Las subas de tarifas de luz y gas, que se aplicaron entre diciembre y abril, contemplaron una cotización del dólar cercana a los $ 20. La devaluación del peso que llevó al dólar a valer $ 25 en apenas un mes (del 25 de abril al 24 de mayo) modificó ese escenario. La nueva situación cambiaria pone sobre el tapete dos cuestiones: la ley para frenar los aumentos que propone la oposición tendría un mayor costo fiscal, y las próximas correcciones en los servicios serán más onerosas que lo previsto.

El proyecto legislativo de la oposición propone retrotraer los aumentos de tarifas de luz y gas a los valores de noviembre. Y desde allí ajustarlas a la par de la evolución de los salarios. Según datos del Poder Ejecutivo, esa medida tendría un costo fiscal de $ 100.000 millones solo durante 2018. Sin embargo, esa aproximación se estaría quedando corta. En los precios de la electricidad y el gas, el dólar tiene alta incidencia. Y las subvenciones para mantener los importes de 2017 ya superarían los $ 100.000 millones por un margen largo, según fuentes oficiales y expertos en energía.

Las tarifas de luz ya están determinadas hasta agosto, mientras que las de gas están vigentes hasta octubre. Antes del sacudón cambiario, el Gobierno prometía que las próximas correcciones iban a a ser moderadas, acotadas a lo que subiera la inflación. Pero ya están empezando a mutar ese discurso.

Las boletas de luz reflejan el costo de la electricidad. Ese valor se expresa en pesos, pero uno de sus componentes (el gas) se cotiza en dólares. Por lo tanto, una devaluación del peso del 25% pega en el gas y debiera trasladarse a la generación eléctrica (donde se utiliza gas). También aplica para las empresas distribuidoras de gas, que compran ese insumo a las petroleras.

La revisión de precios de la generación eléctrica es trimestral. Todo indica que el costo de producción se elevará. Por esa razón, el próximo incremento podría ser superior a lo que estimaba el Gobierno a fines de 2017. La corrección de tarifas de luz será en agosto. En el Poder Ejecutivo esperaban que la recomposición fuera por la inflación acumulada para el semestre febrero-agosto. Pero ahora están recalibrando y estiman que, además de la inflación, habrá que trasladar algo adicional por el debilitamiento del peso.

En el gas, la situación es aún más crítica. Las distribuidoras compran y pagan de acuerdo a un precio llamado de "boca de pozo", que es el que reciben las petroleras. Ese importe está dolarizado. En el verano de 2018, cuando las distribuidoras pidieron los aumentos que corren desde abril, la proyección era que el dólar estuviera entre $ 22,27 y $ 22,46 para octubre, el momento en que terminan de pagar el gas que consumen en el invierno. Esas estimaciones quedaron por debajo de la actual cotización del tipo de cambio.

En el sector tratan de ser prudentes, ya que creen que es imposible predecir la cotización del dólar en octubre. Pero suponen que la próxima corrección tarifaria escapará del planteo inicial del Gobierno.

El Poder Ejecutivo todavía subsidia un 31% del costo del gas en la mayor parte del país, ya que en la Patagonia y otras zonas frías la subvención es mucho mayor. El objetivo del ministerio de Energía era disminuir ese porcentaje en octubre y que las arcas estatales cubrieran un 22% del costo (ver recuadro).

Para poder lograr esa meta, el Gobierno tendría que aumentar las tarifas para que los usuarios cubran, al menos, un 80% de los que les sale el gas. Sin embargo, ese incremento también estará impactado por la suba del dólar frente al peso, que le acarreará un 25% extra.

Aunque la proyección a octubre resulta muy complicada, en el Gobierno avizoran que habrá mayores erogaciones que las supuestas. Por esa razón, se requiere un aumento de tarifas o que el Estado nacional mantenga (o incremente) los subsidios actuales.

El Poder Ejecutivo se enfrenta al dilema de bajar el déficit fiscal, pero uno de sus componentes -los subsidios a la energía, que igual vienen perdiendo peso en el rojo estatal- está dolarizado. La pérdida de valor de la moneda local creará una mayor necesidad de dinero público. O de plata de hogares e industrias que cubran ese costo creciente.