Ocurrió después de que se conoció el resultado de las pruebas de ADN en los vehículos de la Gendarmería y de que un gendarme aceptó que había golpeado a la distancia a un manifestante con una piedra.

Tanto para el Gobierno como para la Gendarmería no sucedió nada que complique la situación de la fuerza de seguridad. Algunos mapuches y el cristinismo, a su vez, redoblaron la presión sobre el juez y la fiscal en una aceptación implícita de que la investigación judicial no se inclina hacia el lado que esos grupos políticos quisieran. Lo cierto es que todos aseguran no saber nada sobre lo que pasó con Maldonado y ese enigma es, muy por encima de las rencillas políticas, el problema más grave y siniestro que existe.

El propio presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estaban expectantes desde hacía varios días por los resultados de las pruebas de ADN en los vehículos de la Gendarmería. Siempre les pareció una demostración contundente para inclinar la investigación hacia un lado u otro; es decir, hacia la culpabilidad -o no- de la Gendarmería en la desaparición de Maldonado. Una alta fuente gubernamental conjeturó el viernes pasado que "todo comenzaría de cero" si esas pruebas hubieran dado resultados positivos. Pero ayer el juez federal de Esquel, Guido Otranto, informó que los resultados habían sido negativos. No encontraron rastros genéticos de Maldonado en ningún vehículo de la Gendarmería. El mismo viernes anterior se había establecido que no había huellas digitales de Maldonado en los autos y camionetas de la Gendarmería.

Bullrich pidió ayer que, luego de tales resultados, se modifique la carátula de la investigación, que hasta ahora es "desaparición forzada". Esa figura sólo es aplicable a la desaparición de una persona por algún organismo del Estado o por alguien con la complicidad del Estado. Vale la pena subrayar algunas conclusiones de esa prueba de ADN hecha por un organismo independiente de la Universidad de Buenos Aires. Los peritos encontraron rastros genéticos de Maldonado en varias de sus pertenencias (mochila, casa donde habitó), pero no en los vehículos de la Gendarmería. Para Bullrich, esos resultados apartan a la Gendarmería como fuerza de seguridad de la desaparición de Maldonado; esto es, eliminan la hipótesis de un acuerdo corporativo para hacer desaparecer a una persona.

Tal constatación no significa, de todos modos, que todos los miembros de la Gendarmería que actuaron en los incidentes del 1º de agosto estén libres de culpa y cargo. No existiría en ningún caso, según el análisis del Gobierno, un compromiso corporativo de la fuerza, que es otra cosa. Desde ya, los denunciantes y la oposición señalaron que los rastros de ADN fueron borrados antes de que los vehículos de la Gendarmería fueran entregados a la Justicia. Especialistas en genética acotaron que es muy difícil borrar totalmente esas huellas y que lo es más aún en el caso de la sangre.

Sin embargo, es fácilmente perceptible que la administración, incluida Bullrich, había comenzado a cambiar levemente de posición, sobre la responsabilidad personal de algún gendarme, a partir de que tomaron conocimiento de las declaraciones del gendarme Neri Armando Robledo. Éste aceptó en una declaración ante sus propios superiores en la fuerza que el día de los choques con los mapuches para desalojar la ruta 40 había golpeado con una piedra a un manifestante que nadaba en el río, a unos 30 metros de distancia. Según su relato, el agredido llegó a la otra orilla y lo insultó. Robledo fue interrogado hasta por un psicólogo para descubrir eventuales fisuras en su relato, pero las fisuras, aseguran fuentes de la Gendarmería, no sucedieron.

Ni Robledo ni nadie sabe si su contrincante del 1º de agosto era realmente Maldonado. Uno de los problemas que existen es que nadie sabe con exactitud cuánto mide Maldonado. Robledo señaló que a quien golpeó con una piedra era un hombre de una estatura elevada, casi de dos metros, dijo. La familia de Maldonado no les acercó a los investigadores todavía la estatura de aquél, a pesar de que le pidieron ese dato varias veces, según aseguraron fuentes judiciales y gubernamentales.

¿Por qué, entonces, demoraron tanto en enviar al juzgado de Esquel las confesiones de Robledo? La respuesta más frecuente en el Gobierno es que la primera etapa de la investigación se enfocó exclusivamente en si hubo una desaparición de Maldonado por parte de la Gendarmería. Las preguntas fueron sobre el uso de los autos y camionetas por parte de los gendarmes o sobre si existieron detenciones de personas. La posibilidad de que haya sucedido algo durante los forcejeos entre gendarmes y manifestantes surgió mucho después. Nadie descarta que el propio Robledo haya callado por temor a ser sindicado como autor de una eventual muerte de Maldonado en un contexto de mucha efervescencia política por el caso.

El Gobierno decidió enviar ese informe a la Justicia el lunes, cuando aún no se conocían los resultados de los ADN. "Había que darle un nuevo impulso a una investigación que estaba parada", dijo una fuente oficial. Es cierto que tanto el Presidente como Bullrich aguardaban los resultados de los eventuales rastros genéticos para el viernes pasado y que eso no sucedió hasta la mañana de ayer. "Es la primera vez que un gobierno y una fuerza de seguridad contribuyen con un informe propio a la investigación de una desaparición", dijo esa fuente. Es probable que en las próximas horas se conozca también un informe del gobierno de Chile, en el que se afirmaría que no se sepultó ningún cadáver en territorio de ese país, como se denunció aquí. Las declaraciones de la administración chilena llegarían oficialmente a través de la Cancillería. Ya se sabía, de todos modos, que los Carabineros chilenos están colaborando con las fuerzas de seguridad argentinas.

En ese contexto de novedades, el cristinismo pareció profundizar su hostigamiento al gobierno de Macri (y al propio Macri). Confirmó, así, que el caso Maldonado pasó a ser la principal bandera de su campaña electoral, luego de que el supuesto fracaso de la política económica fue desmentido por los números de la economía. El nuevo argumento del cristinismo (profusamente difundido por los medios de comunicación afines) es que el Gobierno quiere responsabilizar sólo a uno o dos gendarmes, si es que hay responsabilidad de gendarmes. La conclusión es obvia: la responsabilidad es del Gobierno y del propio Macri en la desaparición de Maldonado, según la especulación de los que siguen las órdenes de Cristina Kirchner. De hecho, ayer hubo manifestantes en el juzgado de Esquel que intentaron agredir al juez Otranto y a la fiscal Silvina Ávila. "Otranto, basura, vos sos la dictadura", le gritaron al juez. Es el santo y seña del cristinismo para insultar a un opositor. Lo inauguraron con Macri y lo continúan con cualquiera que contradice sus intereses. Poco antes, el juez había dado a conocer los resultados de las pruebas de ADN. Nadie sabe si se refieren a la dictadura militar de los años 70 o a una inverosímil dictadura actual. La contradicción sería patética si se tratara de lo que pasa ahora: si existiera una dictadura, ellos no podrían estar gritando que se trata de una dictadura.

El caso ha vuelto a polarizar la política y la opinión pública. Los que creen en el cristinismo acusan directamente al gobierno de Macri de la desaparición de Maldonado. Los opositores a cualquier variante del kirchnerismo, una mayoría social según todas las encuestas, exculpa al Gobierno de toda responsabilidad en el caso. Peor: una clara mayoría está convencida de que nunca se sabrá qué pasó con Santiago Maldonado. Esa resignación social es la más grave conclusión de una tragedia personal, familiar y política.