Pero ¿por qué nadie lo investigó cuando era uno de los ministros más poderosos del gobierno kirchnerista? ¿Por qué, si existen denuncias contra él desde hace más de diez años, presentadas por Elisa Carrió o por el abogado Ricardo Monner Sans? ¿Cristina Kirchner debe ser investigada por lavado de dinero en hoteles y edificios de su propiedad, por el manejo deshonesto de la obra pública, por el acuerdo con Irán o por el homicidio del fiscal Alberto Nisman? Desde ya que sí. Y ahora está siendo investigada por esos presuntos delitos entre varios más.

Sin embargo, cabe hacer la misma pregunta que se hizo sobre De Vido. ¿Por qué ahora y no antes, cuando controlaba el poder como no lo hizo ningún otro presidente desde 1983? Si la justicia lenta no es justicia, la injusticia es mayor cuando la indolencia beneficia a los exponentes más destacados del poder. Es difícil imaginar una democracia plena sin el correcto funcionamiento del Poder Judicial y, desde ya, sin su independencia del poder político. Las demoras constatadas en la justicia federal siembran la sospecha, además, de una sumisión de los jueces al poder de los políticos o, lo que es más grave aún, de prácticas corruptas por parte de los magistrados que deben, precisamente, investigar la corrupción.

Una rigurosa presentación realizada ayer ante el Consejo de la Magistratura por el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera; por el presidente de Será Justicia, Máximo Fonrouge, y por la presidenta de Usina de Justicia, Diana Cohen Agrest, inició el proceso de revisión pública de la acción de los jueces federales en los últimos años. En rigor, ellos denunciaron casos muy flagrantes de una evaluación que ordenó el propio Consejo y que muchos jueces eludieron contestar.

El informe presentado por esas tres organizaciones no responde aquellas preguntas sobre De Vido y Cristina Kirchner porque tuvieron el cuidado de dar cuenta sólo del número de los expedientes. Es decir, no precisaron los delitos ni las personas investigadas, aunque se sabe que la mayoría de los casos trata sobre expedientes referidos a hechos de corrupción de la administración anterior. Los jueces federales tienen competencia sobre la corrupción del gobierno federal, el narcotráfico y delitos relacionados con el medio ambiente. No hay muchos más temas de su competencia.

Tampoco la presentación analiza los fallos de los jueces, porque sus autores sostienen que los magistrados no deben ser juzgados por sus sentencias. Simplemente, pone la lupa sobre la fecha de inicio de un expediente, sobre el primer pedido del fiscal y sobre el tiempo que se tomó el juez para dictar la primera resolución. Es decir, sobre si hubo o no el famoso cajoneo de expedientes, que es una manera de llamar al premeditado retraso en la investigación de causas sensibles.

El informe pone especial énfasis en las demoras en dos juzgados federales, porque, al parecer, en esos lugares se pueden encontrar los mejores ejemplos de dilaciones inexplicables para el derecho.

Son los juzgados que están a cargo de los jueces Daniel Rafecas y Ariel Lijo. En la oficina de Rafecas se encontraron con causas iniciadas en 2002, 2007, 2010, 2013 y 2015, cada una con varias personas imputadas, que nunca fueron llamadas a declarar. Todos los expedientes siguen "en trámite"; es decir, en nada. En el juzgado de Lijo hay expedientes de 2006, 2007, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 que nunca avanzaron por la falta de impulso por parte del juez. También están "en trámite".

Rafecas es el juez que sepultó en pocos días la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner y su gobierno. La denuncia fue reabierta luego y la Cámara Federal ordenó el sorteo de un nuevo juez porque Rafecas ya había sido claro: nunca creyó en la denuncia del fiscal muerto. El juez Claudio Bonadio investiga ahora la denuncia de Nisman, a la que le dio un notable impulso.

Lijo es un juez muy cercano al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y esa relación lo convirtió en una especie de líder de varios jueces federales. El propio Lorenzetti ha hecho trascender su apoyo a Lijo cada vez que éste fue cuestionado. Nadie sabe por qué el presidente de la Corte no averiguó antes el desempeño de cada juzgado federal.

La investigación del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, de Será Justicia y de Usina de Justicia pondera que en el sistema jurídico argentino la falta de llamado a declaración indagatoria de los imputados frena todo el proceso posterior. La indagatoria es un derecho de la defensa y si ésta no está asegurada, el proceso se paraliza. Los jueces pueden, en síntesis, inmovilizar un expediente con sólo no hacer nada.

La presentación de ayer ante el Consejo de la Magistratura subraya la actitud aún peor de tres jueces: no quisieron contestar la evaluación ordenada por el propio Consejo, que, como señala el informe, es una institución de la Constitución. Son ellos los jueces Roberto Sebastián Ramos, Sebastián Casanello y Marcelo Martínez de Giorgi. El caso de Martínez de Giorgi es patético. Respondió la evaluación del juzgado que subroga interinamente, el que estaba a cargo de Norberto Oyarbide, pero no respondió sobre el suyo, del que es titular. Dicho con otras palabras, son jueces que ignoraron al órgano superior y disciplinario del Poder Judicial y la propia Constitución. Es cierto que la decisión de evaluar a los jueces cayó mal entre todos los magistrados, pero ninguno tenía derecho a ignorarla.

En el Consejo de la Magistratura se señaló que sólo tres jueces federales saldrán bien parados: Bonadio, Julián Ercolini y Sergio Torres. Los tres han sido (¿casualmente?) los que más avanzaron en las causas de corrupción y los que no aceptaron presiones en tiempos del kirchnerismo.

Un caso aparte es el del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, de quien se dice que tiene tarifadas sus resoluciones. La hija del gremialista Omar "Caballo" Suárez, preso por corrupción, denunció hace pocos días que Canicoba Corral le pidió 500.000 dólares para permitirle prisión domiciliaria a su padre. El caso de Canicoba Corral ya fue tratado varias veces por el ministro de Justicia, Germán Garavano, pero el juez se niega a renunciar. Los firmantes de la presentación de ayer anunciaron que el próximo paso de ellos será ponerse al frente de las denuncias sobre las presuntas prácticas deshonestas de Canicoba Corral.

Un caso aún inconcluso es el de Eduardo Freiler, el camarista federal que fue suspendido por el Consejo de la Magistratura por supuestos hechos de corrupción. Freiler tiene una fortuna que no puede explicar y está siendo juzgado por un jury del Consejo. La representación política tiene a un kirchnerista en el tribunal y a un abogado sin muchos principios.

Nadie confirma en el Gobierno, todavía al menos, que el despido de Freiler sea seguro. El camarista Freiler ha sido históricamente defendido por el kirchnerismo. Es probable que ahora redoble los esfuerzos para que Freiler siga siendo juez, después de que cayó la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, que preservaba el sector kirchnerista más robusto dentro del Estado.

La presencia de Diana Cohen Agrest en la presentación del Colegio de Abogados y de Será Justicia le agrega un dato novedoso a la investigación sobre los jueces federales. Cohen Agrest, filósofa y ensayista reconocida, es una expresión de las víctimas de una justicia injusta. Madre de un joven muerto por la delincuencia común en 2011, Ezequiel Agrest, dedicó su vida a investigar por qué la justicia argentina es como es. Su obsesión por explicar (y mejorar) la justicia argentina la llevó más allá del delito común y de la justicia ordinaria para abarcar en sus análisis a todo el Poder Judicial.

Los abogados del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y de Será Justicia salieron, además, del círculo necesariamente estrecho de los abogados comprometidos con su profesión para buscar a las víctimas de un país con una justicia deficiente. Diana Cohen Agrest es un componente inmejorable para denunciar los estragos cotidianos de la Justicia y su ausencia.