Los líderes sindicales que aceptaron la invitación de Jorge Triaca a Europa, donde el ministro mantendrá desde el martes reuniones con dirigentes españoles, holandeses y alemanes para explorar sistemas de gremialismo racional, han decidido acompañarlo solo a través de sus adjuntos. No quieren exponerse en persona. Son una docena, pero hay dos gremios importantes que no estarán representados: bancarios y camioneros. "Si viajara, Pablito Moyano haría caer el acuerdo Unión Europea-Mercosur", se resignan en el Gobierno.

El doble juego sindical es tan viejo como el peronismo. Lo ejerció el propio Hugo Moyano hasta el día de su última reunión con Triaca. Aquella mañana en la que, después de recorrer los 13 pisos del Antártida, el hospital que el gremio inauguraba en Caballito, llegó a la planta baja e hizo, recuerdan los macristas, lo único que no tenía que hacer para terminar de romper la relación con Macri: jactarse ante sus pares de no haberlo invitado. Moyano nunca retrocede. Hasta ese momento ambos habían estado distanciados, pero no incomunicados. Es cierto que el Presidente se venía rehusando desde hacía seis meses a recibirlo. Había dejado ya de creerle: decía entre íntimos estar cansado de que el camionero se mostrara en privado siempre dispuesto a respaldar al Gobierno y, al mismo tiempo, entorpeciera a través de su hijo Pablo la reforma laboral y la negociación para aligerar el convenio colectivo del sector.

Ese acto en Caballito terminó siendo el punto de inflexión. Dos días después, el 11 de enero, en plena feria judicial, Gabriel Pérez Barberá, uno de los fiscales que conducen la Procelac, brazo del Ministerio Público que investiga el lavado, los denunció a Hugo y a Pablo Moyano, a Oca y a varias empresas por presunto lavado de activos de origen ilícito. Desde entonces, Daniel Angelici, presidente de Boca, que tenía diálogo directo y frecuente con el camionero y líder de Independiente, recibió desde la Casa Rosada la orden de cortar todo contacto. "Me preocupa que todo sea de Boca", retribuyó anteayer Moyano, consultado sobre los arbitrajes en varias radios.

El fútbol es en la era Macri una buena maqueta de desencuentros más abarcadores. Hace diez días, el Presidente se fue de un almuerzo en Olivos con Claudio Tapia, presidente de la AFA, agradecido de los gestos de buena voluntad de su invitado y convencido de que Moyano, suegro de Tapia, había decidido irremediablemente rodearse de lo más irracional de su entorno. Hay que interpretar ese fuego familiar a la luz de la interna camionera: Tapia se lleva muy mal con su cuñado Pablo desde el momento en que este lo desplazó del gremio. Hugo tampoco se olvidó del asunto en su recorrida mediática de anteayer: "No creo que mi yerno Tapia se deje influenciar, pero a veces las influencias no son directas. Puede ser que el máximo responsable ni se entere de que lo están influenciando", incomodó.

Estas diferencias no son menos evidentes fuera de la familia. Armando Cavalieri, líder del sindicato de Comercio, uno de los dirigentes que no se acoplaron a la concentración del miércoles en la 9 de Julio, está a punto de aceptar firmar, dentro de dos semanas, la paritaria con la que sueña el Gobierno. Es decir, un 15% de aumento salarial sin gatillo que incluya, a cambio, una revisión transcurrido el noveno mes: si la inflación supera el 15%, los sueldos se actualizan; si no, siguen como están. En el caso de cumplirse, este tipo de actualización no tendría ningún impacto en el índice de precios de este año: como la mayor parte de las paritarias empieza en abril o después, el noveno mes de todas ellas caería en 2019. Son los motivos que han convertido a Triaca, aún en medio de la crisis por la contratación de la exempleada de su familia en el SOMU, en uno de los funcionarios más relevantes del momento.

Es cierto que Camioneros volverá a ser, con Bancarios, la gran excepción de esta estrategia. Pero esa paritaria arranca en junio, un horizonte demasiado extenso para las urgencias de Moyano y del sector. Una de ellas es inminente: el miércoles vence el plazo que el Enacom, ente regulador del sector, le dio a Oca para pagar la deuda impositiva, patronal y previsional. Si incumple, Oca, una compañía a la que los Moyano le han prestado la atención de un propietario -entre otros motivos porque tiene 7000 empleados-, no solo perdería la licencia para operar en el mercado postal sino que podría dejar en la calle a unos 3000 camioneros.

Será otro factor de nerviosismo para el Gobierno, que ya empezó a pedirles a empresas del sector que aceleren la incorporación de eventuales despedidos. El peor conflicto laboral en el momento menos oportuno, justo cuando el equipo económico había vuelto a encontrar señales macroeconómicas alentadoras. "Es la primera vez que veo subir todas las variables", dijo la semana pasada Alberto Abad, jefe de la AFIP, ante funcionarios con quienes analizaba los datos de recaudación de enero, que incluyó un aumento del 45% en el IVA, uno de los indicadores de la marcha de la actividad. En el Palacio de Hacienda celebran desde hace unos días, dicen, datos preliminares del EMAE de enero, índice que anticipa el comportamiento del producto y que habría superado las proyecciones gubernamentales y un alza moderada, de alrededor del 12%, en la inversión.

Son datos que, si se consolidan, deberán seguir conviviendo con los costos del gradualismo: la elevada carga impositiva supone el gasto público y los precios, que tendrán en el mejor de los casos una reducción paulatina y lenta. En la Casa Rosada tienen la esperanza de que, aunque tenue e incierto, este escenario alcance para desalentar expectativas inflacionarias en la segunda mitad del año. Es el argumento con que piden una paritaria razonable: hasta ahora, como consecuencia de los esquemas tarifarios, los primeros trimestres del macrismo han estado siempre 40% arriba en precios que los trimestres del resto del año.

Todavía con la incertidumbre que provocó la readecuación de la meta del Banco Central al 15%, convencer de estas cuestiones a los gremios ha pasado a ser la piedra angular del plan económico y, al mismo tiempo, un objetivo común entre Macri y los empresarios. Si el Presidente logra que las paritarias difieran la cláusula gatillo al noveno mes, es decir, al año próximo, tendrá no solo una parte importante del trabajo hecho, sino además un triunfo simbólico sobre lo que llama vieja política. Apuesta a una doble carambola: que esa moderación sindical, una flagrante y silenciosa traición a Moyano, se convierta al mismo tiempo en uno de los puntales del modelo.