La población que se ha ido asentando en una franja estrecha a orillas del Riachuelo hace tiempo que sufre problemas de salud que serán mayores si no es reubicada prontamente, tal como la Corte Suprema ha ordenado. Ocurre que, a pesar de haber transcurrido nueve años de aquel fallo del máximo tribunal de Justicia de la Nación y por el cual el Estado nacional, la ciudad de Buenos Aires y la provincia homónima quedaron obligados a reparar el daño ambiental que se ha venido produciendo en el Riachuelo y sus márgenes, ha sido insuficiente el progreso de las obras, con el consiguiente perjuicio para quienes viven en esa cuenca. Entre otras cosas, se ha demorado el Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, que se encuentran a la espera de una solución que debe alcanzar no solo a las 17.771 familias consideradas inicialmente, de las cuales solo el 20% han recibido una mejor vivienda, según datos de fines del año último.
En un pronunciamiento de noviembre pasado, la Corte había advertido sobre graves deficiencias en los informes presentados por la autoridad de cuenca Acumar, por lo que ordenó su adecuación. Entre otras cosas, dispuso que se proporcione información específica sobre cuestiones particularmente sensibles relacionadas con la construcción de viviendas para la relocalización de los habitantes de esa ribera, el control y el seguimiento de las personas que sufren alguna enfermedad vinculadas con la contaminación y un tratamiento especial respecto de la salud de los niños de hasta seis años.
El viernes último, el alto tribunal convocó a una nueva audiencia pública por la contaminación en el Riachuelo, que deberá realizarse el 14 del mes próximo para que las partes involucradas expongan sobre los avances en la recomposición del daño ambiental registrado en la cuenca.
En rigor, subsisten muchos de los asentamientos que ya estaban allí en 2010. Lamentablemente, se han sumado otros y, con ello, ha crecido la vulnerabilidad de sus habitantes y el riesgo sanitario. La razón fundamental que retiene a la mayoría de los vecinos en un lugar tan adverso es la proximidad de sus fuentes de trabajo. Solo una parte de ellos con problemas de salud pudieron lograr su reubicación.
Entre otros factores riesgosos para los habitantes del lugar están las industrias productoras de residuos contaminantes, que originan afecciones en la piel y las vías respiratorias. En un informe presentado por varias asociaciones se advirtió que la situación de la cuenca sigue siendo "altamente problemática" y, junto con la Defensoría del Pueblo de la Nación, a la que la Corte designó para el control de estos fallos, se señalaba que se han cometido serias violaciones del derecho de las personas a la hora de la reubicación. También ponía énfasis en las deficientes condiciones de las obras, de sus aspectos edilicios, y la ausencia de una política de ordenamiento territorial y de gestión del suelo.
La decisión obedeció a que esas 17.771 familias calculadas hasta ese momento eran las que mayor riesgo tenían de sufrir los perjuicios de las inundaciones y la contaminación.
Santiago Sarachian, director general de Relocalización y Urbanización de Villas del Instituto de Viviendas de la Ciudad, admitió en su momento demoras en los trabajos, que atribuyó a la necesidad de crear un sistema de administración y de áreas específicas para gestionar. Había, además, falta de financiamiento suficiente y de trabajo articulado con la Nación -que aporta el 70% de los fondos-, cuestiones que se han ido superando, pero aún falta.
Los retrasos en el conurbano eran mayores. Según refirió Evert Van Tooren, subsecretario de Tierras, Urbanismo y Viviendas de la provincia de Buenos Aires, al hacerse cargo de su función, el 90% de las obras estaban paralizadas por problemas de pago a causa de la inflación. Hace poco tiempo se ha podido reactivar el plan de construcciones. Se trata de trabajos complejos y múltiples, cuya demora en la ejecución por problemas de financiamiento ha sido excesiva.
Es de esperar que con la puesta a punto de los proyectos y con la renovada convocatoria de la Corte para que las partes brinden sus informes sobre la base de la actualización de las ejecuciones previstas, muy pronto todas esas familias encuentren una solución que les permita vivir de una manera digna, sin riesgos de enfermarse por causa de la desaprensión y la falta de controles.
