La incertidumbre crece día a día. Y del próximo gobierno no sale ninguna información sobre los derechos de exportación para la agricultura.

Lo que sí se toma como predominante es que aplicará una suba. Frente a esta suerte de certeza, los tenedores de granos han acelerado la liquidación de sus productos para vender a valores actuales.

Al respecto, ¿qué tenemos en concreto? Fernández ha transmitido la imperiosa necesidad de mayores recursos fiscales. Y ha dicho que, por ello, determinados sectores deberán poner el hombro, entre ellos el campo.

Hoy, al vender los granos, la producción paga una suma de $4 por cada dólar, que representa aproximadamente una alícuota de 7%, con excepción de la soja, que tributa tal suma más una alícuota del 18% lo que termina dando cerca del 25%.

Desde septiembre del año pasado, los productos del complejo sojero están gravados con un derecho de exportación del 18% al que se suma la mencionada suma de $4 por cada dólar FOB exportado (que representa un derecho adicional de más o menos 7%)

Por los demás, se paga un derecho de $4 por cada dólar.

Obviamente, a medida que el dólar incrementa su valor en pesos, porque éstos se deprecian, la alícuota por el derecho de exportación se reduce como resultado del menor peso que tiene la suma de $4.

Así, las cosas, puede decirse que las “retenciones” tienen, hasta el 10 de diciembre” una tendencia a la baja.

Pero no es todo tan claro. El problema es la brecha entre el dólar oficial y el contado con liquidación (alrededor de $15). La diferencia entre el dólar oficial y el Contado con Liquidación implica una “retención cambiaria” adicional. Ella sería de algo más del 20% si tomamos en cuenta el precio actual de la soja disponible Rosario versus las divisas que se cobrarían al destinar los pesos obtenidos por esa venta de soja para generar dólares Contado con Liquidación. Pero, en fin, no compliques demasiado el análisis.

Para trata de prever cuál será la política agrícola, aunque sea de forma difusa, es útil mirar el documento de propuestas de políticas económicas del Partido Justicialista, entregado el 8 de octubre pasado a Alberto Fernández. Fue elaborado por 18 comisiones coordinadas por Ginés García González. Tiene los siguientes capítulos: “Salud”; “Educación”; “Ciencia, Tecnología e Innovación”; “Hábitat y Vivienda”; “Cuidados”; “Políticas Sociales”; “Trabajo, economía popular, social y solidaria”; “Producción agropecuaria”; “Reactivación industrial”; “Política industrial”; “Energía”; “Financiamiento al desarrollo”; “Comercio exterior”; “Ingresos públicos”; “Gestión estatal federal”; “Política exterior”; “Defensa nacional” y “Seguridad”.

El trabajo propone una mayor intervención del Estado, apuntando, entre otras cosas, a la generación de empleo, la creación de planes de vivienda y la revalorización de la economía social.

Pero, lo que más nos importa acá es leer el capítulo referido a la producción agropecuaria. En una parte dice: “Los precios de los alimentos no deben estar atados al vaivén del dólar: implementaremos políticas para atemperar el impacto de las subas del dólar en el valor de la canasta familiar. Se activará la promoción de ferias y mercados locales; se establecerán mecanismos de vigilancia de precios a partir de precios referenciales para las cadenas de comercialización”.

Entre otras buenas intenciones agrega: “Trabajaremos para sostener el equilibrio del productor, analizando su estructura de costos y trabajando para mejorar su ecuación económica. “

No hay mucho que opinar. Está claro que, según este documento, resulta necesaria la acción de un grupo de planeadores, quienes, desde un escritorio, tratarán de modificar muchos aspectos de la economía agrícola, con el enorme riesgo de “arruinar” lo alcanzado en las últimas décadas, pese a las políticas adversas a la producción agrícola.

No sólo hay preocupación por la seca. De hecho, difícilmente alcancemos una cosecha de 18 millones de toneladas, aunque las estimaciones digan 19 millones. Y los problemas de implantación de la soja y el maíz no han cesado.

La preocupación es más política. ¿Qué actitud tendrá el nuevo Gobierno con la agricultura? ¿Volverá aquello de “hay que cuidar la mesa de los argentinos?