Se trata de un pacto no escrito, pero lo suficientemente claro: el límite es la cárcel, como producto de una condena por delitos de corrupción.

Ninguno de ellos puede ser el primero. En cuánto caiga uno, pueden seguirle los demás. Y en el caso del sindicalista la postura es más uniforme todavía: todos tienen claro que si Hugo va prisión, lo que sigue puede ser la revisión de la caja multimillonaria que les da sustento. Desde las obras sociales a los juicios laborales con retorno incluido. Eso, y nada más que eso, es lo que explica que Miguel Angel Pichetto sostenga con semejante vehemencia los fueros a Menem y a Cristina, pero también que el resto del peronismo, y parte del radicalismo permanezca en silencio. "Estamos demasiado solos. Por eso hay que mostrar todo lo que se pueda mostrar. Ahora están nerviosos, desesperados, y cometen errores", me dijo un dirigente muy cercano a Elisa Carrió.

La comprometida situación judicial de Pablo Moyano, y la posibilidad de que se avance sobre su padre, impacta, incluso, fuertemente en la interna de la Iglesia. Alguien que se comunica muy seguido con el Papa Francisco pero que asegura no hablar en nombre de él sostiene que Bergoglio está preocupado por la situación social y económica. "Pero una cosa es eso y otra cosa darle un espaldarazo a Pablo Moyano en una causa donde se investiga la formación de una asociación ilícita para defraudar a un club de fútbol", me explicó.

Los juicios contra Cristina Fernández avanzan con prisa y sin pausa. El año que viene, pasará buena parte de la campaña electoral respondiendo las preguntas de los jueces en el medio de los juicios orales. Los consultores más serios explican que los Cuadernos de la corrupción no la terminaron de golpear, pero que hay una caída en goteo que se va extendiendo de a poco, a lo largo de los días. Lo que está pasando en Brasil con Lula y su delfín a regañadientes, Fernando Haddad, es un espejo en el que se debería mirar Unidad Ciudadana. La irrupción de Jair Bolsonaro tiene más que ver con la implosión del PT por lo casos de corrupción que por la propia habilidad del candidato.

El clan Moyano, por su parte, intuye que el dineroducto que la obra Social de la Federación, el Sindicato, la Mutual, e Independiente y que fluye directo a las empresas del clan familiar tarde o temprano se va a terminar cortando. OSCHOCA está prácticamente quebrada y solo es cuestión de tiempo que la Superintendencia de Servicios de Salud le asigne veedores para revisar las cuentas y que, más temprano o más tarde, la intervengan. Además de eso, si un fiscal y un juez se ponen a revisar los números de los balances, descubrirán rápidamente como la pareja de Hugo, Lilina Zulet, se apropió de la renta de la obra social. Y la usó para comprar nuevas empresas e inmuebles, igual que lo hicieron Cristóbal López y Fabián de Sousa a través de la apropiación del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC).

Con la elevación a juicio del fiscal Alvaro Garganta, todo indica que Daniel Scioli podría zafar, si es que no se impone antes la mirada de la jueza de garantías Marcela Garmendia, quien sostiene que la megacausa fue atomizada para garantizar la impunidad del ex gobernador. Como se recordará, Garganta había imputado a Scioli y a su ex jefe de gabinete,Alberto Pérez, al ex titular de Aguas de Buenos Aires Guillermo Scarcella y otros, por delitos graves. Desde asociación ilícita hasta lavado de dinero. Pero al final lo procesó solo por negociaciones incompatibles con la función pública, un delito relativamente menor y excarcelable.

Lo que está pasando con Scioli y con Moyano muestra de la manera más impúdica cómo funciona la justicia en la provincia de Buenos Aires. La última noticia sobre esto es la denuncia contra Luis Silvio Carzoglio, el juez que se negó a detener e indagar a Pablo Moyano en la causa por asociación ilícita contra Independiente. A través de la intervención del teléfono de Javier Pinocho Belizán, el asesino del jefe de la barra brava de Arsenal Uriel El Uruguayo Alvarez y del aparato de su pareja, Nadia Antúnez, la fiscal de Avellaneda detectó que Carzoglio ejecutó una serie de maniobras para morigerar la pena de Belizán y de otros detenidos. Si se comprueban los delitos contra el magistrado, el ex director del cementerio de Avellaneda estará más cerca de la suerte de César Melazo, otro magistrado detenido por connivencia con bandas de narcos y asesinos, que de la imparcialidad que dice sostener en cada uno de sus fallos.