La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que conduce
Sergio Bergman, celebra la aprobación de la Ley de Presupuestos Mínimos de
Cambio Climático, tras la media sanción de la Cámara de Diputados.
La norma es de fundamental importancia para formalizar e institucionalizar la
mecánica de trabajo implementada en el marco del Gabinete Nacional de Cambio
Climático y de la Comisión de Cambio Climático del Consejo Federal de Medio
Ambiente. En ese sentido, deja un legado institucional asegurando la permanencia
en el tiempo del Gabinete Nacional de Cambio Climático y posicionando al
tratamiento del cambio climático como una política de Estado.
El Gabinete Nacional, creado mediante el Decreto 891/2016, agrupa organismos
públicos nacionales involucrados en políticas climáticas, bajo la órbita de
Jefatura de Gabinete de Ministros y la coordinación técnica de la Secretaría de
Cambio Climático y Desarrollo Sustentable. El objetivo de este instrumento es
reorientar las políticas públicas, asegurar respuestas coordinadas y generar
acciones de mitigación y adaptación. Se reúne periódicamente y valida su trabajo
en mesas ampliadas, convocadas por la Secretaría de Ambiente nacional, con
representantes de la sociedad civil y otros sectores.
En 2016, Argentina ratificó el Acuerdo de París bajo la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. A través de dicho instrumento
internacional, se asumió el compromiso de formular y actualizar regularmente
programas nacionales tendientes a mitigar el cambio climático y facilitar la
adaptación a sus efectos. En ese marco, ese año, se presentó una revisión de la
Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), siendo Argentina el primer país
en hacerlo y uno de los pocos que ha aumentado la ambición de su NDC desde la
adopción del Acuerdo de París.
La meta de dicha contribución se logrará a través de la implementación de una
serie de medidas focalizando en los sectores de energía, agricultura, bosques,
transporte, industria y residuos. En ese sentido, esta ley busca garantizar la
continuidad del trabajo realizado en estos años, dar un marco jurídico a la
temática y bregar por el cumplimiento de la Contribución Determinada a Nivel
Nacional.
De esta manera, el Congreso Nacional estableció los presupuestos mínimos para
la gestión adecuada del cambio climático, el diseño e implementación de
políticas, acciones, instrumentos y estrategias de mitigación y adaptación al
cambio climático, en aras de proveer herramientas para armar planes de cambio
climático, establecer un estándar mínimo de planificación a nivel territorial y
crear sistemas de información para la generación de datos y transparencia.
Contar con este marco jurídico, no sólo facilitará el cumplimiento de la NDC,
sino que también fomentará relaciones interjurisdiccionales, promoverá los
planes locales de respuesta, permitirá la coordinación de políticas nacionales,
locales y sectoriales y potenciará acciones que contribuyan a la adaptación al
cambio climático y a la reducción de gases de efecto invernadero.
Desde el punto de vista internacional, este instrumento normativo posiciona
al país a la par de otros Estados de la región que ya cuentan con una ley de
cambio climático como Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México, entre otros.
Asimismo, armonizará la obligación internacional de presentar datos con la
obligación interna de proveerlos.
Finalmente, permitiría reforzar el trabajo que se viene realizando desde la Secretaría de Ambiente en articulación con las carteras a nivel nacional, la sociedad civil, el sector privado y académico y las provincias y municipios para poder dar respuestas efectivas a las demandas de la sociedad, en particular, de los más jóvenes.