Tanto el Instituto de Análisis Fiscal (Iaraf) como el Observatorio de la Cadena Láctea han hecho saber, en un trabajo de investigación, que en la conformación del precio de la leche en la Argentina el 44 por ciento corresponde a cargas impositivas o a tasas municipales. Tan desmedida carga fiscal sobre un producto de tal demanda social afecta fuertemente a las personas de menores ingresos.
Entre 1990 y 2002 la carga tributaria efectiva que afrontaban los habitantes del país era de niveles similares a la mayoría de los países latinoamericanos. Esos promedios oscilaron entre el 13,7 del PBI en 1990 y el 18,4 por ciento en 2002. En 2016 la presión tributaria sobre los argentinos se había elevado al 31,3 por ciento.
Lo que sucede con la composición del precio de la leche constituye otra muestra evidente de cómo el país continúa abusando de algunos renglones del sector agropecuario, el más competitivo, hasta agobiarlos y debilitarlos. Es de sobra conocida la serie de quiebras de tambos y los padecimientos de importantes industrias lácteas. Por otra parte, es este un ejemplo absolutamente lamentable de cómo los discursos políticos no se compadecen con lo que, en la realidad, sucede.
Cuando se proclama perseguir un statu quo de "hambre cero", diciendo que para ello todos los esfuerzos deben dirigirse a proteger a los más débiles, situaciones como las que comentamos desnudan cuando menos un contrasentido. Cabe ahora esperar que surjan proyectos para corregir una penosa realidad.
