Que se vayan. Que los juzguen. Que los metan presos. Que devuelvan la plata. Y que no regresen más a la función pública, al sindicato o cualquier organización de la que puedan servirse para quedarse con dinero malhabido. Estos cinco reclamos son los que aparecen en las encuestas cualitativas de todas las consultoras que preguntan por los políticos en particular y por la clase dirigente en general. Los candidatos que sintonicen con esas demandas gozarán de la simpatía e incluso de los votos de la mayoría de los argentinos. El perfume de cambio de época ya fue percibido por el equipo de campaña de Cambiemos. Apareció con más fuerza durante la semana previa a las PASO. También fue captado por el presidente Mauricio Macri, quien empezó a incorporar a su discurso la palabra "mafia" y el concepto "comportamientos mafiosos".

Surgen unas cuantas preguntas inquietantes entre los denominados formadores de opinión. Una es: ¿se trata de un reclamo espontáneo de la sociedad o de una decisión política del propio Macri, de la gobernadora de la provincia María Eugenia Vidal y los fiscales y jueces nacionales y provinciales? Lo que le sucedió a Juan Pablo "Pata" Medina ¿le podría pasar, por ejemplo, a Hugo Moyano? El ex superministro Julio De Vido y el ex vicepresidente Amado Boudou ¿están de verdad a un paso de la cárcel o son nada más que las caras de un par de fotos escandalosas de campaña electoral?

La diputada nacional Elisa Carrió piensa que la Argentina empezará a transformarse en un país en serio cuando Cristina Fernández empiece a purgar su condena de manera efectiva. Sin embargo, ella no es juez, ni fiscal, ni camarista. Tampoco tiene tiempo ahora para revisar cada uno de los expedientes. Entonces ¿cómo lo sabe? En todo caso, lo percibe. Porque lo que hay, lo que se ve, hasta ahora, son escenas. Pequeños grandes detalles que generan nuevos hechos. Un ejemplo: ni Medina ni Jorge Castillo, "el rey de La Salada", estarían presos si María del Carmen Falbo hubiera seguido al frente de la Procuraduría de la provincia de Buenos Aires. Su reemplazo por Julio Conte-Grand, el 28 de diciembre de 2016, fue interpretado por todo el sistema judicial de la provincia como una señal para investigar delitos en los que antes ni se husmeaba.

Otro gran detalle: el dictamen del camarista Martín Irurzun en el que recomienda al juez Luis Rodríguez que agregue como causal, para decretar la eventual prisión preventiva de De Vido, la potencial capacidad del imputado para obstruir la investigación en el juicio por Río Turbio fue entendido por quienes firman los expedientes de la justicia federal como un gesto contra la impunidad de la última década. Es más: ya todos saben que el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los demás miembros del máximo tribunal están trabajando en público y en privado para tratar de mejorar la pésima imagen que tiene la Justicia.

Dos de los más veteranos jueces federales insisten en una idea que repiten desde hace por lo menos un año: dicen que así como los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández pasarán a la historia como los que más hicieron para impulsar los juicios para los delitos de lesa humanidad, esta administración podría ser recordada, entre otras cosas, por haber empujado, como nunca antes, las causas contra la corrupción de Estado.

A uno de ellos le pregunté esta semana si esa teoría no ponía en evidencia cierta connivencia o complicidad entre los jueces y los gobiernos de turno. Me explicó con tranquilidad y en detalle que en la Argentina no habría manera de probar ningún delito contra la administración pública sin la orden explícita del ministro de cada área para suministrar información a los fiscales y los magistrados. Y también me hizo entender que ningún ministro abre los expedientes requeridos por la Justicia sin consultar antes al presidente de la República. "¿Usted quiere decir que Macri está al tanto de cada causa que se mueve en Comodoro Py?", le pregunté. "De todas, no. De las más relevantes. Si no lo estuviera, sería un mal presidente. O un presidente sin información", me contestó.

En efecto, este jefe del Estado parece estar muy bien informado. De hecho, horas antes de las últimas elecciones de agosto, uno de sus hombres de confianza, hablando del resultado y de sus consecuencias políticas, aventuró: "Cristina está más cerca de ir a la cárcel en un futuro próximo que de ganar en la provincia y soñar con volver a la presidencia". Otra vez: ¿cómo lo sabe? Porque intuye que "el círculo rojo de Comodoro Py" ya leyó que "Macri va en serio". Y también leyó, sobre todo, que, si no sucede nada raro, Cambiemos obtendrá un rutilante triunfo el próximo domingo 22, que el actual presidente irá por la reelección y que Vidal y Rodríguez Larreta harán lo mismo. Es decir: el círculo rojo de la Justicia presume que este clima de época perdurará, por lo menos, durante media década, e incluso un poco más.

¿Esto significa que el sistema judicial se mueve al compás de los vientos políticos? Sí. Chocolate por la noticia. La Justicia, los mercados, la oposición, los medios, las empresas, los sindicatos y la mayoría de las organizaciones sociales se mueven al compás de los "vientos políticos" o de los "cambios de época". Lo que ningún funcionario judicial puede hacer es acusar o condenar sin pruebas. O de manera caprichosa. Ni a Cristina Fernández, ni a Boudou, ni a De Vido, ni a Ricardo Jaime, ni a José López. Pero sucede que la mayoría, incluida la ex presidenta, no sólo está comprometida en un sinnúmero de causas, sino que en varias de ellas aparece involucrada seriamente y con pruebas documentales muy contundentes. En las de Vialidad, Hotesur y Los Sauces, por ejemplo, ya está probado que ella es miembro o jefa de una asociación ilícita concebida para hacerse millonaria con plata del Estado.

"Creyeron que eran eternos y dejaron todos los dedos marcados", sintetizó de manera brutal uno de los hombres del Presidente con mejores vínculos en Comodoro Py. Es, entre otras cosas, un especialista en calcular fortunas malhabidas, sobre la base de los bienes y el dinero embargados en las distintas causas judiciales. Y conoce, a través de los expedientes, el patrimonio de los empresarios que, según él, funcionaron como testaferros de Néstor Kirchner hasta el día en que murió. El asesor presidencial calcula que la verdadera fortuna de la familia de Cristina se debería contar en cientos de millones de dólares. Para ser más concretos: sería mucho muy superior a los 250 millones de dólares que ya le detectaron, entre bienes muebles, inmuebles y cuentas, a Lázaro Báez.

Ahora mismo la atención de buena parte de la clase dirigente está puesta en determinar hasta dónde llegará Macri en su cruzada "antimafia". En confirmar si lo que está haciendo es ir "de a uno" para disciplinar al resto o dejar que la Justicia haga el trabajo para acusar y condenar a los 582 argentinos que, según el Presidente, están fuera de la ley y lo único que quieren es repartirse en pedazos la Argentina. La cifra es caprichosa, fue suministrada a varios periodistas por el propio jefe del Estado, pero sirve para entender lo que piensa en la intimidad. Y lo que piensa es: no son todos los sindicalistas, ni todos los empresarios, ni todos los jueces; sí son los muchos insaciables de siempre y tienen nombre y apellido. Parece que a Macri le gustaría verlos presos, o inhibidos, o pagando sus enormes deudas a la AFIP, y no reclamando su veredicto para apropiarse de nuevos negocios que necesitan del peaje del Estado.