El proyecto anula los aumentos de las tarifas desde noviembre del año pasado. A partir de entonces, los incrementos deberán hacerse de acuerdo con las subas salariales. Las pymes tendrán también aumentos mucho menores que los estipulados por el Gobierno.

Los gastos del desvarío ascenderían a 150.000 millones de pesos, que el proyecto no indica de dónde saldrían.

Ese proyecto fue votado por todo el mosaico peronista en Diputados (el kirchnerismo, el massismo y los renovadores que responden a los gobernadores). En el Senado podría replicarse esa imagen de un peronismo unido para bloquear una decisión clave de la administración de Macri, más crucial aún desde que el país le pidió créditos al Fondo Monetario Internacional. Si todo sucediera como parece, el peronismo escribirá hoy las primeras líneas de la campaña presidencial de 2019.

Ayer fracasó una negociación de último momento para trazar una diagonal entre las posiciones del macrismo y las del peronismo. Se trataba de un proyecto alternativo al de Diputados, que estipulaba una baja del 50 por ciento en la carga del IVA para las tarifas de los servicios públicos y el traspaso de Edenor y Edesur a la provincia de Buenos Aires y a la Capital. La dos propuestas tuvieron orígenes peronistas que el Gobierno hizo propias. La reducción del IVA fue una iniciativa de los gobernadores peronistas Juan Schiaretti, de Córdoba, y, sobre todo, de Juan Manuel Urtubey, de Salta. El traspaso de Edenor y Edesur fue una idea de tres senadores peronistas importantes: Omar Perotti, de Santa Fe; Carlos Caserio, de Córdoba, y Guillermo Guastavino, de Entre Ríos. Sin embargo, el bloque de senadores peronistas no kirchneristas que lidera Miguel Pichetto decidió, después de casi cuatro horas de deliberación, rechazar el proyecto alternativo y votar hoy, sin ninguna modificación, el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados.

La primera pregunta que surge es sobre el nivel de influencia real de los gobernadores en la opinión de los senadores. Según las apariencias, es muy poco. Otra versión, que circula no solo en medios macristas, sino también peronistas, es que los gobernadores tienen un doble discurso. Por un lado, envían mensajes a la sociedad y al Presidente de que están dispuestos a ayudar en la gobernabilidad cuando apoyan el proyecto alternativo. Varios de ellos (Schiaretti, Urtubey, Bordet, Uñac) señalaron públicamente, además, que la fijación de tarifas es una facultad del Poder Ejecutivo y no del Congreso. El Congreso ya trató el tema tarifario cuando aprobó el marco general sobre los precios de los servicios públicos y el presupuesto de este año, que estimaba recursos del Estado según los aumentos de tarifas y la consiguiente quita de subsidios. Aunque se trata de una observación obvia, es relevante que esa opinión la hayan compartido gobernadores peronistas, que son, a su vez, jefes políticos de varios de los senadores que votarían hoy por una posición absolutamente contraria.

El rumor en boga indica que los gobernadores dicen eso en el discurso público, pero que dejan hacer a sus senadores y diputados. Una reducción del IVA significaría también una disminución de los recursos provinciales, porque el IVA es un impuesto coparticipable. Los mandatarios están seguros, en cambio, de que el proyecto de Diputados será vetado por el Presidente si lo aprueba el Senado. De esa manera, Macri pagaría el costo político de una decisión impopular y, al mismo tiempo, los gobernadores no verían afectados sus recursos por una reducción del IVA. Ofrecen sacrificar lo que no están dispuestos a sacrificar. La maniobra sería perfecta si no constituyera también un giro dramático en la política de los dos últimos años. El peronismo, la colectividad política más importante después del oficialismo, fue ganado por la insensibilidad política cuando todavía a Macri le queda un año y medio de mandato. ¿No era acaso que el Congreso no podía decidir sobre tarifas? No importa, porque de lo que se trata es de arrinconar al Presidente en una posición impopular. ¿No era que la reducción del IVA era mejor que congelar el precio de los servicios públicos? Tampoco importa, porque ninguno de los dos proyectos será una ley en serio. Con ese criterio, la dirigencia política volvió a asomarse al vacío como quien se pasea por un lugar conocido.

El único argumento que se escuchó en el bloque de senadores peronistas no kirchneristas para justificar el apoyo al proyecto de Diputados es que tuvo una presión insoportable para que la bancada no se fracturara. ¿De quién vino la presión? ¿De los gobernadores, los únicos referentes conocidos de esos senadores? ¿De Sergio Massa, autor del proyecto de Diputados y cercano al jefe del bloque de senadores, Miguel Pichetto? Imposible encontrar otros dirigentes en condiciones de presionar al bloque, que es la herramienta institucional más importante que tiene el peronismo.

La apelación a Cristina

Macri sabía el lunes que lo aguardaría la derrota en el Senado. La peyorativa alusión a Cristina Kirchner , y la vinculación a ella de gobernadores y senadores no cristinistas, significó en los hechos el fin de cualquier esperanza. Se tornó improbable que después de semejante mensaje el peronismo federal (o renovador o no kirchnerista, como se lo quiera llamar) aceptaría el llamado presidencial. Macri apeló a Cristina por dos razones. Primero, para reinstalar la polarización con la dirigente peronista que más rechazo provoca en la sociedad y, de paso, para recordarle al peronismo que la expresidenta forma parte de su pasado. La segunda razón fue para trazar una frontera definitiva entre la responsabilidad y la irresponsabilidad frente a los deberes del Estado, según subrayaron fuentes oficiales, que colocaron este objetivo como el más importante de todos.

El Presidente les sacó a los gobernadores peronistas el argumento de que el presupuesto nacional pagaba los subsidios de los servicios públicos en la Capital y la provincia de Buenos Aires. Decidió traspasarles a estos distritos Edenor y Edesur en el proyecto alternativo. No obstante, funcionarios bonaerenses sostienen que ese razonamiento es falso. Según ellos, la actualización en las tarifas de gas y electricidad que ya se hizo dejó sin subsidios en todo el país al transporte y a la distribución de esos servicios. Está subsidiada la generación de electricidad y gas, pero ese subsidio beneficia a todos los habitantes del país. El mayor subsidio del que disponen los bonaerenses es el del transporte, por el que pagan precios muy bajos comparados con el interior. En el acuerdo fiscal firmado hace cinco meses, el Estado nacional y la provincia de Buenos Aires se comprometieron a ir bajando ese subsidio en los próximos tres años. Sea como fuere, la luz y el gas hubieran pasado al control bonaerense y capitalino, lo que despojaría al presupuesto nacional de cualquier subsidio para esos servicios, si es que hubiera subsidio.

El peronismo adelantó dos meses la carrera por la presidencia en 2019. Sus principales dirigentes dijeron siempre que la campaña por el poder nacional comenzaría después del Mundial de fútbol, a mediados de julio. Lanzaron la campaña ahora porque las encuestas señalan que el Gobierno está en su momento más bajo desde que accedió al poder. ¿Es motivo suficiente? Todavía queda, sin embargo, la aprobación del presupuesto del año que viene, que no será cualquier presupuesto porque en él estarán incluidos los eventuales acuerdos con el Fondo Monetario. Esa negociación se hará entre septiembre y diciembre en el Congreso. ¿Cómo estará el peronismo entonces si ahora está como está? ¿Intentará seguir debilitando a Macri?

Es probable que el peronismo perciba que con una derrota en el Senado lo complicará aún más al Presidente. ¿Será tan fácil? ¿Es la sociedad tan ingenua como para simpatizar con mensajes tan contradictorios? ¿O, acaso, no será el propio peronismo el que se autoinfligirá el mayor daño político? Otro tiempo político no ha hecho más que comenzar.