Esa definición grandilocuente parece estar apoyada en los movimientos de algunos casos sensibles al poder. En Tribunales saben contar los votos. Y no esperaron al escrutinio definitivo para convencerse de que el Gobierno consolidó en las PASO lo que puede ser un triunfo electoral a nivel nacional y que el kirchnerismo, más allá de que saca pecho en el Congreso con menos de lo que tiene, se redujo, a nivel territorial, a la provincia de Buenos Aires. No es poco, pero no alcanza.

Cuando habían pasado nueve días de las elecciones, la Corte -implícitamente- admitió la candidatura de Carlos Menem, aun cuando implicara desairar a los jueces de la Cámara Nacional Electoral. Los maltrató y les puso un límite.

Al calor de los votos, el oficialismo dio un zarpazo institucional: Ricardo Lorenzetti, tras conversar con el ministro de Justicia, Germán Garavano, demoró unas horas la jura de Mario Pais como miembro del Consejo de la Magistratura por el bloque peronista. El oficialismo aprovechó la oportunidad que le daba la ausencia de un consejero opositor y con una frágil mayoría especial transitoria suspendió al camarista Eduardo Freiler, a quien cuestionaba por sus bienes y su inclinación por defender a Cristina Kirchner. Y esta semana, el Gobierno logró la renuncia de otro juez, Oscar Hergott.

Tras el cierre de los comicios se sucedieron las decisiones sobre temas sensibles que ponen contra la pared al kirchnerismo en los tribunales. La campaña para convertir a Cristina Kirchner en senadora estará rodeada por su citación a indagatoria antes de los comicios, por el juez Claudio Bonadio, por encubrir a Irán en la causa AMIA. Bonadio debe decidir, además, sobre Héctor Timerman, Luis DElía y Fernando Esteche, entre otros. El fiscal no pidió sus capturas, aunque el juez podría disponerlas. Cristina Kirchner no corre riesgos, aunque el resto de los acusados está más expuesto.

El juez Julián Ercolini citó para el 9 de noviembre a Cristina Kirchner a indagatoria por lavado de dinero en el caso Hotesur, la causa en que se sospecha que recibió fondos de Lázaro Báez por el alquiler de habitaciones hoteleras nunca ocupadas, como retorno por beneficiarlo con la obra pública.

Sus fueros, que adquiriría tan sólo 13 días antes, cuando sea elegida senadora, la protegerán. Este mes, el juez Sebastián Casanello decidió, además, vincularla con la causa de La Rosadita y los US$ 186 millones en bienes que le encontró a Lázaro Báez.

La ex presidenta se verá inmersa, además, en la realidad envolvente de los juicios por corrupción contra dos de sus hombres: Amado Boudou y Julio De Vido. Los jueces del Tribunal Oral Federal N° 4, Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez, clásicos funcionarios judiciales que viven lejos de la rosca política, pusieron el 3 de octubre como fecha de inicio al juicio contra Boudou.

De Vido también fue citado a un juicio, que comenzará el 27 de septiembre, por la tragedia de Once. Otro caso que antes del 22 de octubre lo tendrá formalmente acusado de corrupción es aquel en que la empresa sueca Skanska confesó que pagó coimas a funcionarios del Ministerio de Planificación para la construcción de gasoductos. Su citación a indagatoria es inminente.

Pero la clave que abre la puerta a las detenciones en Comodoro Py es el caso del Yacimiento de Río Turbio. La Cámara Federal, con el voto clave del presidente Martín Irurzun, que habla el mismo idioma que Lorenzetti, endureció las condiciones para dejar en libertad a los funcionarios acusados de corrupción. Inauguró una jurisprudencia más restrictiva, a partir de la cual en estos casos complejos, con un daño considerable y la reiteración de los mismos acusados, hay particularidades que deben contemplarse.

Irurzun dijo que no sólo se debe analizar si hay arraigo para decidir si existe riesgo de fuga o de entorpecimiento. Se debe considerar el dinero que robaron y no apareció, su poder político para influir sobre el caso y los testigos, la cobertura política que tuvieron o tienen, las concretas posibilidades de fuga y la cantidad de expedientes abiertos.

La relación de los jueces con el Gobierno no es buena. Hay diálogo, conversan con el ministro Garavano, pero hay tensión. Garavano dijo que la Justicia, en general, tiene una buena nota, pero que los jueces federales en particular están todos reprobados.

"Esperamos la fecha del recuperatorio", bromeaban algunos magistrados, que se sienten fortalecidos, conscientes de su peso. Se reconocen como un poder autónomo. No hay más mensajeros únicos del Gobierno. Lo que no quiere decir que no existan operaciones: pero quedaron atrás los tiempos de la injerencia orgánica de la inteligencia sobre los jueces y sus casos.

Hoy, coinciden algunos jueces federales, la Justicia ingresó en "la era del fin de la impunidad". Aunque reconocen que para que se viva con plenitud deben, primero, dictar sentencias, que son las que faltan, y avanzar con las causas con los funcionarios aún en el poder.