En su primer mes de gestión, Alberto Fernández se vio obligado a hacer un delicado equilibrio en temas que son en principio controversiales por la naturaleza de su coalición, sobre todo por la diversidad y el peso relativo de los sectores más duros, más ideológicos, más radicalizados, en particular, el kirchnerismo, encarnado en la vicepresidenta Cristina Fernández.
Venezuela
El último episodio fue el referido a la crisis de Venezuela: por un lado, el gobierno nacional repudió lo ocurrido el 5 de enero pasado cuando fuerzas chavistas impidieron el ingreso de Juan Guaidó y de varios diputados opositores a la Asamblea Nacional, con la clara intención de imponer, sin quorum, como nuevo presidente del Parlamento a Luis Parra, funcional al gobierno de Nicolás Maduro. Horas más tarde, mediante una improvisada sesión en la sede del diario El Nacional, finalmente Guaidó fue reelegido como líder de la Cámara. Este hecho le valió no solo su agradecimiento, puntualizando que “Puede haber o no diferencias ideológicas con el presidente Fernández, pero claramente está señalando el atropello al Parlamento venezolano”, sino, además, nada menos que la felicitación por parte del gobierno de Donald Trump.
Pero, una de cal y otra de arena: al mismo tiempo, a través de un comunicado
de Cancillería se le quitó las credenciales a la embajadora representante de
Guaidó en Argentina, Elisa Trotta Gamus, debido a que “estaba bajo un formato de
misión especial que le había otorgado la gestión anterior y no como embajadora
formal”. Lo cierto es que no había sido recibida ni por el canciller Felipe Solá
ni por el presidente Fernández y, paradójicamente, con el hecho de quitarle
formalmente el reconocimiento que en su momento le había dado el gobierno de
Cambiemos, le otorgan más visibilidad mediática.
El mensaje es que el gobierno nacional sólo reconocerá como interlocutor válido a Juan José Valero Núñez, el actual encargado de Negocios de Nicolás Maduro. Consecuentemente, con esta decisión, la Argentina se suma a los otros países de la región, Cuba, Nicaragua y México, que consideran a Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Son evidentes los vaivenes en busca de un equilibrio en un tema sensible donde, además, por primera vez, Argentina se desmarca del Grupo de Lima al emitir, a través del canciller Solá, un comunicado propio sobre lo sucedido en Venezuela: “recuperar el diálogo entre las fuerzas políticas de Venezuela, respetando los mecanismos institucionales… y sin pretender involucrarnos en la situación interna de otros países…”.
De todas formas, el mensaje fue crítico del régimen de Maduro (aunque sin llegar a calificarlo de "dictadura", como sí lo hiciera el Grupo de Lima), alejándose también del kirchnerismo del pasado, que no condenaba al gobierno chavista. Alberto Fernández insiste con representar esta tercera posición, difícil de conservar y que agrega incertidumbre sobre la nueva política de inserción internacional. En este camino, el gobierno promueve a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), como órgano de coordinación en la región y espera estrechar vínculos con México, estrategia que de todas formas se ve entorpecida por el proteccionismo comercial de Argentina.
Bolivia
El tema de Venezuela no es el único, con Bolivia había ocurrido algo parecido al otorgar el estatus de refugiado al presidente Evo Morales e intentando limitar, sin éxito su participación en la política, generando un conflicto diplomático con Estados Unidos al respecto. Apenas arribó al país, el único pedido por parte del canciller Felipe Solá fue el "compromiso de Evo Morales de no hacer declaraciones políticas en la Argentina”, deseo que rápidamente fue eclipsado por las declaraciones del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien lo contradijo argumentando que, en su carácter de refugiado, "Evo Morales tiene los mismos derechos que un ciudadano argentino, con lo cual tiene libertad de expresión, de declarar, de pensar y decir lo que quiera”.
Cuando las demandas se desmadran o son demasiado radicalizadas, el presidente las ignora con un prudente silencio.
Así, con este aval, el exmandatario Morales no tardó en instalar su búnker de
campaña en Argentina e incentivar su presencia en las redes sociales, para
reactivar su poder político de cara a las próximas elecciones que se realizarán
el 3 de mayo de 2020.
Esto suscitó no sólo el reclamo por parte de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, sino una orden de aprehensión, que fue desestimada por la Casa Rosada, porque básicamente sigue sin reconocer el gobierno que encabeza Áñez. Además, desató el malestar de Estados Unidos expresado en el pedido al canciller Solá acerca de que Morales no abuse de su carácter de refugiado. La postura del gobierno nacional se mantuvo y se reforzó con la reciente participación de la Argentina en la cumbre de la CELAC, realizada en México, tras cuatro años de ausencia durante el gobierno de Macri, con el objetivo que este espacio se convierta en un foro de discusión de los problemas regionales sin incidencia de los Estados Unidos.
En casa
No sólo en cuestiones de política internacional se ve esta búsqueda por
encontrar un delicado punto intermedio, sino también en materia de política
doméstica. En los últimos días reflotó el caso Nisman, gracias a un documental
de Netflix acerca de la muerte del fiscal, donde, entre otros, se encontraba el
testimonio del actual presidente Fernández, que en 2017 se aventuraba por la
hipótesis acerca de que había sido un asesinato. Por tratarse de un tema
hipersensible para el kirchnerismo, tuvo que acomodarse o volcarse hacia una
postura distinta a la que originalmente había establecido, más acorde con la de
su vicepresidenta. Además, de esta forma se alineaba con su ministra de
Seguridad, Sabina Frederic, que mandó a que se efectúe una “revisión técnico-
administrativa" del peritaje realizado por Gendarmería en la investigación por
la muerte del fiscal, con el objetivo de “de mejorar la calidad de lo que
producen" las fuerzas de Seguridad. "Vamos a incluir este (caso), que es
controvertido" y que "debe salir de la controversia".
Sin embargo, existe un ámbito donde curiosamente Fernández mantiene discrecionalidad y ese equilibrio es menor o no se da una postura tan acomodaticia y es en el económico. Ahí hay un compromiso con una postura hiperfiscalista, tal vez sí es cierto que los instrumentos apuntan básicamente a cobrarle al sector más moderno de la economía, a los que no han votado por Alberto Fernández, pero en ese sentido se esperaba una postura más radicalizada en materia económica. De hecho, no satisface al referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, para quien las medidas son tímidas o a la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien pedía la expropiación de todos los medios de comunicación demandando presidente que “tome las riendas”.
Pero, cuando las demandas se desmadran o son demasiado radicalizadas, el presidente las ignora con un prudente silencio. Es decir, que existe este equilibrio, pero no en todos los temas y menos aplicado al plano económico donde Fernández cuenta con cierto grado de libertad para negociar con el Fondo Monetario Internacional, con los acreedores privados y para generar un superávit fiscal que contradice las promesas de campaña cuando pregonaba que había que pagarle a los jubilados y no a los bancos, recayendo sobre aquellos que cobran haberes medios y medios altos todo el esfuerzo para poder cumplir con las obligaciones externas.
Otros ámbitos donde no hay espacio para la ambigüedad tienen que ver con las relaciones con Brasil y Estados Unidos. Respecto del primero, el principal socio comercial de la Argentina, a pesar de los chispazos entre los presidentes Fernández y Jair Bolsonaro, a fines de enero, sus respectivos cancilleres, Felipe Solá y Ernesto Araujo se sentarán a discutir y delinear la futura relación comercial entre ambos países, teniendo entre otros ejes el Mercosur, particularmente lo referido a las rebajas al Arancel Externo Común del Mercosur (AEC). Y en cuanto a Estados Unidos, Fernández tiene bien en claro que deberá tener la suficiente cintura política que garantice el necesario apoyo del gobierno de Donald Trump no sólo para renegociar la deuda con el FMI sino también con los bonistas privados, esenciales para el éxito de su gestión.
Por Sergio Berensztein
Fuente: TN
