Los plaguicidas ilegales atentan contra la salud, afectan el medio ambiente, destruyen cultivos y ocasionan perdidas económicas. Ningún país escapa. Según cálculos de las Naciones Unidas el problema supera el 15% del comercio mundial de agroquímicos.
El comercio ilegal de agroquímicos está en constante crecimiento en América Latina. Pese a la dificultad de medir con exactitud la magnitud del comercio ilegal, apenas conocemos la punta del iceberg. Las autoridades y agencias reguladoras se enteran cada vez más de criminales que fabrican, transportan, distribuyen y venden plaguicidas falsos e ilegales. Lamentablemente, algunas leyes o su laxo cumplimiento en los países sirven de poco para prevenir o frenar efectivamente esta actividad delictiva. En China el comercio de agroquímicos ilegales se estima en un 30%, en la Unión Europea en 10% y en India en 30%. ¿A cuánto ascenderá en América Latina?
Las sanciones penales no son un elemento disuasivo
Cuando se comparan con otros delitos, la persecución penal y sanción efectiva del comercio de agroquímicos no son una amenaza para los delincuentes. Las sanciones mínimas, si las hay, pueden ser fácilmente contabilizadas como un costo operativo de las actividades ilegales. La ausencia de recursos, de policías especializadas, de fiscalías, o los tribunales y legislación laxas, contribuyen al problema. Es necesario que los gobiernos de América Latina se comprometan pronto con políticas estructurales que combatan la ilegalidad de los insumos agrícolas ya que no es un delito menor. Quien compra, vende, transporta o fabrica los plaguicidas ilegales atenta contra la salud, el ambiente y la producción segura de alimentos. Además, atenta contra las exportaciones agrícolas y la recaudación fiscal de su país.
Mientras los marcos regulatorios y las capacidades de control y vigilancia se fortalecen, es indispensable que la policía, aduanas, fiscales, reguladores, legisladores y agricultores acudan a los recursos disponibles para detener y prevenir la venta de plaguicidas falsificados e ilegales antes de que lleguen a los cultivos. Así lo están haciendo las autoridades en Paraguay, Brasil, Bolivia, Colombia, Guatemala y México con campañas informativas, entrenamiento a personal de control, habilitando líneas de denuncia, y en general con medidas de control y vigilancia más eficientes.
Desde la perspectiva de los agricultores y distribuidores es necesario que comprendan los efectos adversos directos e indirectos de los plaguicidas ilegales y se abstengan de contribuir a su proliferación. Deben “Conocer a su proveedor” y asegurarse de que cumple con todos los requisitos legales. La gestión de un programa efectivo de seguridad como “conocer a tu cliente”, más conocido como Know your Customer, garantiza que no se está transportando mercadería ilegal, ni vendiendo envases o etiquetas a falsificadores. Estos programas deberían convertirse en el estándar comercial del siglo XXI para transportistas, empresas y comerciantes responsables y éticos.
No menos importante es el rol que le cabe a la sociedad en general, que necesita promover desde los hogares, colegios, centros de formación y universidades las bondades de la cultura de la legalidad como un factor esencial para el desarrollo. Además, la imagen de los países y sus productos de exportación se ponen en riesgo, así como la reputación de agricultores certificados que cumplen con los requisitos de sus mercados.
Tengamos en cuenta que se trata de sustancias ilegales que pueden afectar nuestra salud, nuestros suelos, nuestras cosechas, nuestros alimentos. Debemos informarnos: el comercio ilegal de plaguicidas es un delito de alto impacto. CropLife Latin America y su red de Asociaciones están comprometidas a luchar juntas contra este crimen.
