La participación de los impuestos sobre la renta agrícola se estableció en diciembre en un 66,2%, un nivel más alto que hace exactamente un año atrás (63%), pero más bajo respecto la medición de septiembre (que había marcado un 71,1%).

Las causas de esa baja se explican para David Miazzo, Economista Jefe de FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, encargada del análisis) por el precio disponible en dólares de los cultivos analizados, como la soja, el trigo y el girasol. Estos aumentaron entre 15% y 19%, mientras que el maíz aumentó un 3%. "Los aumentos se combinaron con un dólar que en tres meses no aumentó nada. Si bien la inflación en estos últimos tres meses fue de 4,9%, los precios del agro prácticamente no se vieron afectados. Así, el incremento de los ingresos por encima de los costos hizo que mejorara la renta y bajara el indicador", comentó el directivo que agregó que todavía la suba del 6% en los combustibles no fue captada por el índice. Cada $ 100 de renta que genera una hectárea agrícola, unos $ 66,20 se lo llevan los distintos niveles de gobierno.

Entre las variantes que se perfilan pueden modificar o impactar en el Índice FADA se encuentran tres aspectos principales. Por un lado, la suba del inmobiliario rural en provincias agrícolas, un aumento promedio del 40% que tendrá un efecto bajo los números actuales: haría aumentar el índice en un 1,5%. En tanto, el cambio en las retenciones para la exportación de soja, previsto a partir de enero de 2018 (baja del 0,5% mensual) generará en el índice una caída mensual del 0,32%, acumulando en todo el 2018 un 3,8%.

"Si comparamos la suba del impuesto rural con la baja de los derechos de exportación, la suba de los inmobiliarios provinciales equivale a los primeros 5 meses de la reducción de derechos. Esta comparación se hace con los números actuales, cuando la devaluación que podría darse en 2018 de 15% a 20%, licuaría una parte de ese efecto", destacó Miazzo.

Por su parte, la reforma tributaria, tal como está presentada incluye la baja al 25% de la alícuota del impuesto a las ganancias corporativas, para las ganancias que se reinviertan. "Este cambio aplicado a los cálculos del índice arroja como resultado que la participación del Estado en la renta agrícola bajaría del 66,2% al 59,8%, un 6,4% menos. Nuevamente, para el caso de empresas, y manteniendo todo lo demás constante".

También, se aclara, que la participación de los impuestos podría bajar 1,2% por la deducción de tributos, si se está contenido en la Ley Pyme, que otorga beneficios fiscales. Esto rige para micro y pequeñas empresas, que en el agro abarca empresas que facturen hasta $ 19 millones por año.