Los trabajadores del sector aceitero afiliados a la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (Ftciod y ARA) mantienen vigente la amenaza de iniciar una huelga nacional en reclamo de una mejora salarial y por la reincorporación de obreros que perdieron sus fuentes de trabajo, tras la conciliación obligatoria dictada anoche por el Ministerio de Trabajo, que frenó una medida con un potencial impacto sobre el caudal de las exportaciones agroindustriales.

Los trabajadores se disponían a iniciar este miércoles un paro de 24 horas "en defensa del salario y de las fuentes de trabajo que se ven a amenazadas con las provocaciones empresarias", sostuvo la Federación Aceitera a través de un comunicado en el que citó el despido de 44 trabajadores de la planta de Cargill, a quienes la firma buscó cesantear "para incorporar nuevos perfiles", indicaron fuentes cercanas a la situación.

Sin embargo, la medida de fuerza quedó detenida ante la conciliación obligatoria, vigente desde ayer a las 22 y por 15 días, en los que se convocará a las partes a audiencia para tratar la cuestión. El próximo miércoles está prevista otra instancia de negociación de la paritaria.

El sindicato aceitero justificó la medida de fuerza trunca en la negativa de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) a pagar un bono en diciembre pasado y en la "inflexibilidad" para acordar una mejora salarial de esta patronal y de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), que luego de tres rondas de negociación insisten en acordar una suba del 15%, retroactivo a enero y en una sola cuota, en línea con lo pactado con los aceiteros de la localidad de san San Lorenzo, que se hallan por fuera de la Federación Aceitera.

Los sindicalistas expresaron que las cámaras empresarias "pretenden que aceptemos un 15% de aumento y entreguemos condiciones de trabajo de nuestro convenio", y advirtieron que se busca "discriminar los salarios de acuerdo a la empresa en que se trabaje, su capacidad de molienda y su ubicación geográfica".

Los trabajadores aceiteros consideran que las patronales "buscan fragmentar y dividir el colectivo en trabajadores de primera, de segunda y de tercera" y que quieren "manejar la jornada de acuerdo a sus necesidades, sacándonos los adicionales por trabajar en turno y disponiendo del tiempo libre" del operario.

Un eventual cese indeterminado de la actividad podría afectar el desempeño de las plantas procesadoras de aceite que están aglutinadas en los puertos del Gran Rosario, y retrasar de ese modo los embarques en buques de ultramar, con la consecuente retracción de las exportaciones y el ingreso de divisas.

Para los sindicalistas las empresas agroexportadoras quieren bajar el costo laboral "a pesar de que sus ganancias siguen creciendo con cada devaluación y con la reducción de las retenciones a exportaciones".

Los aceiteros deducen el porcentaje que reclaman del Salario Mínimo, Vital y Móvil según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución, y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión. De allí las elevadas remuneraciones y su habitual "perforación" de los "techos salariales".

Según voceros de la Ciara, con el 15% de incremento propuesto a los sindicatos, el salario de la categoría inferior, sin adicionales, alcanzaría los $ 28.750, pero con adicionales, frecuentes en la actividad, el salario de bolsillo podría subir a $ 45.000.