La Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA) se declaró en "alerta" ante la resolución de la AFIP de aplicar el Remito Electrónico Cárnico (REC) a partir del primero de septiembre.
"No somos recaudadores, ni fiscalizadores: somos comerciantes y trabajadores, y las carnicerías son nuestros clientes, no nuestros contribuyentes. Es hora de que el Estado ponga toda su estructura a controlar y fiscalizar el comercio minorista para que actué en forma legal y transparente y no nos imponga más cargas a los matarifes, que no tienen nada que ver con nuestro trabajo y que solo hacen aumentar el precio de la carne y la inflación que dicen combatir", dice la entidad en un comunicado.
CAMyA pidió que las autoridades revean esta medida y convocó a una reunión
para mañana, a las 10, en el Mercado de Hacienda de Liniers a efectos de
"definir acciones a tomar".
El comunicado explica, además, que "a pesar del diálogo y la búsqueda de
soluciones conjuntas" para fortalecer la cadena de la comercialización de carne
vacuna, esta medida, sumada a la de ARBA referida a las percepciones, ponen a
los matarifes y abastecedores en "un rol que es indelegable del Estado, el cual
es percibir y recaudar impuestos, y fiscalizar su cumplimiento".
En cambio, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), entidad que nuclea a los principales frigoríficos exportadores del país, expresó su "total conformidad" con la reciente resolución de la AFIP mediante la cual se crea la figura del remito electrónico cárnico como único documento de validez para el traslado de carnes y subproductos derivados de la faena de hacienda bovina.
Mario Ravettino, presidente del consorcio, dijo que se trata de una "medida de sustancial importancia, que colabora con la formalización y transparencia de la cadena de ganados y carnes, que se complementa con el pago a cuenta de IVA y aportes previsionales, y la instauración del sistema de cámaras y cajas negras en todos los establecimientos faenadores".
