además, sabemos que todo tipo de control estatal se presta siempre para cualquier cosa. ¿Qué debo pensar? ¿Que lo va a hacer Kicillof con la Ley de Abastecimiento o que lo van a hacer los intendentes con la Ley de Defensa de la Competencia? También tenemos la Ley de Lealtad Comercial que se acerca mucho más al problema.

Vamos hacia una dificultad mucho más compleja que es la salida de la cuarentena y el pico de contagios que todavía no llegó. Necesitamos un Estado eficiente para ello. ¿Qué quiere decir que vamos hacia la salida de la cuarentena y a la vez que nos dirigimos hacia el momento más complejo de la pandemia? Que el Estado va a tener que tener mayor precisión, calibrar de mejor manera a los distintos grupos de riesgo.

Primero va a tener que poder identificar mejor a quiénes son los que están eventualmente contagiados y que pueden contagiar a otros. Para eso se necesitan test. Volvemos al comienzo: ¿Cuándo se compraron los kits para hacer los test? Muy tarde. En la Argentina se compraron 20 mil reactivos cuando en Chile se habían comprado 200 mil. El reactivo es imprescindible para administrar quién puede estar libre en la calle trabajando y quién no.

Después hay distintos grupos de riesgo. Uno evidente es el de los más pobres, que viven en muchos casos hacinados, sin infraestructura sanitaria, muchas veces sin agua potable. Una reacción brutal del Estado ha sido la idea de cercar las villas de emergencias para que no entre ni salga nadie, con la esperanza de que nadie se contagie. Es decir, terminamos de consolidar la idea de que las villas son guetos. El problema de estos sectores es el aislamiento, porque no se les puede decir que traten de vivir en distintas habitaciones cuando, en algunos casos, hay seis personas viviendo en una habitación de cuatro por cuatro.

Tengo entendido que en la Ciudad de Buenos Aires se armó un grupo que está pensando en grandes espacios para aislar personas o familias que viven en los barrios más sumergidos y que no pueden protegerse en su casa. Este es un enorme problema que no existe en China y que no existe en Europa. Estamos estrenando en América Latina este problema a escala global.

Esta gente que vive así está mortificada no solamente por la amenaza de la pandemia, sino porque aislándose no comen, porque no tienen la posibilidad de tener un sueldo, no tienen la posibilidad de almacenar comida. Viven de lo que ganan en el día, como los cartoneros, los albañiles, como las empleadas domésticas o los jardineros, entre otros oficios. Acá hay un problema que el Estado no está gestionando.

Hay otros que viven hacinados. Hoy se abre todo un dilema en la Argentina porque el tribunal oral que tiene la causa de Amado Boudou le acaba de permitir la prisión domiciliaria. Esto abre una discusión porque el Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario Federal emitieron un dictamen basado en un estudio médico diciendo que hay 1280 personas vulnerables en las cárceles nacionales, que se pueden contagiar el coronavirus. Boudou no está en esa lista. Entonces, mañana va a haber una avalancha de pedidos a los tribunales de domiciliarias como la de Boudou, porque tienen más argumentos. ¿Será que Boudou tiene abogados ligados al oficialismo que le consiguen cosas que los otros mortales no consiguen?

Sin entrar en otro problema delicado, y políticamente incorrecto: los ancianos sospechados de crímenes de lesa humanidad que no tienen condena sino prisión preventiva, como las que provocan la queja de muchos exfuncionarios de Cristina Kirchner, ¿deben o no ser mandados a sus casas en prisión domiciliaria por ser grupos de riesgo? ¿O es que esos militares sospechados de haber cometido crímenes de lesa humanidad no son humanos y por lo tanto no tienen derechos humanos? Gran signo de interrogación que es muy difícil resolver en una Argentina como la de hoy.

También está el problema de los ancianos en condiciones de aislamiento. Hay discusiones entre sanitaristas y gerontólogos en todos los equipos que están estudiando este tema. Hay aquellos que piensan que algunos pueden morir de tristeza. ¿Cómo se los debe aislar? Tenemos que conseguir un voluntario que le consiga la comida, que lo asista y que a su vez él mismo no se contagie.

Hay otro grupo de riesgo del que se habla poquísimo y es el más evidente. Salió ayer una nota larguísima en el New York Times contando cómo los más expuestos al contagio son los que forman parte del 10% más pobre de la población, en contraposición con el 10% más rico. Esa nota se basa en estudios a través del control de celulares respecto de quién sale y quién no. Por razones de supervivencia, los más pobres salen más que los ricos y estos últimos pueden aislarse y estar mucho más tiempo en cuarentena que aquel que depende del trabajo cotidiano para vivir.
No se advierte una campaña muy explícita del Estado dirigida especialmente para ese grupo de gente, que es la que hoy está dando vueltas por las ciudades con más posibilidades que otros de trasladar el virus de un lado al otro, no solo de contagiarse. El Estado parece haberle entregado ese problema al mercado.

Mientras tanto, seguimos en este gran dilema entre la salud y la vida material, con un dato escalofriante: el último informe de la oficina de empleo de los Estados Unidos determinó que se perdieron seis millones de puestos de trabajo respecto de la medición anterior. Nosotros vamos en esa dirección. Vamos hacia una recesión muy dolorosa. Por eso es tan importante administrar correctamente la cuarentena. Las deficiencias que hemos tenido a la vista se vuelven inquietantes cuando sabemos que vamos a necesitar de un Estado inteligente para no entrar en un deterioro mucho más profundo. Hasta ahora lo que sabemos desde siempre es que tenemos un Estado caro e inepto. Es probable que en la crisis se note más.

Por: Carlos Pagni