SAN NICOLÁS.- Ocupar el tiempo en llenar planillas para organismos del Estado -la AFIP, el Senasa o el Ministerio de Agroindustria- significa que se les quitan horas de trabajo a las tareas rurales que son, justamente, las que saben hacer los productores.
Una de las decisiones más importantes es la eliminación de la categoría "productor" del Registro de Operaciones de Granos. Un simple error de tipeo significaba que automáticamente la AFIP retuviera el 10,5% del IVA y obligaba a pagar el 15% del impuesto a las ganancias en la venta de granos. Como si fuera poco, además, el productor no podía emitir la carta de porte para mover la cosecha. Volver a ingresar en el registro era una tarea ciclópea.
Los especialistas valoraron positivamente el anuncio del presidente Macri. "Había una enorme subjetividad por parte de la AFIP cuando se eliminaba a un productor del Registro de Operaciones de Granos", explicó el experto en temas tributarios del agro, Santiago Sáenz Valiente.
Para los dirigentes rurales también significa una medida positiva. "Es muy importante que el Gobierno avance en la desburocratización", opinó el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina. En tanto, para el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, es "un buen logro la eliminación de las trabas para la producción".
En las empresas del agro el entusiasmo era evidente. "La medida es espectacular", elogió José Demicheli, presidente de AdBlick Agro, una compañía que capta inversiones para proyectos productivos en granos, ganadería y economías regionales. No obstante, consideró necesario avanzar en el ajuste por inflación de los balances de las empresas agropecuarias. "Se está perdiendo capital de trabajo que es imprescindible para mejorar la competitividad", dijo Demichelis.
Otro de los anuncios claves fue el de semillas. De las siete declaraciones que debían anualmente entre siembra, cosecha y stock de granos finos y gruesos se pasará a una sola. Eso significa menos tiempo para atender al Estado y más tiempo para producir.
Y el registro de tierras fiscales, creado el año pasado, significaba otro dolor de cabeza para los productores, que debían responder frente a la AFIP por información ya disponible.
Este sistema de trabas burocráticas había comenzado a instalarse en pleno conflicto con el campo por la resolución 125, en 2008. Muchos creyeron ver en esa maraña de exigencias burocráticas un sentido de revancha más que el necesario control que debe hacer el Estado por el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Que se haya anunciado su desmantelamiento pocos días después de cumplirse el décimo aniversario de aquella disputa no deja de ser un curioso modo de celebración.
