ROMA.- Con una nutrida delegación argentina, encabezada por el exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, comenzó hoy en el Vaticano una Cumbre Panamericana de jueces sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, que cerrará mañana el papa Francisco .

"Pensamos que este va a ser un encuentro decisivo", dijo el arzobispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, al inaugurar el evento en el aula magna de la Casina Pío IV, espectacular edificio del Renacimiento enclavado en los Jardines del Vaticano. "Si no se reconocen primero los derechos humanos de cada hombre y mujer, no hay otros derechos. El Papa justamente lo sintetiza como Trabajo, Tierra y Techo pero el tema de los derechos es más complejo. Este encuentro no va a ser sólo expresión de discursos, sino decisiones concretas para tratar que realmente los derechos humanos se apliquen y sean disponibles para todos los habitantes del mundo. Tenemos los instrumentos globales para hacerlo, pero no siempre las fuerzas internacionales, las multinacionales, nos ayudan a la realización de los mismos", agregó.

Sánchez Sorondo ya había convocado a jueces de todo el mundo en junio de 2016 para disertar sobre la trata de personas y el crimen organizado y a juezas y fiscales, en noviembre de 2017. Esta vez, tal como explicó Andrés Gallardo, titular del juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y organizador de la cumbre, la reunión es una continuación de la "Primera Jornada sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana" que se realizó el 4 de junio del año pasado en la Facultad de Derecho de la UBA.

"Espero que podamos juntos desarrollar la misma sinergia que hubo entonces y que logremos corrernos del rígido papel que se le suele asignar a la figura judicial, para sensibilizarnos y comunicarnos desde otro perfil. Que humanicemos nuestro discurso para humanizar luego nuestras prácticas", dijo en la apertura Gallardo, hablando ante magistrados de Estados Unidos, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Colombia, México y demás países del continente.

Formada por más de 20 jueces, la delegación argentina es la más numerosa. Al margen de Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que disertará mañana, al igual que sus colegas Carlos Balbín, Fabiana Schafrik, Guillermo Treacy y Roberto Pompa, asisten como observadores Inés Weinberg -Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CABA y candidata del Gobierno para liderar la Procuración General de la Nación-, Alejandra Villasur, Graciela Christe, Horacio Corti, Silvia Escobar, Francisco Ferrer, María Jazmín Gallardo, César Raúl Jímenez, Elena Liberatori, Mable López Oliva, Adriana Alicia Micale, Juan Manuel Olmos, Alejandra Petrella, Mariana Pucciarello, Bruno Quadri, Luis Raffaghelli, Darío Reynoso, Guadalupe Quillén Reynoso, Felipe Silva Camilo, Graciela Slavin.

Gallardo, autor de "Francisco vs. Moloch. Ideas para una revolución ecosocial", destacó que la cumbre culminará no sólo con un documento final, sino también con la conformación de un Comité Permanente de jueces Panamericano. "La idea es lograr la mayor concreción posible de derechos sociales y ambientales y a su vez, que sea una herramienta de defensa recíproca al magistrado, porque no se nos escapa que la concreción de estos derechos nos genera a veces conflictos entre el poder político y el poder judicial", explicó a LA NACION. "Como dice Francisco, queremos ser levadura. Somos una minoría, pero la idea es que con esa función de levadura logremos expandir rápidamente los derechos sociales y que se sume mucha más gente. Creemos que hay una necesidad, sobre todo en la Argentina, de encontrar agrupamientos genuinos, transparentes, claros, con mensajes alejados de las cuestiones partidarias, coyunturales", agregó.

En su exposición, el juez Gustavo Moreno, Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones N° 2 porteño, aseguró que el desafío de la cumbre es "la exigibilidad y la justiciabilidad" de los derechos económicos y sociales. Subrayó que pese a que, por ejemplo, 196 países ratificaron la Convención sobre los Derechos del Niño, la realidad es que pocos respetan este tratado internacional. "Al menos en mi país, más del 40% de los niños y adolescentes son pobres, según cifras de la Unicef, o de la UCA", lamentó. "¿Cuál es la relación de un tratado internacional, de aplicación inmediata, frente al 40% de niños pobres?", preguntó. "Algo estamos haciendo mal", reconoció.

"Ajustes estructurales"

"Hay muchos obstáculos a los derechos económicos y sociales que son puestos, generalmente, para reconocer no sólo la posibilidad de la garantía, sino para que estos se apliquen directamente. Y un tema central es la Ley de Presupuesto, los fondos que son necesarios para los derechos sociales", también puntualizó Moreno. El magistrado, que citó al Papa y destacó la triste realidad de los descartados, por otro lado criticó "los ajustes estructurales potenciados por organismos de financiamiento internacional que generan más pobres", aludiendo silenciosamente al Gobierno, sin nombrarlo y desencadenando un aplauso de parte de varios colegas argentinos.

"Recientemente Francisco dijo que donde hay un buen juez, la sociedad anda bien. Me atrevería humildemente a interpretar que el buen juez al que se refiere el Santo Padre es sin duda aquel hombre o aquella mujer que en cumplimiento de su magistratura garantiza frente a los poderosos la sed de justicia que tienen los movimientos populares que reclaman tierra, techo y trabajo, como otras personas descartadas y desplazadas con el mismo clamor de justicia", concluyó Moreno.

En una pausa Zaffaroni -que contó que ya se encontraba en Italia porque fue profesor invitado de un curso en Nápoles-, adelantó a LA NACION que mañana, en su exposición, hablará sobre agroquímicos y lo que se puede hacer judicialmente para proteger a la población de su abuso. "Somos el país que tiene el mayor consumo de glifosato por cabeza. Eso tiene efecto inmediato en el caso de la fumigación y tiene un efecto más tardío sobre la alimentación de todos, porque quedan residuos", explicó. "Judicialmente se puede controlar lo que es la fumigación. El problema es que hay que enfrentarse con todo un aparato de política económica de exportación", apuntó. En cuanto a las expectativas de la cumbre, se manifestó esperanzado en que quede algo permanente; aunque opinó que "habría que hacer un observatorio, más que una comisión, para que haya un monitoreo de los derechos sociales en toda la región".