La Justicia Federal de Rosario declaró la inconstitucionalidad de las retenciones establecidas por el gobierno nacional el año pasado, de $ 4 y 3 pesos por dólar exportado, con vigencia entre septiembre y diciembre, cuando luego las ratificó el Congreso.
Los abogados que promovieron la demanda por una firma, María Eugenia Salvatierra y Andrés Marcato, integrantes del Departamento de Derecho Tributario y Aduanero del Estudio Casanova, Mattos & Salvatierra, explicaron que "a esta altura seguramente todos los exportadores ya han ingresado tales derechos de exportación, por lo que la vía judicial que se recomienda es la acción de repetición contra el Estado Nacional, que se inicia con un reclamo administrativo ante la Afip-Aduana, y luego, en caso que sea rechazado -ya sea por denegación expresa o tácita-, con una demanda contenciosa por ante la Justicia Federal".
La Justicia ordenó la devolución de las retenciones abonadas por la empresa
demandante, sostuvo Rosario3.com. Ante una consulta de LA NACION, una fuente del
Ministerio de Hacienda dijo que todavía no tenían conocimiento del fallo, agregó
que ya hubo casos puntuales en otros lugares, como Bahía Blanca, que fueron
apelados. Lo mismo ocurriría ahora.
Según los abogados, se trata un "leading case" a nivel nacional y anticiparon que "representará el puntapié inicial para sucesivos planteos de repetición que pueden promover las empresas exportadoras de la zona ante la Justicia Federal de Rosario".
La resolución judicial que declaró la inconstitucionalidad sostiene que el Poder Ejecutivo Nacional cayó en "exceso de su potestad reglamentaria, sin que exista una delegación legislativa válida, y en violación de la prohibición constitucional que pesa sobre el Poder Ejecutivo de legislar en materia tributaria". Destacó que los derechos de exportación creados por el decreto "padecen de una nulidad absoluta e insanable".
Como antecedente, el tribunal citó un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Camaronera Patagónica", donde se buscaban fijar tributos aduaneros vía resolución ministerial del por aquel entonces Ministerio de Economía e Infraestructura de la Nación.
Según el fallo de la Justicia Federal rosarina, teniendo en cuenta el mencionado caso, el Ejecutivo Nacional "pretendió subsanar esta irregularidad, incluso en forma retroactiva, con la aprobación de la ley de presupuesto del 2019".
