Dos meses es el plazo que se propusieron la cadena del trigo , la firma Bioceres y el Gobierno para decidir si se aprueba o no una variedad de trigo genéticamente modificada, desarrollada en la Argentina.

Esa fue la conclusión de una reunión que se realizó en la Casa Rosada con el presidente Mauricio Macri y en la que participaron funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria; del INTA; el asesor presidencial Francisco Cabrera; representantes de la industria molinera, de los acopiadores y de los exportadores; el presidente de Bioceres, Federico Trucco, y uno de los fundadores de esa firma, Gustavo Grobocopatel.

Aunque no hubo comunicación oficial por parte de Presidencia de la Nación ni de la Secretaría de Agroindustria, la decisión de plantear ese lapso de 60 días se debió a las posiciones encontradas que hay sobre el tema. Por un lado, Bioceres, propietaria del trigo HB4 resistente a sequía, solicita su autorización. Hasta ahora la obtuvo de la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia) y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) respecto de las condiciones de seguridad productiva y sanitaria. Solo le falta el visto bueno para su comercialización por parte de la Secretaría de Agroindustria.

Del otro lado, molineros, acopiadores y exportadores de granos consideran que, como el trigo transgénico no está autorizado en ningún otro país, si se lo aprueba en la Argentina se pondrían en riesgo exportaciones por al menos 13 millones de toneladas del cereal.

El desarrollo de Bioceres se logró a partir de un trabajo con científicos de la Universidad del Litoral que incorporaron al trigo un gen proveniente del girasol para dotarlo de resistencia ante condiciones de estrés hídrico.

"No es fácil ser el primero en animarse a algo que otros no han hecho", dijo Trucco en declaraciones al programa radial Años de campo. Sucede que las compañías que utilizaron la biotecnología agrícola en soja, maíz y algodón para enfrentar las plagas y enfermedades de los cultivos y reducir el uso de agroquímicos frenaron sus programas de investigación de trigos transgénicos por las campañas en contra de esta tecnología. Como la soja y el maíz tienen como destino mayoritario la alimentación animal y el trigo se usa básicamente para consumo humano, las compañías semilleras internacionales desactivaron las investigaciones con el cereal, pese a que tras más de 25 años de uso no hay evidencias científicas de que los cultivos transgénicos sean nocivos.

"La Argentina tiene apenas el 8% del comercio internacional de trigo, no les puede imponer sus condiciones a los compradores", dijo Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM). "Estamos en favor de la tecnología, pero no podemos poner en riesgo la producción nacional de casi 20 millones de toneladas", añadió. No obstante, Cifarelli valoró la instancia de diálogo abierta con el presidente Macri y con Bioceres y dijo que mantendrán reuniones con importadores de trigo argentino para procurar su aceptación.

Ante la consulta de LA NACION, en la Secretaría de Agroindustria declinaron formular comentarios. No obstante, en la cartera que conduce Luis Miguel Etchevehere están de acuerdo con exportadores, acopiadores e industriales molineros en no aprobar comercialmente el nuevo cultivo hasta tanto los países compradores no acepten este desarrollo.