En el mes en que comenzó a instrumentarse el nuevo esquema de rebajas progresivas para las retenciones al complejo sojero, consistente en una baja del 0,5% mensual tanto para el poroto, el aceite y la harina, la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA) estimó cuál será el impacto, tanto de recaudación como de resignación de aportes fiscales por parte del Estado para los próximos dos años.
Con el esquema mencionado, calculó que el complejo sojero aportará al Estado un total de u$s 7100 millones en los próximos dos años, sólo en concepto de retenciones. Serán u$s 4000 millones en 2018 y otros u$s 3100 millones durante 2019, mientras que el impacto de la baja de las alícuotas se estableció en unos u$s 1630 millones que dejarían de entrar a las arcas estatales.
Ese cálculo se explica por lo que dejará de entrar por la exportación del poroto de soja en ambos años (u$s 76 millones en 2018 y u$s 244 millones en 2019), por la harina de soja (u$s 267 millones y u$s 838 millones, respectivamente) y por el aceite de soja (u$s 107 millones y u$s 322 millones). Junto con este productos, se consideran los ingresos que se sumarán por la mayor retención que el Gobierno estableció al biodiésel (una alícuota del 8% para las ventas al exterior), que oscilarán entre los u$s 112 millones en ambos años.
El impacto directo de la disminución de retenciones ascenderá en 2018 a u$s
451 millones, nivel que crecerá en 2019 hasta los u$s 1403 millones. "Sin
embargo teniendo en cuenta los impactos indirectos y la recaudación por otros
impuestos, el costo fiscal real de la medida sería de u$s 795 millones", estimó
la entidad cordobesa. Vale recordar que al comienzo del año los derechos de
exportación sobre la soja se encontraban con una alícuota del 30%, y del 27%
para los subproductos (en enero comenzó la rebaja del 0,5% mensual). La quita
gradual despertó en las últimas semanas cuestionamiento de distintos sectores de
la economía con el argumento de que el Gobierno beneficia al agro. Ante esto, la
postura de la entidad fue recordar que en el período 2002-2017 el complejo
agroalimenticio aportó en concepto de retenciones u$s 86.450 millones, mientras
que el resto los sectores económicos u$s 33.070 millones. "Si se considera
solamente al complejo sojero, el aporte fiscal desde 2002 fue de u$s 64.000
millones, equivalentes al 54% del total recaudado por derechos de exportación. A
modo de comparación puede mencionarse que las reservas del Banco Central
totalizaron en 2017 u$s 55.055 millones", destacó.
También afirma que aunque el nuevo esquema supone una resignación de recursos por vía directa, pueden ser compensados por un aumento en la recaudación de otros tributos. En este sentido, destaca que la disminución de los derechos de exportación tendrá por efecto un aumento de los precios sobre los principales productos del complejo sojero en la plaza local, lo que se traduce en un incremento de la base imponible sobre la cual se tributan diversos gravámenes nacionales, provinciales y municipales, tales como impuesto a las ganancias, débitos y créditos bancarios, IVA, ingresos brutos, entre otros.
Así, el Estado recaudaría u$s 835 millones adicionales en 2018 y 2019, lo que llevaría al costo fiscal "real" de la medida a los u$s 795 millones para ambos años (la base de cálculo de los derechos de exportación se realiza sobre un total de 40,7 millones de toneladas contemplando poroto de soja, harina y aceite, mientras que por la reducción de las retenciones aumentaría su valor la totalidad de la producción primaria, que en la campaña 2016/2017 fue de 55 millones de toneladas, así como los subproductos que son comercializados en el mercado interno).
Como paréntesis, resalta que el aporte por derechos a exportación de sectores no vinculados al agro pasó de u$s 1000 millones en 2015 a u$s 127 millones en 2017, "sin observarse el mismo tenor de los reclamos que sufrió el sector en las últimas semanas". De esta forma, en 2018 el complejo sojero tributará 31 veces más que todas las actividades de la economía gravadas con derechos de exportación.
