Lo lograron la evidente desidia de la justicia de Chubut, que avanza con paso indolente para esclarecer una situación que ya se convirtió en una crisis política nacional. Y contribuyó la extrema politización del caso por parte del kirchnerismo, que hace de la desaparición de Maldonado un juicio político constante contra Mauricio Macri. Así, se fueron eliminando las reservas del Estado para mostrar conclusiones verosímiles, si es que hay conclusiones en algún momento. La desaparición de Maldonado también abrió aún más la grieta entre kirchneristas y antikirchneristas en tiempos en que todos los hechos públicos se leen en clave electoral.

Cristinistas y macristas cometieron errores en el manejo público del caso, espoleados por la desesperación electoral. Basta ver el manejo que el cristinismo hace de este caso (y, sobre todo, los medios que simpatizan con el cristinismo) para concluir que, como es habitual en esa franja política, sobreactuó. En lugar de exponer un mensaje que incluya a amplios sectores sociales, se limitaron a cargar de consignas a sus propios adeptos y, por lo tanto, a alejarse del resto de la sociedad.

El Gobierno, a su vez, se encerró en el silencio, como si huyera de una culpa que no tiene, durante cuatro días. La teoría de que los funcionarios no debían mezclarse con la disputa política por el caso Maldonado es, por lo menos, ingenua. La disputa ya existía, y el desaparecido, también. Y la primera responsabilidad es del Estado cuando sucede la desaparición de un ciudadano. Durante esos días de inexplicable sigilo oficialista, el cristinismo ocupó el espacio público, sacó provecho de la retirada del Gobierno y debilitó ante la opinión pública a una de las personas más importantes del gabinete de Macri: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Manejos y desmanejos terminaron en la peor de las situaciones: la desaparición de Maldonado es una obsesión para la militancia cristinista y una indiferencia para el antikirchnerismo. Esta apatía no puede (ni debe) explicar la afonía del Gobierno.

De hecho, ayer el Gobierno rectificó su silencio y salieron a hablar el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. El cristinismo llevaba ya una ventaja de varios metros en el liderazgo del discurso público. Es cierto, por lo demás, que en el interior del Gobierno se desplegaba una dura interna entre Bullrich y el ministro de Justicia, Germán Garavano. No estaban escondiendo un discurso determinado. No había discurso.

Garavano tomó nota la semana pasada de que cualquier instancia local estaba agotada, tendió un puente de diálogo con la familia de Maldonado y promovió que una comisión de las Naciones Unidas, integrada por figuras expertas e independientes, monitoreara la investigación de la desaparición de Maldonado. Bullrich no estaba de acuerdo. No faltan quienes exhiben buenos argumentos para oponerse a esa comisión: en la Argentina no hay un conflicto terminal entre el Gobierno y la oposición ni el diálogo está clausurado. No es, en fin, Venezuela. ¿Por qué, entonces, recurrir a la máxima instancia de las relaciones internacionales, como lo es la ONU?

Sin embargo, los argumentos de Garavano tampoco carecen de razón: sea cual fuere el final del caso, es mejor que esté avalado por una comisión de las Naciones Unidas. El riesgo que se corre, dice Garavano sin decirlo, es que nadie crea nunca en ninguna conclusión y que el Gobierno termine pagando un precio político que no le corresponde.

La propuesta de Garavano pareció retroceder definitivamente en la noche del viernes, porque gran parte del Gobierno estaba indignada por los disturbios que acababan de ocurrir a pocos metros de la Casa Rosada. Ayer, la iniciativa resucitó, aunque todavía falta que la convenzan a Bullrich. Pero la propuesta ya había conseguido la adhesión de Peña y de Frigerio. En el fondo, Bullrich cree que hay una operación de desestabilización cristinista de la Gendarmería por varias razones.

La Gendarmería es la fuerza de seguridad que le fue más leal a la ministra en el combate contra el narcotráfico y en la conservación del orden público. No hay, hasta ahora, ninguna prueba que coloque la culpa de la desaparición de Maldonado del lado de la Gendarmería. La ministra se negó incluso a suspender en sus funciones a los gendarmes que actuaron en los forcejeos del día en que desapareció Maldonado. ¿Por qué debía hacerlo?, se preguntó. ¿Por qué, si nada acusa a ningún gendarme presente o ausente en ese operativo? Lo cierto es que en un país con la historia de la Argentina, parece necesario que las fuerzas de seguridad tengan pruebas de que no son culpables, aunque se invierta la carga de la prueba. Deben demostrar que son inocentes y no sólo esperar que se demuestre su culpabilidad. No es lo mejor que le puede pasar a un país, pero una parte del Gobierno entiende que esa exigencia es lo que hay. Y no hay nada más.

El cristinismo intenta la desestabilización de la Gendarmería por varios motivos, aunque esa fuerza de seguridad fue también la única que sirvió en el gobierno de Cristina para disciplinar el espacio público (o para mostrar cierta noción de seguridad en el Gran Buenos Aires). No puede ser casual que el feroz ataque contra la Gendarmería, cuando aún no existe ninguna prueba contra ella, lo protagonice el cristinismo en momentos en que esa fuerza tiene en sus manos el peritaje final sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman. No faltaría mucho para que ese peritaje sea entregado al juez Julián Ercolini. Según los trascendidos, el informe de la Gendarmería señalaría que hubo otra persona en el departamento de Nisman en el momento de su muerte. Y que ésta sucedió muchas horas antes que la que estableció el peritaje oficial conocido hasta ahora. Los peritajes científicos de la Gendarmería nunca fueron puestos en duda, pero la ofensiva cristinista de ahora podría restarle autoridad moral para establecer las condiciones de una muerte política.

El cristinismo también impugnó a la Gendarmería como custodia de las elecciones de octubre y colocó un manto de sospecha sobre su actuación el 13 de agosto pasado. La magra cosecha de la ex presidenta en la provincia de Buenos Aires, donde supuestamente era imbatible, podría justificar el dislate que la llevó a pedir el cambio del software con el que se trabajó en los comicios de hace pocas semanas. Reclamó que fueran las Fuerzas Armadas la que se hicieran cargo de la custodia de las elecciones de octubre.

¿El cristinismo tiene algún problema con la memoria? ¿Se olvidó o hace como que se olvidó? El comando electoral, que actuó en agosto y actuará en octubre, está integrado por el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Prefectura y la Gendarmería. Es decir, las Fuerzas Armadas ya estuvieron, como estuvieron siempre, en la custodia de las elecciones y el escrutinio. El software fue sellado en un acto con los fiscales informáticos de todos los partidos (salvo los de Unidad Ciudadana, que no fueron) y entregados a la Cámara Nacional Electoral. Está en poder de la Justicia.

Uno de las primeros objetivos del populismo es provocar el enfrentamiento de la sociedad con las instituciones. Sean éstas la Justicia, el Parlamento, las religiones, la prensa o las fuerzas de seguridad. La radicalización de Cristina Kirchner ha banalizado una lamentable desaparición, porque la llevó de la tragedia política y personal hasta el uso y abuso del caso como bandera electoral. Y el Gobierno se ocupó tarde, demasiado tarde, de restablecer el perdido sentido de las proporciones.