La historia de una industria forestal relegada, en la que la Argentina corría detrás de sus vecinos y competidores puede cambiar a partir del impulso de una serie de medidas que aprovechen el potencial productivo único del país.

A pesar de contar con las tierras mas aptas y las mejores tasas de crecimiento para producir madera, hoy la Argentina debe importar papel y celulosa por alrededor de 925 millones de dólares, y cuenta con un déficit para todo el sector foresto-industrial de 766 millones de dólares. Se calcula que para 2025 este déficit podría llegar a los 2500 millones de dólares, de no existir inversiones en esa industria.

De hecho, la última planta de celulosa en afincarse en la Argentina fue la de Alto Paraná (hoy Arauco), en 1986, con una capacidad de 350.000 toneladas anuales contra un millón y medio de la controvertida planta de Botnia (hoy UPM) en Uruguay.

La Mesopotamia argentina tiene claras ventajas competitivas que permiten que el primer turno de corte para los eucaliptus sea a los diez años, con tasas de crecimiento del doble o incluso el triple que en países que tradicionalmente producen madera, como Chile o Finlandia. Sin embargo, nuestro país cuenta con 1.300.000 hectáreas implantadas, similar a la cantidad de Uruguay, de 1.100.000 hectáreas. A su vez, nuestro país exporta 540 millones de dólares en toda la cadena foresto-industrial, contra mil millones de Uruguay, que cuenta con dos pasteras y otro proyecto anunciado. Chile tiene dos millones de hectáreas plantadas y exporta por 6000 millones de dólares.

"Hoy podríamos estar cortando e industrializando unos 20 millones de metros cúbicos, y sin embargo se están procesando 13 millones de metros cúbicos y 7 millones quedan de pie", explica la subsecretaria de Desarrollo Foresto-Industrial, Lucrecia Santinoni. La caída de las exportaciones de algunos productos madereros a partir de la crisis de la industria de la construcción de 2008 en los Estados Unidos afectó al sector, pero principalmente el hecho de que en más de 30 años no hubo inversiones en plantas procesadoras.

"¿Qué impide que vengan las grandes pasteras al país?", preguntó el presidente Macri en la primera reunión de la Mesa Foresto-Industrial que se realizó a mediados de septiembre, ante funcionarios nacionales y los gobernadores de Corrientes, Ricardo Colombi; de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y de Misiones, Hugo Passalacqua, donde se encuentra el 80% de las plantaciones forestales del país.

Las respuestas a ese interrogante no tardaron en llegar: la Ley de Insalubridad de la Industria celulósica papelera en la provincia de Misiones, sancionada en 2008, que declara a la industria insalubre y que establece beneficios para los trabajadores que se desempeñen en las plantas de producción de la industria, como máximos en la jornada laboral y un plus salarial; el impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) que aplica Misiones a las exportaciones, la vigencia de la Ley de Tierras, que limita la compra de grandes extensiones de tierra por parte de extranjeros, la necesidad de prorrogar la Ley 25.080 de bosques cultivados que vence en 2019, y los altos costos logísticos.

El plan del Gobierno estima, para el año 2030, llegar a las dos millones de hectáreas implantadas, lograr un saldo comercial positivo para el sector maderero, crear 100 mil puestos de trabajo y mejorar la captura de dióxido de carbono para ayudar a que el país cumpla con los protocolos internacionales a los que la Argentina adhiere.

En cuanto a los costos logísticos, seria inminente la autorización para circular en ciertos trayectos con bitrenes -formaciones encabezadas por un camión y dos remolques que se articulan entre si a través de un enganche- de 22,40 m de largo, y luego se habilitarían algunos trayectos para los de 25,50 m primero y para los de 30 m mas adelante. Esto permitiría reducir el costo de traslado de la madera en un 25 o 30%, según el tipo de bitrén que se utilice.

Por otra parte, se está avanzando en dejar operativo el puerto de Posadas para mediados de 2018, y ya se licitó la construcción del puerto de Itá Ibaté, sobre el río Paraná, en la provincia de Corrientes. Además, se trabaja en la posibilidad de consolidar la carga que se transporte en contenedores en los establecimientos y en reducir el porcentaje de contenedores escaneados para bajar el costo de manipuleo en puertos.

Para mas adelante, se buscaría flexibilizar ciertas reglamentaciones que hoy traban el transporte de la madera a través de barcazas, por la Hidrovía, lo que implicaría una reducción de costos sustancial.

En cuanto al ferrocarril, se está analizando cambiar de trocha la línea Urquiza, en la actualidad ancha, para poder conectarlo con el ferrocarril brasileño, de trocha angosta, y la restauración de todo su recorrido.

Para dar impulso a las compras estatales, el gobierno construirá el 10% de las viviendas sociales financiadas a través de la Subsecretaria de la Vivienda y Desarrollo Urbano con madera, una técnica que permite un ahorro de alrededor del 20% en los costos de construcción, y de unos seis meses en el tiempo de ejecución de las obras, con menores costos financieros por proyecto. Además, al tratarse de un material renovable, reciclable y que captura dióxido de carbono, mitiga el calentamiento global, con menor demanda energética para su fabricación, y a su vez, debido a su capacidad aislante, bajo consumo energético, lo que implica ahorro para el habitante.

Esta iniciativa, según se señala en voz baja, fue resistida por la Cámara de la Construcción, ya que implica prearmar las casas en fábricas y aserraderos sin la intervención de materiales y procedimientos convencionales.

La transformación de energía

Uno de los avances en el uso de la madera y sus desperdicios es la transformación de la biomasa forestal en energía, para utilizar el material de poda y raleo de las explotaciones, y los desechos industriales. Ya se licitaron con la fase 1 de la ley de energía eléctrica a partir de recursos renovables (Renovar 1) 60 megas a partir de biomasa forestal, y en el Renovar 2 se habilitaron 100 megas.

En cuanto a la normativa, desde la Asociación Forestal Argentina (AFOA) solicitan la prórroga de la ley 25.080 de bosques cultivados, que vence en 2019. "Cuando se foresta, se apuesta a una actividad a muy largo plazo; por eso necesitamos previsibilidad para que se concrete el potencial de inversiones que tiene la Argentina", señala Osvaldo Vassallo, recientemente reelecto presidente de AFOA.

La Ley contempla aportes no reintegrables para el 80% de los costos de plantación y manejo para planas de hasta 300 hectáreas anuales. Desde AFOA solicitan que estos aportes se abonen con ajustes por inflación, y que se amplíe su presupuesto que hoy llega a los $ 100 millones.

Proyectos para el papel

Así como la demanda mundial de papel para impresión está en baja, la demanda de papel marrón, utilizado para producir cajas y bolsas de embalaje, y la de papeles de uso sanitario como el papel tissue, las servilletas, los rollos de papel, el papel higiénico y el papel fluff para pañales y toallas higiénicas acompañan el crecimiento poblacional. Y es allí donde la Argentina todavía tiene un déficit comercial.

No es casualidad que Arcor, que debe importar papel marrón, haya comprado este año Papel Misionero, que operaba el Grupo Zucamor, para incorporar la fabricación de papeles de fibra virgen, papel bolsero (Sack Kraft) y bolsas de papel para distintos segmentos industriales (cemento, harinas, azúcar, etcétera).

En este sentido, existe un proyecto de inversión de US$ 900 millones para la producción de papel marrón a través de una pastera en el norte de Corrientes, con capacidad para producir 500.000 toneladas de pasta de celulosa por año. Antes debe saltear la aprobación por parte de los organismos correntinos de agua y ambiente. Como hecho saliente, ya habría un acuerdo entre los inversores y los productores argentinos para el abastecimiento de la materia prima.