Desde que en 1889, Otto von Bismark estableció el seguro por vejez e incapacidad, el sistema jubilatorio de reparto primero fue una gran fuente de ahorros donde los políticos metían mano para financiar el populismo, y luego se convirtió en un gran dolor de cabeza para todos los gobiernos que tienen este sistema jubilatorio.

Recordemos que Bismark estableció las jubilaciones a partir de los 70 años cuando la esperanza de vida era de 35 años para los hombres y 38 años para las mujeres, de manera que la gente aportaba y se moría antes dejando una gran caja para el estado.

En Argentina el problema del sistema previsional no sería tan diferente al del resto de los países que tienen un sistema de reparto, sino fuera, entre otras causas, porque mediante una moratoria se duplicó la cantidad de jubilados que había. Concretamente, las personas que aportaron toda su vida para obtener una jubilación y los pensionados, suman 3.127.562 con un presupuesto anual de $ 1.342.667 millones, incluyendo $ 114.000 millones por reparación histórica. El primer dato a tener en cuenta es que en un sistema de reparto, el financiamiento proviene de los aportes personales y las contribuciones patronales. Los ingresos de la ANSES por esos dos rubros presupuestados para 2020 son $ 1.551.808 millones. En otras palabras, en principio el sistema tendría financiamiento propio a pesar del trabajo en negro y del resto de los problemas que tiene.

Es más, los asalariados privados y empleados públicos suman 9,2 millones de personas. Esto significa que hay 3 personas en actividad por cada jubilados y pensionado que aportan al sistema previsional. Si bien el número correcto es de 4 trabajadores en actividad por cada jubilado, 3 por 1 es complicado pero no catastrófico.

El problema del sistema previsional estalló cuando el kirchnerismo decidió incorporar a 3.577.896 personas al sistema previsional, con lo cual más que duplicó la cantidad de personas a repartir los recursos del sistema previsional. El presupuesto asignado a esos $ 3.577.896 millones es de $ 817.419 millones. Claramente ese dinero no alcanza y lo que se hizo fue igualar las jubilaciones todas hacia abajo.

Si tomamos solamente el gasto de los $ 3,1 millones de jubilados que aportaron, el presupuesto asignado representa el 21,5% del presupuesto total de 2020. Si agregamos el presupuesto asignado a los 3,5 millones que no aportaron, el gasto en jubilaciones y pensiones asciende al 34,6% del gasto total.

El primer dato a considerar es que no es cierto que las jubilaciones de los que aportaron representen el 50% del presupuesto como alegremente se dice en los medios de comunicación. El dato a tener en cuenta es que la ANSES tiene un presupuesto de $ 3.138.638 millones que representa el 50% de presupuesto, pero incluyendo la AUH, el subsidio a ex combatientes, Pensión por Adulto Mayor, Atención Subsidio de Contención Familiar, Atención Subsidio Tarifas, Atención Seguro de Desempleo, Asignaciones Familiares, Asignación Universal para Protección Social, Ayuda Escolar Anual, Atención Ex Presos Políticos, Pensiones a Madres con 7 hijos o Más, Pensiones Otorgadas por Legisladores y el listado sigue. Todos estos planes sociales no tienen nada que ver con el sistema previsional. Además, están todos los otros programas sociales que están repartidos en otros organismos, como en el Ministerio de Desarrollo Social o el Ministerio de Trabajo.

De manera que si uno quita el peso sobre el presupuesto de todos esos planes sociales, el peso de las jubilaciones y pensiones de los que aportaron al sistema previsional queda solo en el 21,5% y el resto son todos planes sociales que deberían ir a otro lado y no a mezclarse en la ANSES con las cajas jubilatorias, incluidas las jubilaciones y pensiones de por moratorias. Es más, si a estos planes sociales les agregamos los que están repartidos en otras partes del presupuesto como las famosas Pensiones por Invalidez Laboral, Argentina Trabaja, PROCREAR, Becas PROGRESAR, Hacemos Futuro, etc. el mayor peso sobre el gasto está en esos planes que en las jubilaciones de los que aportaron. Todo parece indicar que la idea es seguir igualando hacia abajo, quitándole a los que aportaron para financiar en parte el resto de los planes sociales.

Ahora, si nos concentramos solo en el ajuste por inflación de las jubilaciones, en realidad lo que hizo Cambiemos fue un disparate porque las jubilaciones son función de: 1) la tasa de impuesto que se aplique a los que trabajan en blanco, 2) el salario real sobre la que se aplica esa tasa, c) la relación trabajadores en actividad y jubilados y d) la tasa de los que trabajan en negro.

La legislación laboral argentina estimula el trabajo en negro porque los costos laborales directos e indirectos son tan altos que la gente prefiere trabajar en negro. Pero, además, quienes reciben planes sociales, también prefieren trabajar en negro porque si se registran en blanco dejan de cobrar los planes sociales. De manera que el sistema está armado para que haya pocos aportantes al sistema previsional mientras la esperanza de vida aumenta gracias a la medicina.

En definitiva, el ajuste de las jubilaciones en un sistema de reparto debería ser función de la recaudación de los aportes y contribuciones patronales y no de la inflación. El problema es que se han mezclado tantas cosas y unos pobres financian a otros pobres, que ya nadie sabe dónde está parado y todos pelean por una parte del ingreso que es cada vez menor por los desestímulos a la inversión que hay en Argentina, que hacen que la productividad sea baja, el salario real sea bajo y, por lógica consecuencia, las jubilaciones sean miserables. Si a eso se le agrega que tiene que también son usadas para financiar otros planes sociales, los jubilados presentes y futuros están condenados a la miseria.

Es más, si una persona en actividad, previendo que va a recibir una jubilación miserable, ahorra en propiedades para tener una renta cuando se retire (como hacían nuestros bisabuelos y abuelos), hoy el estado los castiga cobrándoles el impuesto a los bienes personales. De manera que lo condena a vivir en la miseria porque lo castiga con el monto de la jubilación y lo castiga si ahorra en propiedades. El estado casi obliga a vivir en la miseria a los jubilados presentes y futuros.

Viendo el fracaso del sistema de reparto, lo mejor es volver a un sistema de capitalización, pero con mayor libertad de la gente para elegir los instrumentos en los cuales ahorrará para su vejez, porque queda claro que es absolutamente falso que si los políticos se van a encargar de la vejez de las personas, estas vayan a vivir dignamente sus últimos años. El estado ha estafado a generaciones condenándolas a la miseria más absoluta en nombre de la solidaridad, palabra que implica un acto voluntario con los recursos propios y no es hacer “solidaridad” con los recursos de los demás tomándolos en forma compulsiva.

En su ensayo La Ley, Bastiat, hablando de la expoliación legal, dice: “¿Cómo reconocerla? (a la expoliación legal). Es muy sencillo. Hay que examinar si la ley quita a algunos lo que les pertenece, para dar a otros lo que no les pertenece. Hay que examinar si la ley realiza, en provecho de un ciudadano y en perjuicio de los demás un acto que aquel ciudadano no podría realizar por si sin incurrir en criminalidad. Perentoriamente debe derogarse tal ley; no constituye solamente una iniquidad, sino que es ella fuente fecunda de iniquidades…”.

Y concluye más adelante: “La quimera de hoy es la de enriquecer a todas las clases, las unas a expensas de las otras; es la de generalizar la expoliación bajo el pretexto de organizarla.”

Eso es lo que ocurre en Argentina, se ha generalizado la expoliación en nombre de la solidaridad, por lo cual ya pocos tienen estímulos para producir: unos porque pretenden seguir siendo mantenidos por los que producen, y los que producen porque cada vez encuentran menos sentido a producir para luego ser expoliado impositivamente por el estado.

Fuente: Economía para Todos