Como parte del trabajo conjunto entre los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Derechos Humanos, con vistas a incluir en el proceso de reforma integral del Código Penal el título "Delitos contra el ambiente y la gestión ambiental", el secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, Diego Moreno, participó junto al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Guillermo Bernaudo, de una nueva reunión de la Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación.
Dicha comisión tiene a su cargo elevar al Poder Ejecutivo Nacional un anteproyecto de ley de reforma y actualización integral del Código Penal de la Nación, que concentre toda la legislación penal en un único cuerpo normativo. En ese marco, se consensuó la incorporación de los delitos de contaminación y daño al ambiente, con pena de hasta 5 años de prisión y multa (medida en días multa), tomando como parámetro la legislación nacional y provincial en la materia.
Asimismo, se establecieron agravantes con pena de hasta 10 años de prisión cuando se cause un daño grave al ambiente o cuando se desechen sustancias tóxicas prohibidas al entorno natural (de acuerdo con la Ley de Residuos Peligrosos), y se afecte la salud humana.
Además, se acordó establecer los delitos contra la biodiversidad con pena de hasta 3 años de prisión y multa cuando se introduzca en el ecosistema algún ejemplar de especie de flora o fauna exótica invasora; y pena de hasta 6 años de prisión y multa para quien propague en la naturaleza organismos genéticamente modificados idóneos para provocar daños en el ambiente o en la salud de las personas.
Por último, se prevé el delito de incendio forestal si resultan gravemente dañados los recursos naturales, como también para la modificación de humedales con peligro para el ambiente si se infringe las leyes nacionales o provinciales.
Entre otros temas se analizaron relacionados con la biotecnología, el desmonte y la diversificación de los cultivos, la mejora genética y la utilización de agroquímicos en los suelos.
La Comisión para la Reforma del Código Penal es presidida por el camarista de la Casación Penal, Mariano Borinsky; acompañado por el director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra; el fiscal Pablo Nicolás Turano; los camaristas Carlos Alberto Mahiques y Patricia Marcela Llerena; el procurador general de Salta, Pablo López Viñals; el juez de tribunal oral Guillermo Jorge Yacobucci; y los secretarios letrados de la Procuración General de la Nación, Fernando Jorge Córdoba, y de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Susana Ziffer. También la conforman los representantes de los ministerios de Desarrollo Social, Yael Bendel; y de Seguridad, Guillermo Soares Gache.
