En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Macri adelantó la propuesta, definida juntamente con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de transformar en área protegida y de acceso público una parte del predio de 8000 hectáreas de Campo de Mayo, que ocupa el Ejército en el conurbano bonaerense. Que el presidente de la Nación hable de la ampliación de la superficie de los parques nacionales en un acto de esa relevancia representa una señal positiva y destacable, considerando que la dirigencia política argentina mantuvo un sistemático desinterés por las cuestiones ambientales y la protección de las áreas naturales.
Juntamente con el Parque Pereyra Iraola (ya declarado Reserva de la Biósfera) y los bosques de Ezeiza, Campo de Mayo constituye uno de los tres espacios verdes más grandes en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires. Hace casi una década, el Ministerio de Defensa de la Nación y la Administración de Parques Nacionales suscribieron acuerdos de cooperación con el fin de otorgar protección ambiental a áreas de propiedad de las Fuerzas Armadas que mantenían un razonable buen estado de conservación. Pero no hubo cambios en Campo de Mayo.
Esa zona pertenece a ecorregiones gravemente amenazadas por el avance de la urbanización y las actividades agrícolas. La mayor parte de su superficie estaba cubierta originalmente por pastizales, que se incluyen en la ecorregión pampa y sectores de barrancas del río Reconquista que pertenecen a la ecorregión del espinal. Por su dimensión, el proyecto tiene la posibilidad de transformarse en un inmenso pulmón para la recreación pública y un extraordinario caso de restauración, reforestación con especies nativas y reconversión del paisaje autóctono, lo que incluye la reconversión de los usos ribereños del río Reconquista. Un hecho que puede mejorar la calidad de vida de bonaerenses y porteños recibió, sin embargo, y pese a que no se conocen mayores detalles de la propuesta, el sorprendente rechazo de algunas organizaciones de derechos humanos que interpretaron la propuesta de abrir el área a la comunidad como desconocer los hechos producidos en la última dictadura militar. Nada de eso se espera que suceda. La creación de un área que resguarde la naturaleza no tiene por qué impedir investigaciones. Resultan desafortunadas, absurdas e irrazonables estas expresiones que, con un afán de mezquindad política o ideológica, desmerecen un proyecto que, por el contrario, podría jugar un papel de catalizador positivo, una oportunidad para dar pasos en el camino de la reconciliación y la paz de todos los argentinos.
Desde un punto de vista ambiental, se trata de una oportunidad no solo para recuperar los corredores biológicos, sino para llevar a cabo un plan de manejo participativo, que fortalezca lazos con la comunidad local, y desarrollar así numerosas actividades.
Campo de Mayo, transformado en área protegida, puede poner en marcha un memorable proyecto para restaurar un paisaje degradado y alberga la esperanza de ser un paso que, sin debilitar el camino de la Justicia, contribuya a establecer una relación constructiva entre los argentinos.
