La Secretaría de Gobierno de Agroindustria, a través de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (DNCCA), realizó controles en Córdoba, Mendoza, San Luis y Buenos Aires.
En la localidad cordobesa de Las Perdices, agentes de la DNCCA clausuraron una planta dedicada al acopio y proceso de maní, dado que la firma no pudo amparar la mercadería hallada en depósito y se le detectó un usuario de proceso no matriculado en RUCA. Por otra parte, en la localidad de Los Cisnes, en la misma provincia, se clausuró otra procesadora, donde se detectaron tres usuarios no matriculados, mediante tareas de cruzamiento de información.
En San Luis se clausuró un mayorista de harinas y se interdictaron la totalidad de las bolsas en un establecimiento que no contaba con matrícula RUCA, y representaba un molino de Roldán en la provincia de Santa Fe. En Malargüe, provincia de Mendoza se clausuraron otros dos depósitos mayoristas de harina que representaban molinos santafesinos y operaban sin matrícula de RUCA, por lo que se retuvo la totalidad de la harina hasta que regularicen la situación.
En Olavarría, provincia de Buenos Aires, se inhabilitaron dos plantas. Por un lado, una cerealera que operaba sin matrícula y no pudo amparar la mercadería hallada en depósito, lo que motivó la interdicción del total del grano. Por otro lado, se clausuró un procesador de granos y semillero por los mismos motivos que la cerealera antes descripta, y se procedió de igual modo, se retuvo el total de la mercadería hasta que la empresa ampare origen y procedencia de los granos, y obtenga la matrícula de RUCA.
Asimismo, en la localidad bonaerense de Roque Pérez se retuvieron 770 toneladas de soja, maíz, avena y girasol, a una planta de alimentos balanceados por no contar con las cartas de porte de respaldo del cereal y por presentar graves inconsistencias entre lo cubicado en planta por el personal actuante y los libros oficiales. También se constató que la firma no cumplía con el envío de las declaraciones juradas de movimientos de granos que le son obligatorias por normativa vigente, desde que inició actividades.