No hay antecedentes cercanos de una negociación que, en tan pocas semanas, haya logrado destrabar un conflicto que llevaba más de veinte años, como el del Fondo del Conurbano, y haya permitido poner fin a decenas de juicios de las provincias contra el Estado nacional vinculados con la coparticipación federal de impuestos. No hay registros en los últimos años, tampoco, de un presidente de la Nación que le ceda a una gobernadora bonaerense un caudal de recursos económicos y políticos como el que Mauricio Macri acaba de concederle a María Eugenia Vidal. Algo que jamás Cristina Fernández de Kirchner se hubiera animado a hacer con Daniel Scioli.

La era del cambio, junto al arte del acuerdo, tuvo ayer una jornada de gloria. Reina la búsqueda de consensos sobre el "vamos por todo" y la dialéctica propia de la década kirchnerista, donde la única opción pasaba por ser súbdito o ser considerado enemigo.

Los gobernadores sintieron por primera vez en muchos años que la tradicional política del látigo y la chequera, que es lo contrario del federalismo, ha comenzado a ser finalmente sepultada.

El grado de euforia imperante entre funcionarios bonaerenses es explicable. La gobernadora Vidal se ilusiona con empezar a poner fin al déficit fiscal crónico de la provincia para encarar su déficit estructural. No por nada su ministro de Economía, Hernán Lacunza, habló del "día más importante de nuestra gestión".

Con todo, el acuerdo deja aún dos grandes interrogantes, cuya respuesta podría demorarse mucho más de lo esperado. El primero es hasta dónde llegará realmente el compromiso de los gobernadores con las cuentas públicas. El segundo es hasta dónde podrá llegar la intención de bajar la presión impositiva, que se ubica en niveles récord de 43 puntos del PBI.

Por un lado, el nuevo pacto fiscal señala el compromiso de las provincias de modificar las alícuotas máximas de los impuestos a los ingresos públicos y de sellos, hasta la eliminación de ambos gravámenes en 2022. Pero no hay detalles acerca de cómo operará esa gradual reducción. Por otro lado, el acuerdo habla de financiar, con líneas de crédito especiales, programas de retiro o jubilación anticipada para empleados públicos provinciales y municipales, aunque tampoco se sabe cuándo ni cómo se pondrán en marcha. Se insinúa también la voluntad de suprimir en el futuro las jubilaciones de privilegio -manteniendo las actuales, para tranquilidad de Eugenio Zaffaroni y tantos otros jubilados de privilegio-, pero aún no hay ningún proyecto concreto a la vista. Y finalmente se menciona la necesidad de "consensuar" una ley de modernización del Estado.

El tiempo dirá si, como tantas otras veces, la esperanza sucumbe ante la espera.