La Mesa de Enlace de Entre Ríos, la Bolsa de Cereales de esa provincia y el
centro de acopiadores que agrupa a los actores de este sector se presentaron
ante los tribunales de Paraná y pidieron que se desestime un amparo que habían
impulsado un grupo de ambientalistas y la Asociación Gremial del Magisterio de
Entre Ríos (Agmer) contra un decreto reglamentario sobre las aplicaciones de
agroquímicos.
El año pasado, tras un reclamo de esos grupos, un fallo judicial prohibió las
aplicaciones a menos de 1000 y 3000 metros, terrestres y aéreas, de escuelas
rurales. En octubre último la Sala de Procedimientos Constitucionales del
Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, en voto dividido, confirmó
una sentencia de la Cámara Civil, Sala Segunda, que había prohibido aplicar
fitosanitarios alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia.
Enseguida, los productores argumentaron que así saldrían de la producción unas
300.000 hectáreas, algo equivalente a todo lo que allí se siembra de trigo. Los
productores pidieron la intervención del gobernador Gustavo Bordet, que vía un
decreto estableció las distancias en 100 y 500 metros, respectivamente.
Antes, la provincia había recurrido a un recurso extraordinario federal (REF)
en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando que la medida inicial
afectaba derechos de los productores y que unos 45.000 de ellos no habían sido
parte del proceso.
El 4 de febrero último, nuevamente ambientalistas y docentes presentaron un amparo para que se declare la nulidad del decreto de Bordet.
Según fuentes de la Mesa de Enlace de Entre Ríos, como ayer se vencían los plazos judiciales los ruralistas decidieron pedir ante la Justicia provincial que se desestime el amparo, según informó a LA NACION Walter Feldkamp, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Entre Ríos.
